Liberar a los prisioneros políticos del régimen piñerista

Escribe Luciano Newen

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La burguesía y el gobierno de Piñera es incapaz de responder a la catástrofe sanitaria, alimentaria y al desempleo que aqueja al país. Tampoco piensa ceder a las reivindicaciones que planteó la Rebelión Popular. Así, entre paquetes de ajustes contra los trabajadores y rescates multimillonarios a los capitalistas, Piñera reprime a quienes enfrentan la crisis capitalista con mecanismos propios de un régimen en decadencia, demostrando su incapacidad de sostener su régimen parasitario con sus propios métodos democráticos. Entonces, debe recurrir a la represión violenta de la policía, llenar las cárceles con opositores e implementar leyes que penalizan la movilización social, como la ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de Encapuchados y la detención por sospecha.

Así, uno de los reclamos más importantes que ha planteado la revolución chilena, que se iniciara el 18 de octubre, ha sido la exigencia por la libertad inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos. Lejos de escuchar los reclamos, la seguidilla de gobiernos -con todos los partidos políticos importantes de la oposición- no sólo han sostenido este régimen, sino que en el parlamento han apoyado las leyes represivas del gobierno contra el pueblo y los trabajadores.

Hoy por hoy, las cárceles chilenas están sobrepobladas de luchadores y, a la fecha, hay más de 2.500 presos políticos repartidos por todo el país. Negar la existencia de prisioneros políticos, tal y como hace la burocracia sindical, es negar la lucha de las comunidades indígenas y de la clase obrera contra la devastación y explotación capitalista en el Wallmapu, avalar la represión y el encarcelamiento masivo. La burocracia de los partidos de la izquierda tradicional y de las organizaciones sindicales, con su silencio, ha sido cómplice de toda esta represión; no ha sido capaz de llamar a una sola movilización para solidarizarse con los prisioneros, y mucho menos para luchar por su liberación.

En este respecto, es elemental la lucha por una Constituyente Libre y Soberana que delibere un programa de movilizaciones por la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos en las protestas de octubre. Por un juicio y cárcel a los responsables políticos y materiales de todos los crímenes y las graves lesiones oculares que el gobierno y las policías han cometido; por el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT; el restablecimiento de todas las libertades democráticas y fin al estado de excepción; fin a la ley anti encapuchados y a las detenciones por sospecha; no más compra de armamento para reprimir al pueblo. El Estado y el gobierno de los empresarios son los responsable de los cientos de mutilaciones, torturas, violaciones y de decenas de muertes tanto de la juventud revolucionaria como de los comuneros mapuche.

La solidaridad de la clase obrera y el pueblo con los prisioneros políticos es elemental. Nada podemos esperar de los tribunales pinochetistas; su libertad se conquistará mediante una Huelga General, es decir, a través de la irrupción masiva de los trabajadores en las calles -y paralizando la producción en puertos, minas y fábricas. Este 5 de octubre comenzamos ese camino en calles, parques y plazas. Más que nunca:

¡Huelga general!; ¡Fuera Piñera!; ¡Asamblea Constituyente Libre, Soberana y con poder!; ¡Por un Gobierno de los Trabajadores!

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