Pandemia en Chile: doble opresión y precarización laboral hacia las trabajadoras

Escribe Francisca Nuñez

Tiempo de lectura: 4 minutos

La llegada de la pandemia ha profundizado el cuadro de crisis económica y social ya existente en el país. Las consecuencias inmediatas producto de las medidas de confinamiento obligatorio, aun cuando estas han sido limitadas en varios sectores de la economía, han provocado desde marzo ciento de miles de despidos, recortes salariales y suspensiones de contratos. En definitiva, una mayor agudización de la precarización laboral, que ha golpeado con más fuerza a las mujeres trabajadoras.

Las mujeres trabajadoras que han mantenido sus puestos de trabajo exponiéndose día a día al contagio del coronavirus, que no casualmente pertenecemos a los ámbitos laborales más golpeados - comercio, servicios sociales, salud, trabajo doméstico, trabajo informal - y también las desocupadas, nos encontramos frente a un escenario dramático. Es que, históricamente, nosotras realizamos una doble jornada laboral: una fuera de la casa y para la gran mayoría en trabajos precarios y con bajos salarios, y otra jornada dentro de la casa a cargo de las tareas domésticas y de cuidados de otros familiares, principalmente niños y adultos mayores. Con la aplicación de cuarentenas, se ha obligados a miles de mujeres a realizar esta doble jornada dentro del hogar, pero en desigualdad de condiciones, ya que, con las escuelas y jardines infantiles cerrados, las mujeres hemos dedicado más de 9 horas semanales que los hombres a las tareas domésticas y de cuidados.

Pandemia y crisis económica

En este cuadro de crisis, queda en evidencia que el patrón más consecuente en defender y salvar las ganancias de las patronales ha sido el Estado. El gobierno de Piñera ha aplicado una batería de políticas para evitar que los patrones paguen los costos de la crisis, con una ley “de protección del empleo” que tiene más 700 mil trabajadores con sus contratos suspendidos y cobrando el 50% de sus salarios desde sus propios ahorros de cesantía, más de 40 mil han visto sus jornadas y salarios reducidos a la mitad, donde la gran mayoría de las afectadas son mujeres.

En los llamados sectores económicos “feminizados”, en el rubro de los servicios sociales y personales, entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 se ha visto una reducción de 292.805 empleos femeninos, equivalente a una caída de 20,1%. En el comercio se ha visto algo similar, con la destrucción de 248.762 empleos, lo que significa que casi un tercio de los trabajos desarrollados por mujeres en diciembre de 2019 ya no están disponibles.

Recientes datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) plantean que el 49% de las trabajadoras ha pedido su puesto de trabajo bajo la pandemia, y en la región metropolitana la mitad de las mujeres en “edad de trabajar” se encuentran inactivas y “no volverán al mercado laboral en mucho tiempo, producto de la destrucción de sus empleos”. (La Tercera 14/07).

Un desempleo femenino disparado, trabajos precarios para quienes se mantiene empleadas y salarios reducidos como regla no solo es un drama para las trabajadoras, sino en el contexto chileno, para toda la familia obrera: de 5,45 millones de hogares que existen en el país el 42% es sostenido económicamente por una mujer. En la gran mayoría de estos hogares es una mujer quien también cría a los hijos y cuida a otros familiares.

Luchemos por un programa para la mujer trabajadora

La crisis desatada por la pandemia ha profundizado la precaria estructura del mercado laboral, y esto lo saben los capitalistas y el gobierno de Piñera, por lo que se abierto un debate sobre la necesidad de que los subsidios al empleo que se han anunciado vayan enfocados a “estimular” la contratación femenina.

Otra de las preocupaciones de las patronales, es la crisis de cuidados que afecta principalmente a las mujeres y reclaman que la tramitación de iniciativas sobre empleabilidad debe apurar el tranco, como el proyecto de “sala cuna universal” que pretende financiar una sala cuna a cargo de un nuevo descuento al salario de toda la clase obrera, como el que se realiza para la pensión y para el seguro de cesantía, sin tocar la ganancia capitalista.

Como vemos, en un contexto de crisis económica que se ha visto incrementado por los efectos de la pandemia, las señales de la contradicción entre la viabilidad de la vida de este régimen social en descomposición y las posibilidades de que las condiciones de las familias obreras puedan mejorar de forma significativa, son cada vez más brutales. Somos las mujeres trabajadoras quienes hemos pagado las peores consecuencias de esta crisis, con una feroz carga tanto en las labores domésticas y la cesantía que arroja a miles de mujeres y a sus familias a su suerte. Es por esto que tanto los sindicatos como las asambleas populares deben deliberar una agenda propia que permita el desarrollo de un frente único de organizaciones obreras que reclamen un salario y un bono al desempleo por un monto igual a la canasta familiar, prohibición de los despidos. Los subsidios a la contratación que pretenden entregar de forma “universal” a todas las empresas, donde los grandes monopolios que han visto crecer sus ganancias en la pandemia buscaran captarlos para seguir parasitando a costa de los recursos estatales, es por esto que las trabajadoras y los trabajadores debemos deliberar sobre dónde y cómo el Estado debe usar estos recursos y defender un programa que priorice integralmente los intereses de los trabajadores.

En los sindicatos y las asambleas populares las mujeres también debemos debatir y deliberar sobre lo que significa la doble carga de las tareas domésticas y de cuidado. Se deben poner a disposición guarderías y jardines infantiles tanto en los lugares de trabajo como en los barrios financiados por los grandes capitales. Debemos organizarnos porque el derecho a la alimentación sea garantizado a todas las familias obreras y que sea el Estado quien financie comedores populares en las poblaciones bajo gestión de las y los vecinos organizados.

Las mujeres necesitamos organizarnos y fortalecer la independencia política clasista de nuestras organizaciones. Porque será de esa independencia política que podremos darle pelea a un Estado y un gobierno que defiende los intereses patronales por encima de la vida de las y los trabajadores.

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