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El jueves 30 todo el país vio imágenes del desalojo de Guernica dignas del Picasso. Casillas incendiadas por la policía, mujeres huyendo con sus bebés prendidos de la teta, hombres llorando porque se habían quedado sin nada y una represión brutal sobre miles de familias sin techo.
El miércoles 29, por la tarde, el gobierno informaba a los vecinos de la toma que debían desalojar el predio, ya que se había terminado cualquier instancia de negociación. Esta noticia tomó a los vecinos por sorpresa, cuando parecía que podía asomar la posibilidad de un acuerdo que integrara a las 1.400 familias. No fue así. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, comandado por Axel Kicillof, rechazó cualquier tipo de acuerdo y dio vía libre al desalojo por parte de la policía al mando de Berni.
Las asambleas que se realizaron entre el miércoles y el jueves, estuvieron cruzadas por el debate y la desconfianza total frente al gobierno. Este nunca ofreció una solución real al problema de la vivienda. El último acta-acuerdo que se había presentado ante ´la mesa de diálogo´ establecía que un barrio entero debía desalojar el predio y trasladarse a una especie de campo de refugiados, donde esperarían un lote durante los siguientes seis meses. Los tres barrios restantes correrían la misma suerte de manera escalonada. Esta salida parcial fue rechazada por los vecinos, quienes pedían permanecer en su lugar hasta lograr el terreno definitivo. Como el gobierno se negó a otorgar una garantía real, los vecinos votaron resistir el desalojo.
Berni declaró por todos los medios que el desalojo se produciría el lunes 2 de noviembre. Una maniobra. Mientras declaraba eso, programaba un enorme operativo policial. A las cuatro de la mañana del jueves, se interrumpió la energía eléctrica en todo el barrio, y comenzaron a llegar los efectivos de a cientos. El primer barrio en ser desalojado fue "La Unión", donde se llevó adelante una cacería contra las familias, con balas de goma y gases lacrimógenos. Las casillas fueron incendiadas con todo lo que había dentro. Los demás barrios salieron en ayuda del que se estaba desalojando, pero la represión comenzó a esparcirse por todo el predio. Durante más de dos horas, hubo una resistencia admirable de parte de los vecinos, quienes enfrentaron los gases, las balas y las detenciones. Durante estos últimos tres meses, solo exigían su derecho a tener un techo. Mientras esto ocurría, el fiscal Condomi Alcorta se tomaba una selfie sonriente frente a las casillas destruidas.
La represión fue denunciada por diferentes organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, quienes se concentraron en un corte de la ruta 210 a la altura de la estación de Guernica. En ese punto fueron reagrupándose los habitantes de la toma, a medida que la policía los iba corriendo de la toma. Muchos llegaron descalzos, y con lo puesto, pero con la determinación de seguir en la calle peleando. En el mismo corte, se realizaron asambleas que votaron dirigirse en ese momento al municipio y denunciar a la intendente Blanca Cantero. También votaron la conferencia de prensa que se realizaría el día viernes y la movilización a Plaza de Mayo.
Al llegar al municipio, los vecinos se encontraron con un cordón policial custodiando el edificio. Allí permanecieron por más de ocho horas, sin que ningún funcionario se acercara a hablar con ellos. Ninguno tenía otro lugar a donde ir. No tenían familia y no podían costear un alquiler. Recién con la llegada de los medios nacionales, el municipio ofreció refugios de noche para que puedan pasar la noche. Durante todas esas horas, estuvieron sin comer, golpeados, gaseados y con los niños a cuesta.
El gobierno nacional quiso desligarse de la situación, pero es el principal responsable del desalojo y la represión. En ningún momento se mostró voluntad de resolver este problema, sino que utilizó todos sus recursos para dividir y desgastar la lucha. Todo el poder del Estado estuvo enfocado en garantizar el negocio de los especuladores de la tierra. En lugar de ofrecer un plan de viviendas populares, se encargó de brindarles protección a los dueños de los countries y los barrios privados.
En estos tres meses transcurridos, las miles de familias de la toma han recorrido toda una experiencia política. Primero, al quedarse sin vivienda al haber perdido sus trabajos, al comienzo de la cuarentena. Luego, porque en medio de una pandemia, se enfrentaron a vivir en condiciones inhumanas, con el único objetivo de garantizar un techo a sus familias.
La Tendencia del Partido Obrero hemos impulsado desde un primer momento la deliberación entre los vecinos, asambleas generales donde se discutiera un planteo de salida real a la necesidad de viviendas, y no resarcimientos para abandonar el predio. La crisis habitacional no nació con Guernica, ni terminará en ella. Día a día, miles de trabajadores caen al umbral de la pobreza al perder sus empleos o al ver sus salarios pulverizados.
La lucha de las familias de Guernica debe convertirse en una lucha a nivel nacional por tierra, vivienda, trabajo y salario. La impotencia del régimen social plantea una cuestión de poder, y asocia estas reivindicaciones a la lucha por un gobierno de los trabajadores.
Por un plan de viviendas populares con trabajo genuino para las familias de Guernica y para los trabajadores de todo el país. Llamamos a los vecinos de los cuatro barrios a seguir organizados en asamblea, para que esta lucha culmine en un triunfo. Repudiamos la represión y exigimos una solución de vivienda real ya para las 1.400 familias.
