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La coalición de los Fernández ha sufrido su primera grieta política, y nada menos que en torno de la “seguridad”.
Sergio Berni terminó afuera del gabinete de Alberto Fernández, pero Kicillof lo puso al frente de la cartera de Seguridad en Buenos Aires. AF optó por una académica –Sabrina Frederic- la cual había sido asesora de Nilda Garré en el ministerio de Defensa del gobierno de CFK.
Berni alimentó enseguida la polémica cuando declaró a CFK como “su jefa política”, agregando que el gobierno nacional “no tenía un jefe claro”. Los que esperaban que el choque entre la Cámpora y el albertismo colocara a los primeros a la izquierda de los segundos, se han llevado una sorpresa.
La historia política de Berni está completamente entrelazada con el espionaje del kirchnerismo, desde los años de Santa Cruz, cuando infiltró una huelga minera en Río Turbio, en calidad de médico, bajo pretexto de asistir sanitariamente a los trabajadores. Cuando los mineros detectaron que fisgoneaba para el gobierno, lo expulsaron de la mina. Como secretario de Seguridad nacional, se destacó luego por las operaciones de represión y provocación contra manifestantes obreros. Ahora, Berni arranca defendiendo el uso de las pistolas Taser, que aplican descargas eléctricas a sus víctimas. Como Frederic denunció su utilización como violatoria de derechos humanos, Berni espetó que “nunca estuvo con una pistola en la avenida 9 de Julio”. Al igual que Patricia Bullrich, Berni no las imagina para controlar un tumulto en un ‘shopping’. Como los carabineros trasandinos, Berni sostuvo también que es necesario reunir fuerzas masivas para disuadir manifestaciones.
Aunque Frederic, como Garré y Verbitsky, adhiere a la llamada “seguridad democrática”, esta corriente derechohumanista impulsó el “Proyecto X” de la Gendarmería, una amplia plataforma de espionaje sobre organizaciones sociales y del sindicalismo combativo, bajo el segundo mandato de CFK.
Significado
Este choque precoz en torno de la seguridad se introduce en los problemas centrales de la actual transición y de la ola de rebeliones que recorre el mundo. En definitiva, la “seguridad del Estado” debate su política ante el escenario futuro de una rebelión popular. En cuestión de días, el nuevo gobierno fue espectador de una rebelión multitudinaria en Mendoza, y por supuesto en Chile.
En un plano más general, las Fuerzas Armadas han debido preocuparse por algo más que el narcotráfico – por ejemplo, en el desenlace de la crisis que destituyó a Roussef en Brasil y disolvió el parlamento en Perú; más abiertamente, movilizaron las tropas para dar un golpe de Estado en Bolivia, bajo la presión de Bolsonaro y la camarilla militar que ha copado su gabinete. El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior se cruza cada vez más con el golpismo, como vía de salida a crisis políticas crecientes a la escala de todo el continente. El kirchnerismo enfrenta estas presiones políticas como en el pasado: ha reinstalado a Berni, y busca la rehabilitación política del represor Milani.
La “seguridad del Estado”, democrática, claro, ha encendido la primera chispa del bicefalismo oficial.
Invitamos a los luchadores a debatir este aspecto crucial de la crisis política temprana que ha asomado.
