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Los docentes de los niveles primario y medio junto a trabajadores de salud protagonizan una rebelión contra el gobierno ajustador y contra los sindicatos.
Ante la posibilidad de la vuelta a clases en agosto, los docentes reiniciaron sus protestas con marchas por plazas de ciudades y pueblos de la provincia. El reclamo fundamental es salarial, el básico es actualmente de $7.000, lo que representa 10% de la canasta familiar. Si a este paupérrimo básico se suman todos los adicionales, un maestro que recién se inicia percibe un salario de entre $13.000 y $15.000. Todo esto en el medio de una inflación incesante y que, en el NEA, es más alta que el promedio nacional.
La bronca y la movilización han enterrado la pretensión del gobierno de retornar a las aulas en el corto plazo, y el nuevo objetivo de retorno para septiembre no tendría mejor destino. A la negativa de los docentes se le suma la de los padres, quienes en un 70% se niegan a enviar a los chicos a las escuelas. Las experiencias de Jujuy y San Luis demuestran que el retorno a clases es una bomba de tiempo con mecha muy corta. Queda claro que el retorno adjudica al aula la función de guardería: todos a trabajar, no importa si en medio de una epidemia. Habría una marcha el 11 de septiembre a Posadas, mientras en los cortes se vota mantenerse en las rutas por tiempo indeterminado. Además, se suman trabajadores estatales, judiciales y tareferos (obreros rurales).
Como en el resto del país, el gobierno no usó la cuarentena para reforzar el sistema sanitario. Las camas agregadas a terapia intensiva y los respiradores no alcanzan a compensar el vaciamiento de la salud pública – el número de camas de terapia intensivas se mantuvo igual desde 1995 hasta marzo de 2020. Las primeras medidas se orientaron a reforzar la salud privada con créditos blandos.
La planta de trabajadores de la salud no fue aumentada y desde el inicio de la epidemia se denuncian faltantes de elementos muy básicos como la lavandina. La infección de un niño en el hospital pediátrico detonó una cadena de contagios de Covid-19 entre de los trabajadores del hospital por falta de elementos de protección. La denuncia de la falta de material y la negativa a trabajar en esas condiciones no produjo otra respuesta que la amenaza de despidos por parte del ministro de Salud Alarcón a quienes no se presenten a trabajar. Ante las amenazas, los trabajadores en mayores gastos para la compra de materiales protectivos y así poder conservar su trabajo sin arriesgar la vida. La denuncia de esta situación por parte un trabajador de un CAPS provocó un movimiento de autoconvocados que fue respondida con aprietes de punteros y policías. Los autoconvocados marchan y acampan en Posadas.
A todo esto, UPCN se limitó a presentar una nota; ATE está ausente o aparece en ATE Docentes para boicotear de diversos modos la movilización; el gremio mayoritario de docentes la UDPM (Celeste) se apresta a firmar una suma irrisoria de aumento que provocará el rechazo de la base; los gremios menores hicieron una contrapropuesta sin consultar a nadie e igualmente paupérrima. Todos se movilizan bajo la presión de las bases del gremio.
La tarea del momento es impulsar la autoconvocatoria en todos los gremios (que se desarrolla) y promover una asamblea única el día 11 de septiembre, al término de la marcha docente para organizar paros crecientes con inicio de 48 horas, movilizaciones y organizar las coordinadoras zonales y provinciales con los trabajadores que se movilizan al calor del desarrollo de esta pelea. Y que se vote un programa por un salario igual a la canasta familiar, todo en blanco, 82% de jubilación, el IPS bajo control de los afiliados y jubilados, fuera el estado del IPS, obras de infraestructura de para hospitales y escuelas, designación de docentes y personal de salud y material protectivo para los trabajadores de salud.
