UNSa: Un recorte presupuestario que profundiza la privatización sobre la educación

El nuevo proyecto de presupuesto nacional recorta la partida destinada a la universidad de Salta (Unas) en unos 212 millones de pesos. Ello pone en peligro no solo las sedes regionales como Cafayate, y las nuevas tecnicaturas planificadas para el 2021 en San Antonio de los Cobre y Joaquín V. Gonzáles, sino el “frágil” esquema en conjunto sobre el que se monta el funcionamiento de la UNSa.

Lo que los medios y el rector Claros omiten, es que el presupuesto universitario anterior ya era precario y devaluado: se viene funcionando con montos votados en el 2019. La política de “el problema es administrar”, que llevó a una enorme adaptación por parte de las autoridades al gobierno nacional, y que desarrolló una cooptación de las camarillas y de centros de estudiantes, se quiebra. Ahora no se trata de administrar con plata que vale menos, sino con plata con la que se contaba y ahora no está. ¿De dónde van a salir los recursos?

Este es el otro eje del problema. Hace mucho tiempo que las universidades fueron perdiendo su autonomía, porque ante la falta de presupuesto se recurrió a ingresos paralelos al Estado. Por un lado, las famosas acreditaciones de la CONEAU, donde no solo se perdió la facultad de que los estudiantes y docentes discutan un plan de estudio, sino que además implicaron recortes dentro de las mismas carreras: de contenido, viajes, o cátedras, a cambio de fondos que, en muchos casos, nunca llegaron. Por el otro, los convenios de la Universidad con empresas privadas, que colocan al servicio del capital el conocimiento y la ciencia, y no así del conjunto de la sociedad. Los “ahorros” que se generaron a partir de la precarización docente se colocaron en los bancos para la especulación.

Los principales responsables de esta situación son los gobiernos nacionales. Desde Menem y su L. E.S privatista que sigue vigente, se ha intentado avanzar contra la educación al mejor estilo chileno, lo que siempre encontró frenos ante un movimiento estudiantil y docente dispuesto a defender la educación pública. Sin embargo, los gobiernos han metido por la ventana la “privatización” a través de congelamientos presupuestarios y condicionamientos para que ingrese dinero. La adaptación fenomenal de los Centros de estudiantes a las autoridades y a los gobiernos desarmó al movimiento estudiantil en los últimos 10 años. Hoy funcionan más como secretarias de la Facultad que brindan mate y fotocopias, en vez de poner en discusión los grandes problemas de las carreras.

Ahora el gobierno usa la pandemia como excusa para validar lo que ya venía haciendo. Pero en el cuadro más general de crisis social, económica y política esto solo es una escala del camino que conduce a la privatización educativa. una educación privada en los hechos.

Mientras Claros hace “lobby” en el Congreso Nacional, los docentes ya han comenzado un plan de lucha por la reapertura de las paritarias, que no están contempladas en este recorte presupuestario. Ante la “incapacidad” de las autoridades de garantizar la educación, y de los centros de defenderla, el movimiento estudiantil tiene como desafío superar sus viejas direcciones. La virtualidad implicó la expulsión masiva de estudiantes, que se intentó tapar con que “el año que viene volvemos”. Pero sin presupuesto, el año que viene no está garantizado, ¡con o sin pandemia! ¡Convoquemos asambleas en las sedes regionales y en todas las carreras! ¡Vamos por todas nuestras reivindicaciones! ¡Defendamos la educación pública!