Chile: mañana vamos con el “apruebo” y el apoyo al principio del voto popular

La rebelión popular de octubre pasado dejó planteada una cuestión de poder, que la burguesía chilena ha pretendido saldar con una propuesta constitucional. Para eso se armó un acuerdo entre el gobierno y la mayor parte de la oposición, que convoca a una Convención Constituyente por una vía colmada de todo tipo de restricciones. En primer lugar, porque la convocatoria no se hace en forma directa, sino por intermedio de un plebiscito, cuya finalidad, de arranque, es dilatar el establecimiento de la Convención, con la expectativa de producir un reflujo de la rebelión popular. Llamada para abril pasado, fue postergada para el domingo 25 de octubre, con el pretexto de la pandemia. El segundo aspecto es que además de la pregunta acerca de convocar una Convención, agrega una boleta para determinar si tiene que ser electa en su totalidad o si la mitad de los constituyentes deba ser designada por el Congreso en funciones. Un tercer punto tiene es acerca de si se reforma la Constitución vigente, impuesta por decreto de Pinochet, o se redacta una nueva a partir de cero. La Constitución que sea votada no entrará en vigor si no es aprobada por las dos terceras partes de los constituyentes – es decir que un tercio tiene poder de veto. El quinto punto plantea que lo que salga finalmente sea aprobado o rechazado en un plebiscito. La idea fundamental del planteo es que masas insurgentes se adapten al ritmo de este proceso y no saquen los pies del plato hasta finales de 2022 o principios de 2023. Además de aspirar a que la zanahoria constitucional contenga la tendencia revolucionaria que anida en la rebelión popular, el gobierno e incluso los que pactaron este acuerdo pretenden que la futura Constitución mantenga los pilares del pinochetismo, como la jubilación y la educación completamente privada, o la restricción presupuestaria a los gastos sociales; o las fuertes limitaciones a la capacidad de acción de los sindicatos – entre otras cosas.

Este salvavidas al régimen político actual, que dejó establecido Pinochet, no conforma sin embargo ni al gobierno ni a un sector relevante de la derecha. Para el plebiscito de mañana, proponen el voto por el Rechazo a la convocatoria de la Convención. No obstante esta posición, a esta ala de la derecha el presidente Piñera la ha dado la mitad del gabinete en un reciente recambio ministerial. Es que con todas sus enormes limitaciones, una Convención constitucional electa representa un polo de poder potencial frente al gobierno de turno. La Constitución pinochetista, para el caso, no admitía la posibilidad de su reforma, sino en forma parcial y por parte del Congreso en funciones. La movilización de hace pocos meses atrás que arrancó la posibilidad del retiro anticipado de una parte de los aportes personales a las entidades privadas de previsión social, es una muestra de que la presión de la rebelión popular fuerza a las instituciones establecidas a violentar sus propias normas. Es llamativo que incluso frente a una Convención tan restringida, la derecha que acompaña este proceso destaque que la asamblea constitucional no puede erigirse en ningún caso en una institución soberana frente a los poderes actuales. Esta preocupación explica que el domingo 25 tengan lugar simultáneamente los comicios municipales – una forma de marcar la cancha a cualquier extravío de la eventual Convención mutilada.

Mañana, sin embargo, se espera una concurrencia excepcional a las urnas, cuando en el pasado reciente la abstención se acercaba a la mitad del padrón electoral. El “Apruebo” a la convocatoria de la Convención se estima abrumadora, y lo mismo acerca de que sea integralmente electa. Es que las masas entienden que ellas han impuesto, no tanto un proceso constitucional forma, como el principio de liquidación del régimen legado por el pinochetismo hace más de tres décadas con el apoyo de todo el arco político que se turnó en función de gobierno. La imposición de ese principio es potencialmente revolucionaria; bajo la espuma del constitucionalismo es una condena a todos los partidos con actuación legal en estas décadas. El “Apruebo” masivo constituye, políticamente, un pronunciamiento para que se vaya el gobierno. Un signo seguro de la disgregación del sistema, que se opera bajo la superficie de los pactos y maniobras de salvataje, es la crisis creciente en los Carabineros, la infame policía de Chile.

La maniobra de contención de la rebelión popular mediante estos pactos y procedimientos, va contra la corriente general de la dislocación social que ha provocado la pandemia y su gestión capitalista. Las expresiones de rebelión popular dominan el día a día de Chile. Es razonable prever que ese mismo afán de contención por medio de maniobras, puede convertir a la Convención eventual en el escenario central de la crisis política, en la oscilación frecuente entre represión y concesiones. La misma derecha que llama a votar Rechazo el domingo 25 ha dicho que apoyará una Convención totalmente electa, para conquistar posiciones propias en ella y defender la continuidad del pinochetismo. Es una demostración de que el plebiscito de mañana ocupa el centro de atención de todas las clases sociales y todos los partidos políticos. La prensa comenta abiertamente el proceso de organización de una derecha fascista, que agrupa al ala de la burguesía convencida de la dirección revolucionaria del proceso chileno.

La corriente internacional en la que milita el PO (T) llama a votar masivamente por el Apruebo y por la elección popular de la Convención, sin renunciar en ningún momento al planteo siguiente: primacía de la acción directa y la lucha por las reivindicaciones inmediatas; sobre esa base, la organización de comités de acción y congresos de bases; abajo el gobierno pinochetista; por una Asamblea Constituyente libre y soberana, incluido el ejercicio directo del poder político. Llamamos, asimismo, a no brindar ningún apoyo ni voto a los candidatos a las municipales, que además de defender los intereses del capital y su régimen, convalidan el cercenamiento al sistema político hostil a una Constituyente soberana.

Los partidos chilenos del FIT de Argentina han adoptado una posición al menos curiosa. Llaman a votar Apruebo, pero no a que la Convención sea totalmente electa, debido a un conjunto de razones, como las restricciones impuestas a la legalidad de nuevos partidos, y a la posibilidad de candidatos independientes, en especial del pueblo mapuche y las mujeres. Compartimos esa denuncia, pero no el voto nulo, como sería una boleta con una inscripción de Constituyente Soberana, que no figura como opción. Entre una Convención digitada o Convención electa, defendemos el principio del voto popular. Por otro lado, esa posición disimula cuál es el principal condicionamiento de la Convención constitucional electa, que figura como opción. El principal condicionamiento es que el plebiscito y la Convención son convocadas por el gobierno pinochetista de Piñera, el régimen político vigente y el pacto entre el gobierno y la casi totalidad de la oposición, que cuentan además con el monopolio de la publicidad y de la propaganda. En la dinámica de la crisis chilena, el plebiscito y la Convención son intentos de la burguesía para domesticar a las masas chilenas y, de otro lado, un lastre que echa esa misma burguesía ante la belicosidad que advierten en los explotados del país.