Brasil: una olla a presión

Escribe Osvaldo Coggiola

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El 26 de octubre, un decreto presidencial (Nº 10.530) abrió las puertas del Sistema Único de Salud (SUS), estatal, al que recurre el 75% de la población (47 millones de personas tienen planes privados) y las empresas privadas, incluídas ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) bajo régimen de subcontratación (“Estado subsidiario”). Un primer paso hacia la privatización completa del sistema sanitario del país (y también, claro, hacia una catástrofe ya no sólo social, sino humana).

El batifondo que se armó en redes sociales y medios de comunicación fue de tal tamaño que obligó a Bolsonaro a promulgar, 24 horas después, otro decreto (N°10.532), anulando al precedente, con la justificación de que éste “no había sido entendido”. Un hecho sin precedentes en la historia republicana. Entendimiento era lo que sobraba. Las empresas privadas, es bien sabido, se niegan a realizar tests del Covid 19 inclusive a sus afiliados, o sea, a los que ya los pagaron. Y las ONGs estuvieron “a la vanguardia” de los desvíos de fondos públicos destinados al combate a la pandemia, lo que provocó la caída del hipercorrupto gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, um “bolsonarista de la primera hora”. Bolsonaro quería poner no sólo a los capitalistas, sino a los chorros bajo proceso judicial, como responsables por la salud de la población, en medio a una pandemia que ya provocó 160 mil muertes (las contabilizadas, hay subnotificación).

¿Cual es la clave de semejante barbaridad? Las empresas privadas de salud perdieron clientes entre el primero y el segundo trimestre -los ingresos cayeron de R$ 59 mil millones a R$ 57 mil millones-, pero los gastos también disminuyeron: de R$ 56 mil millones a R$ 47 mil millones, según una encuesta de las 100 empresas más importantes del sector. El lucro neto pasó de R$ 2 mil millones a R$ 9 mil millones. Pero el mercado se está achicando: muchos dejan de pagar (desempleo o subempleo) y no hay para donde expandirse. Como declaró una abogada especialista: “El movimiento del sector privado para ingresar al SUS a través de la atención primaria tiene que ver con el contexto general de empobrecimiento de la población brasileña y el desempleo crónico. La crisis económica proyecta restricciones financieras para la clientela tradicional de planes de salud. Como resultado, la atención primaria se vuelve cada vez más interesante, desde un punto de vista comercial”. Se quiere abrir la puerta para el saqueo de las finanzas públicas y de los últimos centavos en los bolsillos de los pobres, en beneficio del gran capital (chorros incluídos).

La crisis económica se proyecta en todos los sectores, y no perdona a la salud. Se quiere aprovechar la catástrofe del Covid 19 para proceder a una gran expropiación, en beneficio del capital. Fracasó (por ahora), sin que hiciera falta una gran movilización, sino sólo la sombra de ella. Pero el transatlántico brasileño hace agua por todos lados. En los primeros ocho meses de este año salieron del país US$ 15,2 mil millones, el mayor volumen para el período desde que el Banco Central comenzó a producir estadísticas sobre fuga de capitales, en 1982. Al mismo tiempo, los inversionistas extranjeros retiraron R$ 88,2 mil millones de la Bolsa de valores brasileña de enero al 29 de septiembre, el doble del monto registrado en todo el año pasado. En Brasil no hay control sobre la entrada y salida de capital.

La acentuación de la pandemia en Europa y los EEUU provocó una fuerte caída bursátil en las metrópolis capitalistas. Nada que se compare al Brasil, donde la única Bolsa (Bovespa) cayó 5% en un sólo día, un movimiento de pánico. El dólar se disparó casi a R$ 6, y el Banco Central tuvo que usar sus cada vez más exiguas reservas (actualmente US$ 343 mil millones, R $ 1,9 billones) para evitar una corrida bancaria, que comprometería a todo el sistema financiero. La devaluación y la carestía son un hecho palpable en la vida cotidiana, y llegan a los ítems básicos de supervivencia (arroz y frijoles, cada vez más caros, para no hablar de remedios).

A diferencia de Bolivia o Chile, en Brasil las luchas han sido parciales, aunque de gran envergadura en algunos sectores (salud, metalúrgicos de Paraná y São José dos Campos), llegando a huelgas nacionales (Correos). Lo que esos combates demostraron es que la bronca y la disposición de lucha existen, contra la carestía, el desempleo y el achatamiento salarial. Una crisis “por arriba”, producto del descalabro económico, puede precipitar todo. En esas condiciones tienen lugar las elecciones municipales (15 de noviembre), en casi 5.600 municipios, en las que el único resultado seguro es un recule significativo del “bolsonarismo” victorioso en 2018. Sin que haya, sin embargo, en el terreno electoral y político, una izquierda que, en su actividad y en su propuesta política, traduzca programáticamente la envergadura de la crisis y las tareas de la organización política independiente de los explotados. Lo que contrasta con la gran actividad de activistas y corrientes clasistas en todos los sectores. Organizarla políticamente es la gran tarea que se plantea a la vanguardia obrera y revolucionaria brasileña.

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