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Las elecciones municipales brasileñas se desarrollan en un contexto internacional dominado por las elecciones estadounidenses, y por la posibilidad de una probable derrota en ellas de la principal base política de apoyo al gobierno de Bolsonaro, Donald Trump, y también de una posible crisis institucional en EEUU, de alcance mundial, determinada por esa probabilidad. En Brasil, como ya hemos señalado, la idea original de transformar el pleito municipal en elecciones plebiscitarias del gobierno fascistoide de Bolsonaro fracasó, ya que el capitán retirado y su clan carecen de aparato político propio, e intervienen en ellas a través de alianzas disparatadas con los más diversas formaciones políticas, lo que relativiza, y mucho, el reciente ascenso de Bolsonaro en las encuestas de popularidad. Porque, a pesar de sus recientes avances en este campo, el rechazo a Bolsonaro sigue siendo alto en varias capitales. Según Ibope, en São Paulo, la ciudad más grande del país, la gestión de Bolsonaro es considerada “mala o pésima” en un 48%, mientras que solo un 27% la considera “excelente o buena”. En Salvador, el índice de malo y pésimo alcanza el 62%. En Porto Alegre, el 50% de los electores rechaza al gobierno. En Florianópolis, 47%; y, en Recife, el 43%. Pero hay capitales donde la aprobación de Bolsonaro es alta. En Curitiba, el 40% de los electores considera que el gobierno es excelente o bueno. En Goiânia, el 44% califica positivamente a Bolsonaro. En João Pessoa, 43%. En Maceió, el gobierno de Bolsonaro también ha tenido un expresivo resultado positivo.
En las ciudades donde Bolsonaro es mayoritariamente rechazado, hay espacio para la victoria de candidaturas que se colocan como oposición al gobierno. Muchos candidatos del Centrão, DEM, PSDB y MDB realizan una campaña electoral basada en discursos de apoyo a Bolsonaro. El centroizquierda, organizado en torno a Ciro Gomes, lidera en Recife, con João Campos, y en Macapá, con Capi, ambos del PSB. La derecha tradicional capitaneada por el DEM, PSDB y MDB, partidos que concentran la representación tradicional de la burguesía y se articuladan en torno a Rodrigo Maia en el Congreso Nacional, lidera en al menos siete capitales. El DEM está al frente con Gean Loreiro en Florianópolis (44%); Rafael Greca, también intendente (47%) en Curitiba; Bruno Reis en Salvador (43%), con el apoyo del actual intendente ACM Neto, y Eduardo Paes, ex intendente de Río de Janeiro (27%). En Belo Horizonte, el actual intendente Kalil, del PSD de Kassab, lidera con un 58%. Los bolsonaristas declarados, a su vez, lideran en tres capitales: en São Paulo, con Russomano (republicanos); en Fortaleza, con el Capitán Wagner (PROS); y con Eduardo Braide (Podemos) en San Luis de Maranhão. En el estado de Río de Janeiro, el gobernador fue destituido y el intendente concurre a las elecciones bajo juzgamiento.
La “izquierda” lidera en tres capitales: en Belém, con Edmilson Rodrigues (PSOL); en Porto Alegre, con Manuela D’Ávila (PCdoB); y en Vitória, con João Coser (PT); está en segundo o tercer lugar en dos capitales, en Fortaleza, con Luizianne Lins, y en Recife, con Marília Arraes, ambas del PT. En São Paulo, el centro económico y político del país, se destaca la dinámica de la campaña de Guilherme Boulos (PSOL), que pretende disputar, dudosamente, la llegada a la segunda vuelta. El reatrato de la disputa sugiere una tendencia a la victoria de la derecha tradicional y del Centrão. La izquierda y el bolsonarismo, sin embargo, disputan ciudades claves.
¿De qué “izquierda” estamos hablando? Es costumbre incluir bajo esta denominación al PCdoB, que compite aliado en varias ciudades con la extrema derecha, invocando incluso la “voluntad divina” (!). No se trata de ninguna inconsecuencia. El PCdoB, en el gobierno de Maranhão, inició la privatización de la Companhia Maranhense de Gás (Gasmar), y defendió, en la Cámara de Diputados, la entrega de la base militar de Alcântara a los Estados Unidos. El PT, a su vez, ha establecido al menos 6 coaliciones en ciudades importantes con el PSL, el ex vehículo presidencial de Bolsonaro. El PT, en el gobierno de los estados de Bahía, Ceará, Rio Grande do Norte y Piauí, siguió el mismo camino de aplicar las contrarreformas impulsadas por el gobierno nacional y sus aliados parlamentarios, utilizando a la policía para reprimir a los servidores públicos que se manifestaron en oposición a ellos. Los mismos partidos que defendieron el ataque a la jubilación de los servidores públicos, perdonaron la deuda de las iglesias evangélicas con el Estado, superior a 1 mil millones de reales, incluso con votos de izquierda.
¿Y qué decir del PSOL, que utiliza la cobertura de las candidaturas “progresistas” (puesto que no pasa de eso, la misma noción de “clase” está excluida de su campaña electoral) de Boulos y Erundina, en la capital paulista, para encubrir sus conchabos electorales de la peor especie? Para comenzar, en la vecina Río de Janeiro, donde la candidatura a intendente de una compañera de Marielle Franco encubre la candidatura a vice-intendente de un ex comandante de la misma Policía Militar responsable de su asesinato. Aquí nuevamente, no se trata de un conejo sacado de la galera, sino de una trayectoria consecuente. En 2018, un grupo de 200 policías ingresó al PSOL, que fue celebrado por su líder parlamentario (el eterno candidato mayoritario) Marcelo Freixo, incluyendo a Ibis Pereira (el actual candidato a vice-intendente de Rio de Janeiro), Orlando Zaccone (candidato a diputado por el PSOL) y otros. En esa ocasión, Freixo repitió un mantra del PSOL: “Los policías en RJ son los que más mueren y los que más matan”, ignorando las diferencias entre la violencia sufrida por unos y otros, ocultando la proporción de 38a 1 en las muertes de civiles y de Policías Militares en el estado.
En 2019, Marcelo Freixo presentó un proyecto para “mejorar y garantizar la salud y seguridad de los policías” (pero no la de sus víctimas inocentes, que son mucho más numerosas y amenazadas). En 2010, Freixo presidió la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de las milicias, y declaró que las UPP (unidades policiales de "pacificación" en las favelas) estaban resultando efectivas, simplemente no habían llegado a las milicias "todavía". Bien, no pasó mucho tiempo antes de que las milicias llegaran a las UPP y mataran a Marielle Franco, Anderson Dias y al albañil Amarildo Dias de Souza. En 2017, 5.225 personas murieron a manos de la policía en Brasil; en 2018, 5.762; en 2019, 6,105. Y en 2020, solo en RJ, en los primeros 5 meses, 741 personas fueron asesinadas por la policía, una tasa de casi cinco por día: es la tasa más alta en 22 años (estos son datos oficiales, la realidad es peor). Para completar el panorama, el candidato a concejal del PSOL en Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense, Wesley Teixeira, aceptó un aporte (sustancial) de campaña del ex presidente del Banco Central, Armínio Fraga, y del banquero João Moreira Salles, afiliado el directorio de Itaú-Unibanco, el mayor banco privado del país. Cartón lleno. No es de extrañar que, en materia de fracasos políticos recientes , “el Frente Amplio” anti-Bolsonaro (o anti-fascismo) luche ferozmente por el primer lugar en el podio con la propuesta del “Frente de Izquierda”: los miembros potenciales, a los cuales las propuestas del “Frente (s)” estaban dirigidas, se encontraban en negociaciones político/financieras con partidarios de Bolsonaro o con importantes exponentes de la derecha, contra los cuales supuestamente las propuestas frentistas estaban concebidas. Del PT, de los 994 candidatos a intendentes, 93 formaron coaliciones con el PSL; en algunas ciudades, ambos se unieron para apoyar a un candidato de otro partido, como el MDB, con el que el PT formó centenares de alianzas políticas. En el PCdoB, de sus 321 candidatos a intendentes, 39 cuenta con el apoyo del PSL.
¿Queda algo a la izquierda en este panorama vergonzoso? El MRT (teleguiado por el PTS argentino) renunció a su única candidatura a concejal en Santo André (por el PSOL) en protesta contra la alianza de "su partido" (aunque esté fuera de él) con la evangélica Rede-Sustentabilidade, lo que no le impide continuar bajo la sombra que brinda el paraguas protector de la candidatura del coronel retirado de la Policía Militar en Río de Janeiro. El PCO lanzó algunas candidaturas en ciudades donde, es sabido, no existe, lo que lo caracteriza (o lo re-caracteriza) como una “sigla de alquiler” de “izquierda”, usada, y luego descartado, en pro de emprendimientos políticos más realistas o rentables por sus variables y variados candidatos. El PSTU lleva a cabo una campaña que, dentro de este escenario desolador, puede considerarse significativa, aunque menos centrada en el carácter de clase de sus candidatos (y programa) que en su condición de miembros de minorías oprimidas (una concesión de no poca monta), por no hablar de algunas desistencias aparentemente incomprensibles (Fortaleza), que sólo se pueden entender como un apoyo "debajo de la mesa" a las "candidaturas populares" del PSOL.
Las elecciones se desarrollan en el contexto de una catástrofe social creciente, sin las debidas consecuencias políticas de ese hecho. La cifra oficial de desempleados acaba de superar los 14 millones, o el 15% de la población económicamente activa; la cifra real supera la barrera de los 26 millones. La política burguesa de aislamiento social sirvió para justificar las acciones previstas en el MP 936, que permitieron reducir los salarios, suspender los contratos e impulsar la flexibilización capitalista del trabajo, así como la ola de despidos en masa. La ayuda de emergencia se redujo a la mitad, acaba a fin de año, y dio lugar a una ola de injusticias y corrupción (70 millonarios, según sus declaraciones a la Hacienda Federal del estado de Paraná, se beneficiaron de ella). Sin embargo, las elecciones municipales están marcadas por la ausencia de un movimiento organizado por las centrales sindicales, sindicatos y "movimientos sociales" en defensa de los empleos, salarios y derechos sociales. son la dirección sindical. Se ocultan sus responsabilidades, así como las de los partidos a los que estas direcciones están vinculadas, que cancelaron las manifestaciones callejeras previstas para marzo, y sabotearon/boicotearon las manifestaciones que tuvieron lugar en junio y julio, enfocándose en la agenda de impeachment y de “Defensa de la democracia”. El PT (sin hablar del PCdoB) siguieron una hoja de ruta única y uniforme de falta de acciones ante el cierre de la Ford en São Bernardo do Campo, en el desmantelamiento de la huelga general en 2019, en la pasividad ante la reforma previsional (además de llevar adelante la reforma en los estados en que gobierna), en la huelga de los petroleros, en la aceptación del acuerdo patronal de la Volks, que despedirá a cinco mil trabajadores, en fin, en la huelga del correo.
Las huelgas continuaron en 2020 en Brasil, aunque en menor número que en los dos años anteriores, pero aún bastante altas considerando las condiciones de desempleo galopante y de pandemia. En el trimestre de enero a marzo, que terminó poco después de que se anunciara la pandemia, hubo 84 huelgas por mes. En el segundo trimestre, hubo solo 34. De un total de 355 huelgas, 195 fueron en el sector privado y 160 en el sector público, 135 de las cuales ocurrieron en los niveles municipal, estatal y federal de la función pública. Los empleados municipales, vinculados a la educación, protagonizaron 37, seguidos por los trabajadores de la salud, con 24. En las empresas estatales, hubo 25 paros. Cabe destacar la huelga de los petroleros en febrero, que duró veinte días. Y los diversos paros de los trabajadores postales, que terminaron desembocando en la huelga nacional. El 70% de las huelgas ocurrieron en empresas con hasta 200 trabajadores, solamente el 2% fueron en empresas con más de 2.000 empleados.
El enfriamiento de las luchas fue acompañado por la intensificación de medidas y políticas reaccionarias, como despidos, desempleo, subempleo, informalidad, bajos salarios y flexibilización laboral (lay-off, PDV “despidos voluntarios”, banco de horas). El punto culminante fue con los 5.000 despidos en la Volks. Además de la Renault, la General Motors de São José dos Campos despidió a 235 obreros metalúrgicos y la de São Caetano, a 294. El acuerdo con la Toyota de São Bernardo do Campo prevé 120 despidos por el PDV (“Programa de Despidos Voluntarios”), la meta era de 300. En la Ford de Taubaté, el convenio entre la dirección sindical y el fabricante de motores prevé el despido de 277. La Volvo de Curitiba tiene en la mira el despido de 1.070 trabajadores, que ya están con sus contratos suspendidos, siendo que el sindicato, Força Sindical, acordó aplicar la MP 936 y ahora el PDV. En Embraer, están en proceso de liquidación 2.500 puestos de trabajo. El sindicato, dirigido por CSP-Conlutas, aceptó el PDV. Sin embargo, un partido se rebeló y no cumplió con el POS; de los 2.500, sólo 1.600 lo aceptaron. Embraer luego descartó 900 por defecto. El asunto está pendiente ante la Justicia. En General Motors, tan pronto como terminó el Programa de Despido Voluntario de septiembre, el fabricante de automóviles lanzó un nuevo PDV, del 16 al 26 de octubre, sin decir cuál será la meta, alegando ajuste de la producción.
Los movimientos de lucha de los trabajadores, algunos heroicos, dado el contexto político y sanitario en el que se producen, no han encontrado expresión en el plano electoral. Ni siquiera aquellos que obtienen victorias parciales, como el movimiento de empleados públicos de São Paulo, que logró bloquear, mediante importantes movilizaciones callejeras y presiones a la Asamblea Legislativa, parte del proyecto de ley (PL) 529 del gobierno del estado (João Dória): cambios en el texto original preservaran de la extinción FURP, Fundação Oncocentro, Instituto de Terras e Instituto de Medicina Social y Criminologia.
Se retiró del proyecto la confiscación de las reservas financieras de USP, Unesp, Unicamp y Fapesp. Aun así, el resto del texto se mantuvo, con la extinción de CDHU, EMTU, Instituto Florestal, Fundação Zoológico y Departamento Aeroviário; la fusión de los institutos de geología y botánica; el aumento de las tarifas de Iamspe; aumento de impuestos; confiscación de fondos de TJ-SP y TCE-SP, Defensoria Pública y MPE; bursatilización de deuda activa (el gobierno puede vender las deudas de los contribuyentes al Tesoro del Estado en el mercado); Programa de despidos alentados; y concesión o venta de bienes públicos. Es decir, que habrá menos servicios públicos, nuevas pérdidas y mayor inseguridad para la sociedad, es decir, para los trabajadores que dependen (salud, educación, etc.) del sector público. O sea, habrá menos servicios públicos, nuevas pérdidas y mayor precarización para la sociedad, es decir, para los trabajadores que dependen (salud, educación, etc.) del sector público.
La regresión social corre paralela a la entrega nacional, que la complementa. Mientras se exporta el petróleo crudo del Brasil, el país importa cada vez más sus productos refinados. Alrededor del 30% de los productos derivados del petróleo que se consumen por día son importados, la mayoría de ellos producidos en los Estados Unidos. La política de precios de Petrobrás desde 2016 ha estado a la par con los precios de los combustibles importados. La práctica de precios más altos que los costos de importación ha permitido la rentabilidad de la cadena de importación y la competitividad de los combustibles importados, especialmente en Estados Unidos. El combustible brasileño más caro pierde mercado frente al importado, lo que resulta en la inactividad de las refinerías de Petrobras, hasta en una cuarta parte de su capacidad y, por lo tanto, en despidos. El consumidor brasileño paga precios vinculados al petróleo en el mercado internacional y al tipo de cambio del dólar, además de los costos estimados de importación, a pesar del petróleo que se produce en Brasil y la capacidad de refinarlo en el país, con consecuencias para toda la cadena de precios. y el costo de vida. La reprimenda productiva, la desindustrialización, la entrega y la miseria social son eslabones de la misma cadena.
Volvamos al principio, para cerrar el circuito. Este noviembre electoral (las elecciones bolivianas fueron en octubre), en Estados Unidos y en Brasil, nos muestra las alternativas fascistas (Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil) como uno de los polos en el tablero político de la burguesía. En el otro polo, con posibilidades oscilantes y una vasta cadena de intermediaciones, hay una cadena que va desde Joe Biden, que promete explícitamente ser más intervencionista en América Latina que Trump, lo que no le impide ser apoyado por el “socialista”. Bernie Sanders e incluso la “izquierda” de la “Progressive International” de Noam Chomsky y el griego Varoufakis; hasta las candidaturas “izquierdistas” del PSOL y PT-PCdoB, que cubren, con lenguaje “progresista”, una política de “normalización”, e y hasta de “mejora”, de la intervención de las fuerzas represivas con foro judicial propio en los conflictos y en el disciplinamiento social del país.
Los “trotskistas”, supuestamente de una corriente (partido) histórica orientada a crear una alternativa revolucionaria al fascismo y a la conciliación de clases (que conduce a la victoria del fascismo) se encuentran, en un buen 95%, entregados a maniobras políticas de corto alcance en el segundo de los polos mencionados. Esto también se verifica en las principales elecciones sindicales brasileñas de noviembre, las de Andes (sindicato nacional de profesores universitarios), en las cuales una lista clasista se enfrenta a otra, de conciliación de clases, apoyada por el PT / PCdoB y los aparatos estatales que estos controlan. A excepción del PSTU, las principales corrientes “trotskistas” brasileñas apoyan la segunda lista. Quien quiera discutir "partido", "frente de izquierda" o hasta "IV Internacional" al margen de esto, estará discutiendo en el limbo. Es necesario abrir, en la vanguardia política brasileña y latinoamericana, un debate abierto y sin concesiones sobre todas estas cuestiones, abriendo una oportunidad política revolucionaria para el futuro.
