Tiempo de lectura: 2 minutos
A semanas de conocerse el femicidio de Cesia Reynaga, la joven de 20 años de la ciudad puneña de Abra Pampa, continúa la consternación por su caso y por el entramado social y político que lo envuelve.
Tras una importante movilización y organización de familiares, amigas, vecinos y la juventud de la localidad; junto a organizaciones de mujeres que también realizaron marchas y manifestaciones en varias ciudades de la provincia, es que la justicia se vio obligada a iniciar un proceso en el cual ya se encuentran imputadas y detenidas tres personas.
El principal sospechoso como autor del femicidio se trata de un menor de 14 años, quien es inimputable hasta que cumpla la mayoría de edad. Éste fue detenido junto a su padre y su abuelo, quienes se encuentran imputados por complicidad y amenazar a terceras personas para no develar el crimen. Se trata de la familia directa de la concejal del municipio local del Frente de Todos Noelia Velásquez, a quien hoy toda la comunidad de Abra Pampa pide su renuncia indeclinable mediante nuevas movilizaciones en la ciudad.
La familia que hoy se encuentra en el banquillo de los acusados se trata de la dueña de un multimedio local e integra directivas de clubes y asociaciones sociales. Uno de los detenidos es un ex concejal peronista de la localidad. Se pone de manifiesto que el cuadro social que sustenta la violencia hacia la mujer se entrelaza aquí con la clase que domina la vida política, económica y social de Abra Pampa.
No se descarta aún que en el crimen de Cesia se encuentren vinculadas las redes de trata que operan en esta zona de frontera y explotan a un sin número de mujeres y niños en situaciones diversas de vulnerabilidad. En varios medios se expresan aún declaraciones de vecinos de la localidad que reconocen que el negociado de la explotación sexual es moneda corriente en la zona y se encuentra agravado sobre todo por la clandestinidad que genera la cuarentena.
Los negociados clandestinos en Abra Pampa no han cesado en todo este tiempo gracias a la complicidad del Estado y el poder político. Cabe recordar que en la misma ciudad de Abra Pampa fue que miembros de las fuerzas de seguridad se vieron involucrados en el tráfico ilegal de hojas de coca y quienes introdujeron el virus desatando un contagio masivo ocasionando un colapso sanitario histórico.
El caso de Cesia se enmarca en el ascenso objetivo de los femicidios en Jujuy y un sin fin de violencia hacia las mujeres, sobre lo cual el gobierno de Gerardo Morales y sus numerosas instituciones especializadas en género callan. Este cuadro de barbarie se ha agudizado por la pandemia que golpea sobre todo al conjunto de las clases trabajadoras y populares. Casi el 40 % de la población jujeña se encuentra sumergida en la pobreza buscando la manera de sobrevivir, y en la primera línea de esas filas se encuentran las mujeres, trabajadoras, madres de familias, jefas de hogares, precarizadas que abandonan sus estudios, desocupadas, organizadoras de merenderos y comedores que día a día luchan contra este sistema.
Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero jujeño, señalamos el entramado social capitalista que asoma con el crimen de Cesia y llamamos al movimiento al movimiento de mujeres y a la clase obrera a lucha por la remoción de todo este régimen social descompuesto. Bajo esta perspectiva seguiremos apoyando desde las calles al pueblo de Abra Pampa pidiendo justicia por Cesia, por el esclarecimiento inmediato de su crimen; y por el juicio y castigo a los responsables.
