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El gobierno nacional avanza en un ´replanteo´ de la ayuda social asociada a la cuarentena.
Bajo el argumento de que la apertura económica y la consiguiente vuelta al trabajo de muchos de los beneficiados por IFE generaría una cierta vuelta a la ´normalidad´, el gobierno plantea un programa ´más focalizado´, es decir, un despojo a millones de trabajadores.
Para esto, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desarrollo Social empezaron a diseñar un entrecruzamiento de la base de datos de la asistencia que hoy llega a 9 millones.
La contrapartida por el recorte del IFE sería la ampliación de la cobertura de la asignación universal por hijo (AUH) a 700 mil menores, que hoy no reciben ninguna prestación. Actualmente, la AUH representa apenas $3.540 por niño. Según el INDEC, el 56,3% de niñas y niños vive en situación de pobreza y un 15,6% en la indigencia. Esto equivale a 6,2 millones de niñas y niños, mientras que 1.7 millones ni siquiera accede a una ración nutricional mínima. Entre las y los adolescentes y jóvenes el 49,6% vive en situación de pobreza y un 12,8% en situación de indigencia.
Durante los siete meses de aislamiento social, el gobierno de Alberto Fernández ha destinado el 6,73 % del PIB (equivalente a $1.829.686 millones) en diferentes programas de asistencia. Pero de ese total, sólo el 36% -aproximadamente $640.250 millones – fue destinado a subsidios de cobro directo por parte de los trabajadores, mientras que el 64% fue destinado a subsidiar ´la oferta´, es decir, a las empresas (Página/12, 25/10).
