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Durante toda la semana pasada, decenas de miles de mujeres jujeñas coparon las calles de casi todas las ciudades de la provincia y no es para menos. Jujuy sufrió 3 femicidios sólo en la última semana y 11 en lo que va del año. Además, se investiga la muerte de una mujer más. Las familias de Iara y Gabriela, las jóvenes encontradas asesinadas en Palpalá, ratificaron que mantendrán sus movilizaciones por justicia todos los martes.
Lastre, crisis y cooptación
Ante semejante rebelión, el gobernador Morales ha decidido maniobrar para intentar detener la movilización callejera. Decretó la creación de un programa de atención integral y una ayuda económica por única vez de $20.000 para los familiares de las víctimas; constituirá al Estado Provincial como querellante en las causas de femicidios para solicitar las máximas penas y desligar sus responsabilidades; y establecerá la prohibición a la facultad del Gobierno parta indultar a los femicidas prohibiéndoles todo tipo de beneficios como salidas transitorias y libertad condicional durante su condena. Morales intenta montarse en el sentido reclamo de las mujeres jujeñas para reforzar el carácter represivo del Estado jujeño. A la par, abrió la legislatura jujeña para tratar la creación de un comité interinstitucional de búsqueda de mujeres, niñas y personas de la comunidad LGTT desaparecidas. Sin embargo, este proyecto fue denunciado como estéril hasta por el ala del PJ aliada al gobierno y solo fue aprobada por el voto solitario de la mayoría automática oficialista. Previendo este desenlace, el radicalismo promovió de entrada que en la misma sesión que se incluya el tratamiento de un texto de consenso de ley de emergencia en violencia de género provincial, en tanto había varios proyectos presentados. El conjunto de los bloques, salvo la bancada del PO, saludó esta iniciativa.
El bloque del PTS colaboró con esta maniobra solicitando que el proyecto de emergencia cuente con la participación vinculante del conjunto de las organizaciones feministas, sin denunciar la maniobra gubernamental contra las movilizaciones en curso. Al PTS no le importó que la inmensa mayoría de esas organizaciones, se encolumnan políticamente con el Frente de Todos y que han estado ausentes de las calles los últimos meses. Por el contrario, nuestro compañero Iñaki Aldasoro, denunció desde su banca a los planteos legislativos gubernamentales, como arietes contra las enormes movilizaciones en curso y llamó a profundizarlas para que las mujeres puedan arrancar todas sus reivindicaciones. El oficialismo tomó agradecido la propuesta del PTS, al igual que la masa de las organizaciones feministas, que sin tenerlo se arrogan un mandato de las miles de mujeres movilizadas.
Defendamos el movimiento de la mujer jujeño
Así como ya ha fracaso el Consejo de la Mujer, los juzgados de género, o la capacitación policial bajo la ley Micaela, es decir el conjunto de la política de “género” del gobierno, también fracasará esta emergencia, ya que será gestionada por un Estado totalmente fuera de control de las miles que hoy reclaman contra él y que está regido por la defensa de la explotación social, base sobre la que se funda y entrelaza la actual violencia hacia la mujer. Esto no cambia si esta ley llega a contar con el “consenso” de la gran masa de las organizaciones de mujeres y el feminismo jujeño, desde la JP Feminista hasta Pan y Rosa (PTS) e Isadora (IS), al incluir eventualmente su pedido de creación de un “organismo de fiscalización” bajo control de estas organizaciones, porque un control sobre esta maquinaria estatal hostil, en vez de desmantelarla, solo servirá para la cooptación y la desmoralización de las luchadoras honestas.
Sin embargo, esta maniobra estatal, está lejos de poder disciplinar fácilmente el enorme movimiento de mujeres que se está desarrollando en Jujuy. Es que miles de las que participan se autoconvocan y están armando sus propios grupos de WhatsApp, por localidad y barrios, o lugares de estudio, y no son parte de las organizaciones ya constituidas. En algunos casos como en Yuto se está discutiendo la realización de una gran asamblea local para establecer una dirección electa y revocable, sobre la base del mandato de las bases y evitar cualquier tipo de tutela de organizaciones preexistentes. En contraposición a las intentonas gubernamentales, desde el Plenario de Mujeres Trabajadoras y el PO jujeño llamamos a defender el movimiento en curso, profundizarlo y contribuir a que la enorme masa de mujeres jujeñas ponga de pie sus propias organizaciones y con ellas disputen los recursos del Estado, los pongan bajo su dirección y desmantelen toda traba estatal contra sus reclamos. La defensa de la vida y el fin de la violencia sobre la mujer será producto de la lucha de las mujeres mismas y poniendo fin al actual régimen político y social garante de su opresión, no a través de su sostenimiento e integración.
