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En lo que va del 2020 se han quemado más de 300.000 hectáreas de monte nativo en la provincia de Córdoba. La situación provincial particularmente aguda en los departamentos de Punilla y Cruz del Eje. Desde el mes de agosto, casi diariamente, ha habido focos de incendio a lo largo de toda la Ruta Nacional 38, desde Villa Carlos Paz hasta Villa de Soto. Ayer, 19 de octubre, cuando era inminente que el fuego llegara a varios barrios de Capilla del Monte y se habían evacuado preventivamente los barrios de Aguas Azules y Las Gemelas, una esperada y oportuna lluvia evitó que la situación se desmadrara.
Este desastre muestra el fracaso absoluto del Plan de Manejo del Fuego encabezado por el titular de Defensa Civil, Diego Concha, que además pone en tela de juicio el uso de los recursos económicos asignados para tal fin. Es ineludible destacar la labor enorme de los bomberos voluntarios. Sin embargo, la conducción de los operativos a cargo de Defensa Civil, no impulsa una intervención sobre las zonas de monte nativos afectadas, sino que concentra sus esfuerzos en resguardar “los bienes y las viviendas”. En este sentido, son los combatientes forestales de incendios, agrupado en brigadas vecinales los que, preponderantemente, han encabezado la lucha contra el fuego en las zonas rurales ya que, desde la perspectiva de los lugareños, de la protección de la biodiversidad depende la provisión de agua potable y el sostenimiento de las fuentes de trabajo en la zona.
La trágica muerte a fines de setiembre de Cristóbal Varela Salas, vecino de San Esteban y colaborador de los brigadistas, dio pie para que el inefable Diego Concha declare que no iban a permitir más “interferencias” de los pobladores en las zonas de incendios, ya que no estaban preparados para esta tarea. Esta declaración miserable contradice la realidad. Las brigadas están capacitadas y equipadas y, de hecho, coordinan sus tareas con Defensa Civil y Bomberos. Sin embargo, el Estado obstaculiza la labor de las brigadas, utilizando a la Policía y a la Gendarmería para hostigar y reprimir a los grupos que se acercan a las zonas de incendio para colaborar con su extinción.
En este contexto de destrucción del ecosistema serrano y desesperación de los vecinos, el gobierno de Schiaretti está impulsando retomar la segunda etapa de la “Autovía de Montaña”, justamente planteando una nueva traza que pasa parcialmente por las zonas quemadas. Esta maniobra del gobierno, con relación a una obra que había sido frenada gracias a la enorme movilización popular en 2018, ha generado un profundo rechazo entre las asambleas y la población de Punilla. Los U$D 100 millones con que se pretende financiar esta obra, son necesarios para paliar el colapso oficial del Hospital Domingo Funes (único en el Valle); para articular un Plan de Manejo de Fuego operativo, con bomberos asalariados y beneficios sociales, con programas de capacitación para brigadistas y vecinos, con áreas de prevención y recursos tecnológicos indispensables; para poner en marcha un plan de remediación acorde a los daños provocados y no una reforestación destinada al negocio forestal.
Capitalismo y ecosistema
Esta destrucción ambiental sin precedentes se entrelaza con la propia lógica del sistema capitalista. Es decir, la búsqueda de la maximización de los beneficios a partir de un crecimiento incesante de la producción desestabiliza y destruye el ambiente natural, imprescindible para la reproducción de la vida humana, y al mismo tiempo, agudiza la desigualdad social. En definitiva, no existe posibilidad de revertir la crisis ecológica dentro del sistema actual de relaciones sociales.
En el caso específico de Córdoba, hay un consenso entre todos los especialistas, sobre el carácter intencional de la gran mayoría de los incendios. Lo que se busca es “desmontar quemando” para luego avanzar en actividades productiva agropecuarias, emprendimientos inmobiliarios, obras viales, minería etc. En este sentido, hay que señalar que el Estado en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional) comparte este ´modelo de desarrollo económico´. Aquí no hay grieta entre “nacionales y populares” y “republicanos”. Ambas opciones apoyan un desarrollo productivo basado en la sojización, la explotación de combustibles fósiles, la instalación de pasteras y la megaminería.
Las asambleas ambientales
Frente a esta situación, y a pesar de las restricciones que la cuarentena y la pandemia de Covid 19 imponen, las asambleas ambientales de Punilla, Sierras Chicas y Córdoba, vienen realizando un proceso de reagrupamiento y de denuncia de estos ataques a nuestro territorio. Al largo de estos dos últimos meses, se han realizado manifestaciones en todo los Valles, señalando la responsabilidad política de Alberto Fernández y Juan Schiaretti en este desastre. En el transcurso de esta lucha, las asambleas sacarán las conclusiones políticas para la elaboración de un programa ambiental integral que implique un plan de reforestación autóctona y el control de la tierra bajo los trabajadores. La lucha contra la Autovía, la expansión de la frontera agrícola, inmobiliaria y minera coloca sobre la mesa la necesidad de un gobierno de trabajadores para garantizar la defensa de la vida, la salud y el ambiente.
