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El próximo 4 de marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, dominada por jueces conservadores, debe fallar sobre una ley que vuelve casi imposible abortar legalmente en el Estado de Louisiana, en el sudeste del país. Es el primer caso sobre la interrupción voluntaria del embarazo que estudiará el Alto Tribunal tras la llegada de Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, dos nuevos jueces propuestos por Donald Trump.
El Ejecutivo sentó posición: el procurador general Noel Francisco instó a la Corte Suprema a respaldar la iniciativa, que lleva el pérfido nombre de Ley de Protección contra el Aborto Inseguro. Otra presentación -firmada por 39 senadores de ambos partidos y 160 miembros de la Cámara de Representantes- pide directamente la nulidad del fallo Roe vs. Wade, la histórica sentencia de 1973 que dio rango de derecho constitucional al aborto hasta la semana 24.
La ley ahora en cuestión, aprobada en 2014, fue frenada en los tribunales porque plantea requisitos incumplibles. Obliga a los médicos a practicar los abortos en clínicas ubicadas a menos de 48 km de un hospital general, cuyos quirófanos, además, el profesional debe tener autorización para usar. También exige que las clínicas de aborto tengan equipamiento similar a un hospital. Si se aplica, dicen los defensores del aborto legal, quedará un solo profesional en condiciones de interrumpir un embarazo y dos de las tres clínicas que practican abortos en Louisiana se verán obligadas a cerrar (El País, 4-10-19). En Louisiana se practican unos 10.000 abortos anuales.
Una ley de este tipo, de Texas, ya fue rechazada por la Corte en 2017. Pero ahora, con los nuevos jueces, “hay cinco votos para permitir una mayor regulación gubernamental del aborto y, tal vez, incluso para anular Roe v. Wade", lamentó Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California.
El “cinturón bíblico” de los estados sureños ha legislado en abierta oposición al fallo Roe vs Wade. Alabama, Georgia, Missouri, Mississippi, Utah, Arkansas, Louisiana, Kentucky y Ohio ya tienen leyes sumamente restrictivas. Cierto es que la Justicia con frecuencia frena su aplicación. Pero se va creando un frente judicial que busca revocar la legalidad del aborto. Para Alexis McGill, presidenta de una de las ong más poderosas de defensa de los derechos reproductivos: "El acceso al aborto pende de un hilo y este caso es lo que podría romper ese hilo” (The National Law Journal, 2-1).
Las restricciones sancionadas son severísimas: la ley de Alabama expone a los médicos a penas de hasta 99 años. La de Georgia prohíbe el aborto apenas se detecte la actividad fetal -6 semanas- y permite al estado investigar a las mujeres que han tenido pérdidas. La de Missouri establece cárcel de 5 a 15 años si el procedimiento se realiza después de las ocho semanas y queda una sola clínica de aborto. En Louisiana se prohíbe el aborto después de las seis semanas, cuando es probable que la gestante aún no haya advertido su embarazo, y la única excepción es para “prevenir la muerte”. Además, exige que, antes de abortar, la mujer se realice un ultrasonido para “escuchar el latido del corazón”. Según el American College of Obstetricians and Gynecologists, lo que se escucha es el tejido fetal: en esa etapa, el embrión no tiene corazón capaz de latir.
Los pro-vida no son solo republicanos. Entre 2011 y 2017, durante el gobierno de Obama, 32 estados de distinto signo político promulgaron 394 nuevas restricciones al aborto. La ley que prohíbe el aborto en Louisiana fue impulsada por una demócrata, Katrina Jackson, con el aval del gobernador del mismo partido
Trump es un defensor de la familia tradicional y declarado enemigo de la autonomía femenina y las sexualidades no heteronormadas. Su gobierno tiene como bandera la anulación del aborto legal y avanza incluso contra la anticoncepción. Solo cuatro días después de asumir, el presidente prohibió a las ONG y proveedores sanitarios en el extranjero utilizar fondos del Gobierno estadounidense para asesorías a favor del aborto. En mayo del año pasado, Trump anuló una ley que obligaba a los empleadores a incluir métodos anticonceptivos en el plan de salud ofrecido a sus trabajadores y anunció una reforma al Título X, un programa de planificación familiar, abierto a los pacientes de bajos ingresos.
En su decadencia terminal, el capitalismo intenta arrasar con los derechos que los explotados supieron arrancarle: la jornada de 8 horas, la jubilación, el derecho a educarse. El aborto y todos los derechos de las mujeres corren la misma suerte.
Un informe de Amnistía Internacional afirma que en seis estados de Estados Unidos hay sólo una clínica que practica abortos. Gran parte de la población vive a más de 150 kilómetros de un proveedor de servicios de aborto. La interrupción del embarazo no está incluida en la lista de servicios médicos a los que pueden acceder las personas de ingresos bajos a través de Medicaid (seguro médico subvencionado por el gobierno). Aunque todos los estados tienen que dedicar fondos públicos a los abortos en casos de violación, incesto o riesgo para la vida, “en muchos lugares estas excepciones serán irrelevantes si entran en vigor nuevas leyes más duras”.
Ruth Dawson, abogada especialista en derechos reproductivos denuncia que "las personas pobres, jóvenes y de color son las que más sufren con estas prohibiciones".
Hay 16 Estados trabajando en leyes contra el aborto “para crear el clima de acoso necesario para obligar al Tribunal Supremo a revertir la sentencia conocida como Roe versus Wade” (El País).
El movimiento de mujeres, que fue el primero que se plantó contra Trump, incluso antes de que asumiera, denuncia sistemáticamente que el presidente “está en guerra contra las mujeres”.
