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El rector de la UBA Alberto Barbieri anunció un protocolo de regreso “gradual” a determinadas clases presenciales, combinadas con clases virtuales. Distintas universidades privadas preparan protocolos similares, según informa La Nación (12/10). Todos están a la espera de ser autorizados por el gobierno nacional y los provinciales.
Como “primer escalón” a la vuelta presencial, según Barbieri, priorizarán los últimos tramos de las carreras. Específicamente para las prácticas suspendidas en marzo con trabajos de campo, que no pudieron dictarse virtualmente; estas afectan a Odontología, Medicina, Veterinaria y Agronomía. Por su parte, la Universidad Católica Argentina (UCA) puntualizó el regreso para el último año de la carrera de Medicina “con el objetivo de dar continuidad a los procesos de graduación y emisión de títulos”.
Esta preocupación de los directivos por reactivar actividades y agilizar la matrícula de egresados no responde necesariamente a una inquietud social de proveer profesionales esenciales para la pandemia. En cuanto a eso el propio Barbieri anticipa la “dificultad” que existirá con el último año de Medicina: los hospitales están saturados por la pandemia como para poder garantizar las prácticas. Algo similar sucede en la UCA, cuyo protocolo actual en Medicina busca suplantar las horas de pasantías en centros de salud y, en su lugar, realizar actividades de simulación en un laboratorio dentro del campus universitario.
La inquietud original de las autoridades se debe a que el cierre educativo de marzo viene causando pérdidas fenomenales a los intereses privados que operan en la universidad. Barbieri omite una de las resoluciones de su protocolo (que nada tiene que ver con las clases): “se procurará la vuelta a las actividades de investigación, que no hayan sido consideradas esenciales durante la cuarentena”. La función aquí es movilizar los capitales de las empresas invertidos por convenios -ahora, en buena medida, paralizados- lo que no significa, necesariamente, que el lobby capitalista se haya interrumpido por la cuarentena. En pleno aislamiento se aprobaron el repudiado acuerdo Shell-Exactas y también el UBA-OSDE, por el cual la prepaga adquiere “propiedad común” de las investigaciones de Facultad de Medicina concernientes a la obtención de plasma de recuperados de Covid 19.
En materia de orden financiero, los rectores tienen otra motivación más para el “regreso escalonado”. Es que al mega-negocio de los posgrados pagos, la pandemia le cayó como un rayo. La suspensión de clases y la imposibilidad de una adaptación virtual de los contenidos prácticos que dictan (en Odontología de la UBA, por ejemplo, concentran gran parte de la formación clínica), ha golpeado el ingreso de las camarillas profesorales, que facturaban aranceles descomunales. Parecido sucede en las carreras de grado de las universidades privadas, donde las gestiones procuran el regreso a las aulas para justificar -tanto a futuro como retroactivamente- el cobro de cuotas altísimas.
Que el primer escalón de reapertura sean los últimos años de las carreras -con posibilidad de clases presenciales en los propios posgrados, dado que Barbieri deja la puerta abierta a esto en su protocolo- responde a retomar la producción de un mercado de graduados, en tanto futuros consumidores del posgrado. En el departamento de Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la ansiedad de la gestión le llevó a aprobar un calendario con regreso parcial a clases presenciales para febrero y marzo de 2021, un pronunciamiento pro-levantamiento explícito. En tanto agentes privatizadores, las autoridades no sólo se han mostrado inútiles en garantizar el dictado de las clases bajo el aislamiento; ahora también se inscriben en la línea “no hace falta vacuna para volver a clases” del Ministro de Educación, Nicolás Trotta. Estos protocolos, entonces, se circunscriben en los estrechos límites de los intereses de unas camarillas y sus compromisos con el capital financiero. Los aforos e instrucciones de circulación (donde las aulas deben reducir su capacidad máxima a un 25%), dada las actuales condiciones ultra-precarias, a duras penas podrán sostenerse en el primer “escalón”. Sin un aumento presupuestario para ampliación de infraestructura ni contratación de personal docente, augura que los siguientes “escalones” son descendentes y llevarán a un precipicio. Siguiendo este camino, el fondo de la escalera posiblemente sea lo que ya sucedió en universidades de Europa, donde su reapertura fue caldo de nuevos brotes de infección.
Es indudable que la educación se ha convertido en un epicentro de la crisis política a nivel mundial. El rechazo de la docencia, estudiantes y familias -que jamás hemos podido decidir en nada- a “convivir con el virus” puede desencadenar mayores luchas y rebeliones. El movimiento estudiantil tiene que rechazar estos protocolos por inconsultos y peligrosos para nuestras vidas. El "regreso escalonado" tampoco puede ser excusa para abandonar el reclamo de una educación virtual en condiciones: aumento de salarios a los trabajadores universitarios, ampliación de la planta docente y renta a los ad-honorem para hacer frente a la demanda de más comisiones, becas y entrega de equipos para conectarse, mayor presupuesto controlado por la comunidad universitaria.
La educación en pandemia se ha mostrado incompatible con la clase social que la gobierna.
