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Hace días que Colombia vive un proceso de rebelión popular con manifestaciones en las principales ciudades. La población salió a repudiar el asesinato policial de un trabajador, Javier Ordoñez, el último miércoles. Durante dos días de las movilizaciones, la policía salió a disparar de manera fascista contra las masas populares, dejando más de una docena de muertos. La cacería dejó el saldo de 13 muertos y casi 200 detenidos. El antecedente de esto fue una manifestación el 21 de agosto en Bogotá contra las masacres y la violencia, reprimida por el tenebroso escuadrón ESMAD (https://politicaobrera.com/internacionales/2648-movilizacion-contra-el-paquetazo-de-duque), como las sucesivas masacres perpetradas por el ejército. Se trata de una guerra contra la clase obrera. Tras cuatro días de protestas, hoy habrá movilizaciones en diferentes puntos del país reclamando.
Masacres y rebelión popular
Javier Ordoñez fue asesinado por dos uniformados apostados en un CAI (Comando de Acción Inmediata de la policía) en Villa Luz, Bogotá. Mientras suplicaba por su vida -en escenas que recuerdan al asesinato de George Floyd que desató una rebelión antirracista en EEUU- le aplicaron 12 descargas Taser (cuando sólo 4 pueden ser mortales). Según las primeras investigaciones, también existen 9 fracturas de cráneo, probablemente ocasionadas durante el traslado policial.
La policía y la superintendencia salieron a culpar a la víctima y a armar el encubrimiento. Luego, desde el Ministerio de Seguridad, reconocieron “excesos” de “manzanas podridas”, pero nadie se hizo cargo de la orden de reprimir y asesinar a 13 personas, pasándose la pelota desde la presidencia hasta la alcaldía de Bogotá. El jefe de policía pidió “perdón” por el asesinato de Ordoñez pero no por la represión posterior. La policía está acusada de perpetrar decenas de asesinatos. Temblores, una ONG ha documentado, este año, 162 casos de abuso policial que han resultado en al menos 11 homicidios (un informe policial interno indicaría que la cifra en los últimos meses es de más de 400 abusos). Durante las protestas hubo más de 160 denuncias contra el accionar policial. Los manifestantes piden la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que calificó a las protestas de “vandalismo” y salió a defender el accionar policial.
A los 13 muertos hay que sumar más de 200 civiles heridos y el mismo número de policías. Sin embargo, los heridos de bala han sido todos del lado del pueblo. La alcaldesa progresista de Bogotá, Claudia López, tras contabilizar 68 heridos de bala, dijo que “¡Eso (no sucede) ni en un combate en las peores épocas del conflicto armado en Colombia!” (semana, 9/9).
El padre de uno de los asesinados dijo que un testigo vio como dos policías arrastraron a su hijo y le pegaron un tiro en la frente. “¿Porqué son tan cobardes la justicia, la Presidencia y la Alcaldesa?”, se preguntaba ante la falta de respuestas (Telesur, 11/9). Los asesinados fueron producto de las balas policiales, según indican los familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos. “Se están vulnerando todos los derechos humanos, el derecho a la vida y a la protesta, siempre hemos tenido abusos por parte de la policía y los militares”, dicen los manifestantes.
Los bancos amanecieron tapeados y una decena de CAI en toda la capital fueron incendiados. El 40% de los CAI (61 de 256) no funcionan (Caracol, 11/9). Hay cientos de videos en donde se ve que el ESMAD reprime a mansalva. Varios saqueos se registraron en supermercados y entidades financieras. 216 colectivos fueron destruidos, más de 60 incinerados. Bogotá no descarta el toque de queda y pidió que policías y ESMAD en otras localidades del país vayan a la capital. En Cundinamarca, provincia de la cuál Bogotá es capital, rige el toque de queda para los menores de edad.
Crisis política y de régimen
El expresidente Uribe salió a pedir el uso de las tanquetas militares contra la población, a pedir “perfilamientos” de los manifestantes y reclamó la expulsión de todos los venezolanos en Colombia. Uribe se encuentra detenido por haber falsificado declaraciones en un juicio, y es acusado por controlar un narco-Estado y ser el líder de la parapolítica.
Gustavo Petro, a quien Duque le robó la pasada elección, salió a pedir al Partido Verde que se movilice “a defender la democracia”, sin decir que detrás de la represión y la violencia policial también se encuentra la alcaldesa de Bogotá del Partido Verde, Claudia López. López citó a Duque para presentar las pruebas y reclamar una reforma de la policía, que le fue negada (eltiempo, 12/9). La alcaldesa afirmó que la policía ya no le responde. Desde el Partido Verde calificaron la acción policial como “insubordinación” y piden que Duque llame al orden al ejército y a la policía, y se pregunta si “hay una orden para asesinar ciudadanos” (semana, 11/9). López le pidió a Duque un “acto de reconciliación”. Quieren defender la institucionalidad por medio de aquellos que sistemáticamente la han violado.
Detrás de esto se teje un pacto entre López y Duque, y la defensa de la “ley y el orden”. El asesinato de Dylan Cruz por parte del ESMAD durante las protestas del año pasado sigue impune, la causa pasó a manos de la justicia militar. López aceptó todas las medidas de apertura del presidente, y utiliza regularmente las fuerzas represivas para dar cuenta de las protestas por el hambre durante la pandemia o contra la violencia.
Ninguno de los más de 100 reclamos de la Mesa del Paro fue atendido por Duque, mientras empresas como Avianca son rescatadas con sumas millonarias y el gobierno anuncia nuevos “paquetazos” antiobreros. La rebelión se enmarca en el proceso comenzado por las huelgas generales del año pasado y del momento más alto de la crisis sanitaria. La rebelión popular puso sobre la mesa la disolución del Estado y la crisis de régimen. Un nuevo paro general deberá unificar la lucha contra este régimen político y social podrido.
