Escribe Lucas Benvenuto
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires dejó trascender a las organizaciones de la toma de Guernica, en una reunión mantenida en La Plata, un borrador de acta-acuerdo la cual sigue sin dar ninguna solución a los problemas de las 2.500 familias asentadas. El último censo oficial, que tuvo que suspenderse por las condiciones climáticas, arrojó algo más de 1.400 establecidas.
El acta-acuerdo en cuestión prevé que, a partir del 25 de octubre, entrarían en funcionamiento “espacios receptores para el alojamiento temporal de las personas que habitan el predio de Guernica”, donde se garantizarían servicios sanitarios, provisión de agua potable y alimentos. También se pondrían a disposición, en un plazo no mayor a los seis meses, 650 lotes en el partido de Presidente Perón, de los cuales nadie sabe de su ubicación, para los grupos familiares que habitan en la toma, como parte del “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat”, anunciado por Kicillof hace un mes atrás.
La propuesta del gobierno no ofrece ninguna garantía y desconoce por completo el último censo que hizo el propio gobierno, controlado por los vecinos y organizaciones sociales, el cual arrojó un número de 1.400 familias, aunque debió interrumpirse por las malas condiciones climáticas.
El acta acuerdo de Kicillof pretende, además, que las organizaciones sociales y los delegados de manzana colaboren con el desalojo en forma pacífica de los ocupantes a tal punto de llevarlos ellos mismos a los dispositivos de recepción transitoria, incluyendo el traslado de materiales y objetos personales de las personas a reubicar. Una canallada completa - Larroque y Kicillof pretenden ´ahorrarse´ de este modo el operativo del desalojo a cargo de las fuerzas policiales. Subsidiariamente, el acta también intenta vanzar en una línea de criminalización de los ocupantes, ya que especifica, en uno de los párrafos, que aquellas personas que no se retiren voluntariamente en las siguientes 24 horas, “quedan sujetas a los efectos procesales”.
El acta-acuerdo será sometida a distintas votaciones en cada una de las asambleas generales en los cuartro barrios que componen la toma y, eventualmente, en una asamblea general. Este texto ya está produciendo los primeros rechazos entre los vecinos que habitan la toma y entre las organizaciones sociales.
El gobierno de Kicillof y Larroque se encaminan a desalojar la toma, sacrificando la necesidad acuciante de vivienda a los grupos inmobiliarios que especulan con la tierra.
Las iniciativas votadas en las asambleas generales del día de hoy junto con todas las acciones del movimiento obrero que promuevan la defensa de la toma va a ser la única salida para llevar esta lucha a la victoria. Abajo la orden de desalojo, inmediata entrega de las tierras para las familias de Guernica.
Por un banco nacional de tierras y la nacionalización de todas las tierras ociosas. Por un plan nacional de construcción de viviendas populares.