Tiempo de lectura: 2 minutos
En la tarde de este miércoles, y mientras se reforzaba la vigilia y presencia de vecinos y organizaciones solidarias, los vecinos de Guernica recibieron la noticia de la nueva suspensión del desalojo por parte del juez Rizzo, hasta el 14 de octubre. El freno a la medida judicial tiene una clara razón: los desalojadores advirtieron que los ocupantes de Guernica estaban dispuestos a resistir, luego de rechazar todas las maniobras dirigidas a dividirlos o desalentarlos. Luego del episodio del domingo, donde los funcionarios de la provincia, con Larroque a la cabeza, quisieron instalarse dentro de la toma con la extorsión de entregar los alimentos, los vecinos estallaron en bronca. Tanto Larroque como el jefe de gabinete de la provincia, Carlos Blanco, apuntaron contra las organizaciones sociales por "violentas" y por no permitir que exista un "diálogo" entre funcionarios y vecinos. Pero son los mismos vecinos quienes rechazan la intromisión de los funcionarios dentro de la toma, porque saben muy bien que el objetivo es dividirlos.
La movilización a la gobernación de la provincia, el lunes, fue numerosa, contó con cuatro mil personas. Allí, se acercó un proyecto discutido por los delegados de la toma y algunas de las organizaciones sociales que apoyan la lucha. Reclaman al Estado que ceda las 28 hectáreas que comprenden los barrios 20 de Julio y San Martín, donde se podrían adjudicar 1.450 lotes, aproximadamente la mitad del predio ocupado actualmente. Hasta ahora, no se pudo comprobar la titularidad de esos terrenos. Pero este proyecto ni siquiera fue recibido por el gobernador. Por el contrario, al día siguiente, los funcionarios volvieron a arremeter contra los vecinos a través de un acta acuerdo, donde pretendían que los vecinos firmaran su propio desalojo, sin ningún tipo de garantía. Pretendían trasladar a los vecinos a paradores (donde solo podrían dormir) y a otorgar un subsidio (de cincuenta mil pesos) en el caso de que cuenten un terreno donde construir.
Queda claro que tanto el gobierno municipal como el provincial se colocan a la defensa de los intereses de los dueños de countries y los acaparadores inmobiliarios, dejando expuesta la crisis habitacional del país. En el supuesto caso de un desalojo, tanto la empresa de countries "El Bellaco", como el club San Cirano, pretenden instalar en este predio siete canchas de rugby y tres de hockey. Los vecinos, en cambio, plantean llevar adelante un plan de viviendas populares, con trabajadores bajo convenio y con la urbanización de todo un barrio.
La firmeza de los vecinos ha vuelto a ponerle un parate a los desalojadores. Hay que aprovechar esta victoria para reforzar la organización y conquistar el derecho a la tierra y la vivienda.
