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La pandemia ha agravado todas las contradicciones de este régimen, exponiendo descarnadamente su inviabilidad para dar una salida de fondo a reivindicaciones históricas de los trabajadores y sus familias.
En lo que va del año, con cuarentena de por medio, se han producido decenas de asentamientos en la provincia. Entre ellos, se desarrolla el asentamiento Parque La Vega que llegó a concentrar 1.000 familias en un amplio terreno ocioso la capital salteña, que derrotó no solo la represión estatal, sino también la represión paraestatal -con grupos armados- y el intento de cooptación por parte del gobierno, que buscó levantarla con promesas de “diálogo”, pero sin respuestas concretas.
El acceso a una vivienda, para un cuarto de la población en la provincia, está vetado. Cientos de miles de familias son arrojadas a pagar alquileres, que equivalen a un tercio de sus ingresos; otras al hacinamiento en precarias habitaciones en casa de los padres o familiares, en las barriadas viven en una misma residencia hasta más de 4 familias; otras tantas a tomar tierras entre plásticos y cartones. La situación tiene otra cara, la de aquellos que sí pudieron comprar un terreno pero que sufren o sufrieron la estafa de loteadores truchos, bajo la completa complicidad estatal. El 50% de los barrios salteños no tienen regularizada su situación dominial, lo que conlleva a no poder acceder a instalar los servicios básicos.
Pero el problema va más allá, como señalan los propios vecinos: “esta es una crisis que ya se vivía desde hace años”. En tiempos de Urtubey, el ex gobernador, el déficit de viviendas escaló a unas 72.000 familias en la provincia. Con pandemia de por medio, un agravamiento de las condiciones laborales y de miseria social para la población, esto se convierte en una bomba de tiempo. Salta tiene un índice de 50% de subocupación y trabajo en negro, el porcentaje de desocupados, según el Indec, asciende a un 13,9%. El gobierno improvisó el plan “Mi Lote” (12.000 terrenos) que rápidamente mostrará su inviabilidad.
Dos caras de un mismo régimen
En la provincia, el uso de la tierra y el déficit habitacional han estado históricamente atados a los intereses de la oligarquía salteña y el gran capital. La expansión de la frontera agropecuaria, así como el monocultivo de soja y de caña de azúcar, dieron lugar a una liquidación de la fuerza de trabajo. En Colonia Santa Rosa, el monocultivo de la caña a manos de El Tabacal destruyó el cultivo del citrus y las hortalizas, arrojando a cientos de trabajadores a la barbarie en tanto no han sido reabsorbidos por otro proceso productivo.
Otro tanto, padecen las comunidades originarias, que han sido históricamente expropiados de sus tierras, en manos de los terratenientes, y expulsadas a tierras improductivas. Cientos de sus miembros solo viven del eventual trabajo “golondrina”, emigrando a cultivos, o solo de trocar su producción. En la reciente exposición del cuadro brutal de desnutrición, donde la mitad de los miembros están en “riesgo nutricional”, y la falta de acceso siquiera al agua, se vuelve a colocar el problema del uso de la tierra.
Solo en 2017, según la Dirección Nacional Registro Tierras Rurales, 1.800.000 hectáreas rurales estaban en manos de extranjeros. La mayor concentración se da entre las 2.000.000 de hectáreas productivas. La extranjerización de tierras está profundamente ligada al usufructo de terratenientes y capitalistas azucareros, de la minería y de la vid, que no abandonan el reclamo de la extensión del tope.
El resultado, la expulsión de miles de trabajadores del campo a la ciudad, así como de trabajadores de ciudades más chicas a las cabeceras de departamentos. Según un estudio de la organización Techo, las tres principales ciudades de la provincia: Orán, Tartagal y la capital concentran 150 asentamientos. Sobre la base de detentar el uso del suelo, la oligarquía terrateniente y el gran capital, impulsan un nuevo negociado, basado en la especulación inmobiliaria y la renta de la tierra. Esto explica los valores altísimos de la tierra y su consecuente hacinamiento y falta de vivienda.
Por un congreso obrero que determine el uso del suelo
Sin dudar, es la misma clase social que detenta el uso del suelo urbano y rural la que sostiene un enorme negociado con la especulación inmobiliaria. Estos son los intereses sociales que busca preservar Sáenz y sus laderos, como en el pasado lo hicieran sus antecesores Romero y Urtubey.
Pero esta política encontrará límites en el desarrollo de nuevas luchas de los trabajadores sin techo. La batalla del asentamiento Parque La Vega encuentra una correspondencia en miles de familias trabajadoras de Guernica y otros puntos del país. La experiencia en las asambleas populares y en la coordinación de las luchas sentarán las bases para superar a las direcciones sindicales y del propio movimiento de desocupados que han borrado de su esfera la lucha por el acceso a la vivienda y abrirá paso a la clase obrera ante la incompatibilidad de sus aspiraciones con el régimen capitalista y su preservación del lucro por encima de esas aspiraciones.
Llamamos a los trabajadores a que, sobre esta base, pongamos en pie un congreso obrero para deliberar y organizar las fuerzas necesarias para imponer el acceso universal a la vivienda, bajo control de los trabajadores; y la nacionalización y determinación del uso del suelo urbano y rural en función de los intereses de los trabajadores y sus familias.
