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A diez meses de iniciado, el gobierno de Suárez enfrenta su segunda rebelión. La primera se desarrolló en diciembre contra la pretensión -sin grietas entre Cambia Mendoza y el PJ- de voltear a la ley 7.722, “la ley del pueblo” que impide la instalación de la megaminería contaminante. Recordemos que esa gesta puso en la calle a varias decenas de miles durante varias jornadas, de día y de noche, incluso enfrentando la represión policial, hasta sentar en sendas sesiones especiales a diputados y senadores, ya en época de receso, para que deroguen el engendro.
Ahora el manotazo viene contra el sistema educativo. Se trata de una ley provincial de educación que se pretende aprobar rápidamente, para lo que convocaron a un fantasmagórico congreso pedagógico, convenientemente con los docentes en sus casas y sobrecargados de tareas virtuales, y para lo que armaron en la Legislatura una bicameral de educación que sirva de vehículo legislativo para el nuevo engendro, bicameral creada con el voto afirmativo de todos los bloques, incluido el PTS-FIT.
El proyecto, como no podría ser de otra manera tratándose de una ley impulsada por los capitalistas, afirma el carácter del sistema educativo como formador de ciudadanos disciplinados a los valores constitucionales y a los símbolos patrios y vinculados al mundo del trabajo, y obviamente mantiene el negocio de la educación privada a la que garantiza manejo discrecional y financiamiento público suficiente, haciendo responsable junto al estado a “la familia” de la educación de la población. Lo novedoso es que introduce elementos que apuntan claramente a la privatización y mercantilización de lo que actualmente se encuentra bajo la órbita de la gestión estatal, como la habilitación a la “gestión municipal” de escuelas, que en el marco del colapso presupuestario de los municipios es la vía para la introducción del capital en su manejo directo. A esto se suma la descentralización operativa y la autonomía de gestión, así como la evaluación externa de todo el sistema y de la actividad docente por organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras (que nunca precisa quienes son) como principios muy destacados.
Entre las novedades aparece la creación de un “Sistema Educativo Digital” como “nueva arquitectura” del conocimiento, para lo que no se especifica cómo, ni en qué condiciones, ni bajo qué controles las empresas que manejan la tecnología digital proveerían lo necesario para el emprendimiento. Lo que sí está claro es que no hay ninguna garantía de que la conectividad y el equipamiento sean gratuitos para alumnos y docentes.
Por último, pero para nada lo menos importante, el texto puesto a tratamiento en la Legislatura apunta a la eliminación del derecho de estabilidad laboral en el nivel superior con la obligación de revalidar la titularidad con concursos cada siete años, ataca las libertades democráticas a la libre expresión de los docentes en las redes sociales, incluso impulsando la delación a quienes no hicieren un “uso adecuado”, o sea ciberpatrullaje liso y llano. Todos estos atropellos se terminan de plasmar en el último artículo (142) que dice que se deberá proponer la “adecuación del Estatuto del Docente al espíritu de la presente ley”.
Es de destacar el rol de vanguardia en el enfrentamiento a este proyecto de los docentes de educación artística, primeros en organizar una masiva campaña de difusión sobre el carácter nefasto de esta intentona del gobierno, y de señalar el ninguneo del proyecto a los contenidos artísticos como parte de los fines de la educación y la mención de las escuelas artísticas vocacionales como futuras dependientes de la gestión municipal. En pocas horas el rechazo abarcó a los docentes de todos los niveles y modalidades y se inundó las redes sociales. Todas las escuelas discutieron cómo enfrentar el proyecto y votaron delegados para participar en los plenarios departamentales del SUTE. En algunos lugares del interior provincial ya comenzaron los caravanazos y el sindicato prepara dos grandes caravanazos para el 29 y 30 que prometen ser multitudinarios.
En la provincia a la que algunos encuestadores atribuyen más “gorilismo”, y en la que las burocracias sindicales de todos los pelajes se justifican diciendo que “las bases no dan”, se está gestando una rebelión contra el gobierno gorila que tiende a abarcar a sectores más amplios de trabajadores, vinculados en su condición de padres de alumnos a la lucha educativa. El PJ, luego de la paliza recibida en la lucha contra la megaminería en diciembre, y a diez días de lanzado el proyecto, decidió tomar distancia.
Están dadas las condiciones para voltear este proyecto de ley y avanzar en la coordinación de las distintas luchas en curso, como la de los trabajadores de la salud por sus reivindicaciones apremiantes de condiciones laborales y salariales, el reclamo de pago del aguinaldo atrasado en el estado, y el derecho a la comida y la vivienda en los barrios. El gobierno puede ser derrotado por segunda vez en un año, los trabajadores pueden triunfar.
