Los poderes de emergencia frente al FMI y los trabajadores

Escribe Jorge Altamira

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El jueves pasado, el gobierno anunció la ‘re-postergación’ del pago de u$s 9 mil millones en Letras del Tesoro para final de agosto próximo. Macri los había incluido en su ‘reperfilamiento’ hasta fin de año, en septiembre pasado. Enseguida, la calificadora Ficht degradó a Argentina al status de “default restringido”, en tanto que Standard & Poor’s la mandó a “default selectivo”. El ‘default virtual’, como lo define AF, se acerca cada vez a la ‘realidad’. Mientras el Congreso discute un plan de rescate capitalista, al que califica de solidario, la cesación de pagos sigue creciendo en lugar de disminuir.

Para evitar una declaración default sin atenuantes, la ley de solidaridad autorizó a la administración a retirar u$s 4.500 millones del Banco Central para hacer frente al pago de los intereses de las deudas hasta esa fecha. Sin este asalto a las reservas, los acreedores podrían reclamar la cancelación inmediata de todos sus créditos, con independencia de la fecha de su vencimiento. Para evitarlo se pagan los intereses vencidos con deuda nueva, o sea que crece el endeudamiento nacional. Es cierto que la deuda del Tesoro con BCRA es un pagadios, con el argumento de que es un préstamo intra-familiar. Esto no impide, sin embargo, que se desfinancie aún más al desfinanciado Banco Central, que apila créditos incobrables contra el Tesoro por la friolera de u$s 70 mil millones. El Banco anotó el préstamo en sus libros con un descuento del 60%, de acuerdo a la cotización de la deuda en el mercado, con lo cual perdió en el acto tres mil millones de dólares. Este saqueo hace inevitable una política monetaria de altas tasas de interés e inviable una reactivación industrial.

Pocos saben que el flamante gobierno sigue honrando las Leliq que supieron condenar, pagando intereses del 63%, con un dólar comercial planchado. El nuevo directorio del Central quiere acabar con este sistema pagando todos los vencimientos, o sea llenando la plaza de dinero para los bancos, con la justificación de que ‘hay colchón’ para emitir. Esta es una idea peregrina de keynesianos mal informados, porque el crédito (eso es emisión) depende de la calidad de la deuda que genera. La emisión que cancela Leliqs irá a precios o al mercado de cambios; incluso la industria solamente quiere financiamiento para pagar lo que debe, no para iniciar ciclos nuevos. El gobierno nacional y popular está monetizando créditos de incierta cobrabilidad de los bancos, a tasas de interés enormes.

Esta nueva dilación forzada de una deuda ya ‘reperfilada’, acumula para Argentina, en agosto próximo, lo que el Financial Times califica una “pila masiva’ de deudas. La “consistencia macroeconómica” del plan de los Fernández, como se jacta Martín Guzmán, el jefe de Hacienda, es un espejismo. Marcelo Bonelli asegura, en Clarín del viernes 20, que el gobierno reclamará a los acreedores una dilación de cuatro años en el pago de capital e intereses, no de dos como plantearían los acreedores. El periodista no aclara que una extensión de plazos de pagos de esta magnitud, si fuera aceptada, plantearía la contrapartida de una supervisión de cuentas extraordinaria por parte del FMI. Buena parte de los acreedores rechazaría meter a los intereses en el paquete. En el cuadro general de una cesación de pagos de Argentina de estas dimensiones, la aprobación de la ley ‘solidaria’ no acerca un milímetro a la salida de la crisis.

El sacrificio que se exige a los jubilados y a los trabajadores con la suspensión del ajuste de salarios y jubilaciones por inflación, es simplemente un arrebato a la fuerza de trabajo, que usa el pretexto de la crisis para ser impuesta. El mismo cálculo harán, en función de sus intereses, los sojeros y el gran capital agrario o quienes son alcanzados por el impuesto a los bienes, por lo que se concluye que los Fernández y su coalición van de cabeza a una crisis política mayor de la que presumen. La liquidación del sistema jubilatorio está al servicio de la acumulación de capital (“bajar costos”), no de la salud presupuestaria, que se ha agravado precisamente como consecuencia del retiro de los aportes patronales.

La cuestión previsional

De acuerdo a los argumentos que se escuchan en el campo kirchnerista, las jubilaciones no pueden ser pagadas en función de los años trabajados y los aportes realizados, porque esto sería incompatible con el sistema de reparto. También este sistema ha perdido vigencia su carácter ‘solidario’, porque más de la mitad de la recaudación previsional viene de impuestos, no de aportes. Impasse total, callejón sin salida, todas las certezas se desvanecen en el aire. Los nac & pop no ven otra salida a este desbarranque que la creación de un sistema de pensiones encargado de paliar la pobreza. “Las conquistas sociales que Perón ha establecido”, según la marchita, el peronismo del siglo XXI no mosquea en echarlas por la borda. La ‘lucha contra el hambre’ - por la pobreza todo, fuera de la pobreza nada - se ha convertido así en la consigna de los hambreadores. Para la clase obrera (no para los ‘sectores medios’ con que se busca ocultar el carácter de clase de la crisis), este planteo es la condena a la miseria social.

¿Alguno se ha preguntado por qué el capitalismo manufacturero del siglo XX podía financiar las jubilaciones, y el digital del siglo XXI, no? La incapacidad del capital para pagar el salario diferido, como son las jubilaciones, o el salario directo, como es el que cubre salud, educación, vivienda, muestra que la cuestión previsional no es un asunto intergeneracional sino del régimen social decadente del capitalismo. El desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas no solamente permite el sustento de una población que finalizó su período de trabajo, sino una reducción del tiempo de trabajo de aquella que se encuentra en edad laboral. La extensión de la jornada de trabajo es, con relación a los trabajadores activos, lo que la caída de las jubilaciones es con los pasivos – una anomalía, que pone de manifiesto la caducidad del capitalismo como fenómeno histórico – o sea progresivo. Cuanto más crece la productividad, peor les va a los productores reales. Si el capital es incompatible con el sistema previsional, es necesario abolir al primero, no el segundo, separando al capital del sistema productivo y orientando este hacia la satisfacción del desarrollo social, no a la maximización de la ganancia en un mercado saturado, que contrasta con una población carente. El ataque contra el sistema previsional ha dado un salto cualitativo, pues reconoce la bancarrota de las llamadas ‘políticas públicas’, que pretendían redistribuir ingresos sin tocar al capital.

Reactivación, inflación

Lo que los Fernández presentan como novedoso frente a la emergencia, es un plato recalentado de administraciones anteriores. Desde un foro como Economía y Regiones, se equiparan las medidas actuales a las de De la Rua, que fue una sumatoria de impuestos y de reducción de jubilaciones, que acentuó la recesión y terminó con la insolvencia del sistema bancario y la declaración de default. En materia jubilatoria es peor que la del primer gobierno kirchnerista, que invirtió la pirámide de 20/80 para la mínima por la de 80/20, pero ahora con una mínima más deteriorada. Sigue a Macri en liberar la salida de utilidades y dividendos de las multinacionales, algo prohibido por el cepo de Kicillof. Pretende reproducir el espejismo de Alfonsín, cuyo ‘plan austral’ revirtió la inflación y dio la impresión de aumentar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones sin compensar las pérdidas de la inflación pasada; algo similar a la larga convertibilidad de Cavallo. Todos estos ‘planes’ fueron acompañados de una mayor endeudamiento y acabaron, todos, en el default.

Panorama general

Las disputas públicas en torno a las disposiciones del ‘plan solidario’, no deben velar la comprensión de su alcance de conjunto. No es para nada una ‘salida', y anuncia, por el contrario, una perspectiva de crisis política mayor, por la presión de los acreedores y el FMI, y también la crisis mundial, que se manifiesta en América Latina, en el momento actual, en una salida de capitales extranjeros. De otro lado, la ambigüedad que finge el gobierno acerca de salarios y jubilaciones se disipará en pocas semanas, cuando no se pueda disimular las pérdidas que representan para los trabajadores. En el plano internacional, AF necesita el apoyo de Trump frente al FMI, pero Trump le presentará para eso una gran factura: Bolivia, Venezuela, lo que pondrá en juego la consistencia política del gobierno.

El cruce de contradicciones que afecta al nuevo gobierno, colocará a Argentina en el epicentro de la crisis latinoamericana en su conjunto.

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