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Un cable de la agencia Bloomberg, profusamente difundido por los medios nacionales, ha puesto blanco sobre negro el estrecho desfiladero por el que camina el gobierno FF.
Según cita La Nación, “un funcionario no identificado de la administración de Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría retirar su apoyo a la Argentina ante el FMI por su vínculo con Evo Morales y Nicolás Maduro. Pero lo fundamental fue que el funcionario además diferenció en la administración nacional un ala pragmática, encabezada por Fernández, y otra dogmática, liderada por Cristina. Dejó implícita allí la necesidad de que el Presidente neutralice a su vice si quiere renegociar la deuda, un celo que se verá agravado por la crisis con Irán” (5/1).
“Tal fue el revuelo que generó ese texto”, continúa La Nación, “que el Gobierno se comunicó después con Mauricio Claver-Carone, principal asesor de Trump para la región, con el fin de aplacar la polémica. No caben dudas de que un sector influyente de la Casa Blanca está disgustado con el gobierno peronista. La embajada de EE.UU. en Buenos Aires lo ha dejado traslucir sin disimulo. Todavía ejerce cierto contrapeso un Departamento de Estado desconcertado por la diplomacia tuitera de Trump. En el albertismo aún no pueden determinar si las internas norteamericanas lo benefician o lo complican”. La nota tiene las características de una operación de prensa, porque nadie desconoce que Trump ha estado en el comando del golpe en Bolivia y que su diplomacia trabaja para bloquear la emergencia de un nuevo gobierno del MAS. Los Fernández, por otro lado, no pueden entregar Bolivia graciosamente a un títere de Bolsonaro, sin correr el riesgo de que su mandato de gobierno se vea acortado por alguna variante de los golpes de estado que han tenido éxito en la región. No es una reestructuración de la deuda externa lo que está en juego, porque ésta prevé sus propias salvaguardas para los bancos y fondos internacionales, y no serán una concesión del criminal de guerra sentado en Washington. Ningún arreglo sería aceptado por la finanza internacional que no establezca una supervisión del FMI.
Venezuela, por su lado, ha sido convertida por Trump en la pieza de delimitación política del imperialismo en América Latina. Los gobiernos norteamericanos no han cesado ni por un momento en el propósito de devolver Venezuela a los monopolios petroleros y mineros norteamericanos. El alineamiento de la ‘democracia’ que habita el patio trasero con este objetivo, define la intención de recrear el status semicolonial de América Latina, y en algunos casos de reforzarlo. La cuestión de la deuda externa está condicionada a esta cuestión estratégica, no se limita a la condición de un negociado financiero más.
Es en este cuadro que, hace una semana, el FBI salió de su caparazón para recordarle al gobierno argentino, que no piensa retroceder en la ofensiva judicial que libra junto al Departamento de Justicia contra el kirchnerismo y las patronales de los ‘cuadernos’ - el mismo procedimiento que utilizó para liquidar a Odebrecht y al gobierno de Lula, y terminar con la ‘molesta’ Keiko Fujimori en Perú. “Estados Unidos ratificó que avanzará con las causas de corrupción del kirchnerismo”, tituló el diario de los Mitre (30/12/19), sin sacarle a este la menor queja por esta injerencia en la soberanía nacional. En esa nota, los agentes federales norteamericanos revelan que su decisión es “avanzar en silencio” en la pesquisa contra exfuncionarios K “mientras se evalúa si avanzan las investigaciones locales y se sanciona a los responsables”. “Estados Unidos se mantiene a un costado si las instituciones funcionan y solo se involucra si quedan impunes los delitos con ramificaciones en este país”. Por eso, la nominación de Daniel Rafecas como jefe de fiscales promete una crisis política, que dejará en el olvido las desventuras de Kicillof en La Plata. Una de las ramificaciones que siguen los yanquis son los negocios del financista Ernesto Clarens y el empresario argentino Juan José Levy con el gobierno de Venezuela, en los que involucran a De Vido y los agentes K de la “diplomacia paralela” con el chavismo. Quiere que la “causa de los cuadernos” funcione como un acto de guerra en Argentina.
En los tribunales argentinos, por lo tanto, anida una bomba política contra el gobierno FF. Tras la declaración de CFK en tribunales por el juicio de la obra pública en Santa Cruz, un mes atrás, en la que desafió a los jueces a citar a declarar a AF, Carlos Pagni recordó que “la exclusión de Fernández y de Massa [en esa causa] se produjo cuando estaban enfrentados a la expresidenta” (LN, 5/12/19). Ahora, cuando el FBI anuncia que los puede meter a los dos adentro de ella, La Nación advierte a los Fernández que lo que digan y hagan con Bolivia y Venezuela podría afectar, no su gobierno y su libertad, sino la módica negociación del default.
El compromiso de Alberto Fernández se ha propuesto diluir la influencia de los doce jueces federales de Comodoro Py, que operan con los servicios de inteligencia criollos y yanquis, en 86 juzgados, puede ser vista como el tendido de una tibia línea de resistencia al golpismo norteamericano. Por otra parte, AF designó como interventora de los servicios de inteligencia a una operadora judicial de CFK, Cristina Camaño, una simpatizante del castrismo de la que se esperan cesantías masivas en la AFI – aunque con doble indemnización. Estas operaciones super-estructurales no están a la altura del choque político que han declarado los voceros de Trump, el DoJ y el FBI. Si los K no quieren acabar como Dilma y Evo deberían denunciar esta situación al país y adoptar un plan económico al servicio de una lucha popular, no de la conveniencia de los acreedores internacionales. La consigna albertista - “Estado secreto, nunca más” -, es un cuento de Reyes, incluso porque la esencia del Estado es la conspiración contra el pueblo trabajador.
En el marco de las negociaciones con el FMI y los acreedores, bajo las presiones de Trump, el asilo que el gobierno de AF otorgó a Evo Morales, se vio acompañado con la exigencia de que no opere desde Salta o Jujuy, y ya desde el MAS se ha llegado a un acuerdo con la presidencia golpista de Jeanine Añez; para convocar a elecciones o sea prorrogar su mandato hasta mayo y convertirla en custodio del proceso electoral. La tentativa de los Fernández de construir un arbitraje mediante un ´pacto social´ está mostrando tempranamente las limitaciones insalvables para hacer frente a la injerencia yanqui. Argentina atraviesa una transición política explosiva, que ya plantea a las masas el desafío de una acción histórica independiente.
