FUBA: abajo la criminalización de la organización estudiantil

Con un llamado a indagatoria a los ex presidentes de la FUBA, Comodoro Py revivió una causa iniciada contra la federación universitaria en el año 2015. Se trata de la mayor tentativa de criminalización del movimiento estudiantil del último tiempo, ya que pretende enjuiciar el carácter independiente del Estado que asumió la experiencia de la FUBA, desde su recuperación en 2001 hasta el 2019. La causa se abrió como respuesta a la campaña que la FUBA organizó, a finales de 2013, contra la asunción del ex subjefe de los servicios, Darío Richarte, como vicerrector de la UBA. De organizar la Franja Morada de Derecho, Richarte pasó a integrar el llamado “Grupo Sushi” y de allí saltó a integrar la cúpula de la SIDE - donde lo bautizaron como “señor 8”. La denuncia contra él volcó a un sector del aparato judicial contra la FUBA. Cruzando toda frontera en materia de lo judicializable, se imputó a dos militantes por el “delito” de representar a un movimiento estudiantil que decidió mantener su autonomía política, gremial y organizativa respecto a las autoridades y gobiernos de turno durante 18 años ininterrumpidos.

La causa contra la FUBA fue siguiendo los vaivenes de las crisis políticas que atravesaron el país y tuvieron su impacto en la universidad. Pareció desvanecerse durante la guerra de servicios que envolvió al Estado nacional, y forzó a Richarte a abandonar la vicerrectoría de la UBA. Tras el desplazamiento de Stiuso y la posterior muerte de Nisman, Richarte renuncia como abogado defensor del vicepresidente Boudou y otros funcionarios K. Luego, el ex “Sushi” renuncia también a la UBA y se refugia en la Directiva de Boca junto a Daniel Angelici. Años más tarde, durante 2018, la causa reapareció al servicio del golpe con el que Franja Morada y el Rectorado de Barbieri quisieron apoderarse de la FUBA. Una huelga histórica de la universidad desbarató, en ese entonces, la maniobra fradulenta y ratificó a una lista encabezada la UJS-PO y la Mella al frente de la federación. Al tiempo, buena parte de las “pruebas” que esgrimía el fiscal Marijuan serían declaradas nulas por la Cámara, tras evidenciarse que habían sido recolectadas a través de tareas de espionaje ilegal al interior de las facultades.

Hoy, cuando el movimiento estudiantil está sacudido por la completa crisis en la que la pandemia y la bancarrota económica y social han sumido a la universidad, a la educación y a la vida misma, la Justicia vuelve a la carga con el objetivo de aleccionar y prevenir cualquier principio de organización y resistencia.

Causa morada

La causa está escrita de principio a fin por Franja Morada. Su apertura se realizó a pedido del “denunciador serial” Ricardo Monner Sans, cuyos hijos son dirigentes de esa agrupación. Uno de ellos, Ramiro, designado por Macri como Procurador General porteño, debió renunciar tras ser denunciado por beneficiar a Angelici en el litigio por el pago de impuestos de sus bingos. Monner Sans tiene el récord de haber presentado, desde 1993, 128 denuncias en el fuero federal penal, 99 de las cuales fueron archivadas o desechadas antes de los seis meses de iniciadas, y casi 50 de ellas perecieron a la semana. En la causa contra la FUBA, Monner Sans basó su denuncia en citas textuales de las palabras de un consejero estudiantil de Franja Morada y en operaciones “periodísticas” difundidas por los portales de Sergio Szpolski, otro personaje estrechamente vinculado a Richarte y el “Coti” Nosiglia.

¿Qué es lo que se denuncia? Una supuesta “administración fraudulenta” de la FUBA, que se fundamentaría por la falta de presentación de libros contables y notificación de los congresos de renovación de autoridades a la Inspección General de Justicia (IGJ), entre los años 2001 y 2019. Desde el punto de vista legal, la causa es tan inconsistente que supone que los imputados habrían iniciado ese “delito” a los doce años de edad. La FUBA fue fundada como una federación de centros de estudiantes en 1908, al calor de los reclamos que una década más tarde darían lugar a la Reforma Universitaria. La IGJ sólo comenzó a existir en 1980, por resolución de la dictadura militar. De acuerdo con la propia causa, el Consejo Superior cedió a la FUBA un local central y espacios gremiales en las sedes del CBC en el año 1988. La memoria selectiva de los patrocinantes de la causa no les permite recordar que ellos mismos presidieron la FUBA desde 1983 a diciembre de 2001, de donde fueron expulsados siete días después del Argentinazo. Franja Morada, sin embargo, recién inscribió a la FUBA como “asociación civil” en la IGJ en el año… 2000. ¿Por qué se demoraron tanto?

Sobre locales, apuntes y negocios

La inscripción de la FUBA a la IGJ por parte de Franja Morada estuvo asociada a una conversión de la organización estudiantil en una caja de negocios. Antes de subirse al helicóptero, la Franja estaba empeñada en transformar a la FUBA en una plataforma comercial, usando su sello para firmar convenios de toda clase con bancos, cursos de idiomas, prepagas, empresas de turismo, etc. Fue esta actividad lucrativa la que requirió la cobertura legal de la IGJ, organismo que ellos mismos controlaban desde el Poder Ejecutivo aliancista. En las sombras, se desarrollaba otra actividad, ya no legal, que salió a la luz en esos años: la repartija de centenares de planes “Nuevos Roles Laborales”, destinados a desocupados, entre los militantes del aparato de Franja Morada que comandaba Emiliano Yacobitti. A pesar de perder el gobierno y la FUBA a manos de una rebelión popular, Franja Morada se sostuvo en el poder de la universidad. Desde allí, siguió tejiendo negocios con la privatización de las carreras, asociándose con los gobiernos kirchneristas y en particular con el ministro De Vido, padrino político del actual rector Barbieri. Años más tarde, Yacobitti sería señalado por acaparar la venta de insumos a los hospitales universitarios con jugosos sobreprecios, denuncia por la que tuvo que renunciar el ex decano de Económicas Luis Giusti.

Las agrupaciones de izquierda e independientes que asumieron la conducción de la FUBA en 2001 desmantelaron los negociados armados por Franja Morada. Desde ese momento, la FUBA recuperó la función para la cual había sido fundada, como herramienta de organización de un movimiento estudiantil al servicio de la defensa de la universidad y de todas las causas populares. Los balances y congresos naturalmente se siguieron haciendo, pero no ya para rendir cuentas ante la IGJ, sino a asambleas, comisiones directivas, juntas revisoras y organismos representativos de los estudiantes. Ante el abandono de la responsabilidad del Estado de garantizar los materiales de estudio, la FUBA asumió la tarea de proporcionar apuntes baratos a los estudiantes del CBC (en las facultades, esa función la cumplen los centros de estudiantes) a través de un sistema solidario que permitió cubrir becas de un 50 o un 100% a más de 2.500 estudiantes por año. El contraste con el régimen universitario no podría ser mayor, ya que los beneficiarios de las becas “Sarmiento” que otorga la UBA se cuentan en el CBC con los dedos de la mano. Muy lejos del supuesto “monopolio” que la FUBA habría tenido en el CBC, Yacobitti y compañía no se privaron de asignarle a Franja Morada (hoy Nuevo Espacio) locales en las sedes de forma completamente discrecional, además de favorecer la proliferación de concesiones privadas, muchas veces ligadas a ellos mismos. La acusación de Monner Sans y Marijuan a la FUBA por el “delito” de proveer, en oposición a esta red lucrativa articulada por las autoridades, materiales de estudio económicos a través de la auto-organización estudiantil, le cabría a la inmensa mayoría de los centros de estudiantes del país, incluso a muchos dirigidos por la propia Franja Morada, en provincias donde aún no asumió un carácter empresarial completo.

Una experiencia de lucha

Más allá de las becas y apuntes baratos, la experiencia de la FUBA implicó una lucha en todos los terrenos de la vida social, universitaria y política de la juventud. La federación se volcó en apoyo a las causas populares, desde la movilización contra la Masacre de Ayotzinapa junto a estudiantes mexicanos residentes en Argentina hasta la denuncia de las atrocidades criollas contra la comunidad wichi en Formosa o mapuche en el sur; desde la lucha por justicia por Luciano Arruga a la organización de un festival en Plaza de Mayo por la absolución de los petroleros de Las Heras; desde la lucha por la democratización de la UBA y la defensa de los títulos de las carreras contra la Coneau a la denuncia del vaciamiento y la corrupción en el Hospital de Clínicas o la aceptación de los fondos contaminantes de la megaminera La Alumbrera; desde la organización de clases públicas junto a los docentes al apoyo a las tomas de los colegios por la aplicación de la ESI o contra las reformas anti-educativas como la NES y la UniCABA; desde la convocatoria a jornadas contra las redes de trata al armado de un plebiscito masivo donde 35 mil estudiantes votaron por el aborto legal, seguro y gratuito.

Este despliegue golpeó a las autoridades y gobiernos de turno, empeñados en la defensa y reproducción del orden establecido. En la FUBA, morados y camporistas se coaligaron para restarle quórum a los congresos de la federación, con el objetivo de ponerle fin a esta experiencia de lucha independiente. La hostilidad de las listas estudiantiles vinculadas a los partidos patronales frente a los congresos de la FUBA fue un gran factor de educación política para toda una generación de estudiantes. Ante la falta de quórum entre 2014 y 2017, la Junta Representativa, renovada anualmente por las elecciones de los centros, fue definiendo la prórroga de los mandatos. En 2018, Franja Morada y sectores del PJ vinculados a Barbieri intentaron hacerse de la federación truchando la identidad de dos delegados. Al servicio de este fraude, la causa penal que nos ocupa volvió, como por arte de magia, a la primera plana de algunos medios de comunicación comprados para la ocasión. Pero la rebelión universitaria que se desataría semanas después desmantelaría todo este operativo y volvería a poner las cosas en su lugar. Tras asambleas, tomas y movilizaciones masivas, las fuerzas opositoras al Rectorado y el gobierno de Macri volveríamos a reunir quórum para renovar la conducción.

La política de la UJS-PO frente a las contradicciones del bloque de conducción de la FUBA, fue siempre evitar que las mismas llevaran a la parálisis de la federación. Enfrentamos las tendencias a la cooptación y el integracionismo a través de una lucha por involucrar a la masa de los estudiantes en los debates y en la resolución de las acciones y posicionamientos estratégicos de la FUBA. Asambleas y congresos con miles de estudiantes debatieron problemas cruciales para la vida del país y del continente, desde la posición a adoptar frente al conflicto agrario, el pago de la deuda, el impuesto al salario o la crisis en Venezuela. La crisis que afectó al Partido Obrero llevaría a una distorsión de este método durante el último año, 2019. El pasaje de la dirección oficial a una estrategia limitada al plano electoral, desprendida de las tendencias de lucha de los trabajadores, tuvo su réplica en la UJS. La FUBA dejó de ser tomada como una herramienta de lucha para convertirse en un instrumento de diferenciación político-electoral, lo que a su turno facilitó su recuperación por parte de Franja Morada.

Una pelea presente

La ofensiva judicial contra esta experiencia de lucha y organización independiente no denota un fortalecimiento del régimen que la impulsa, sino su debilidad. Franja Morada y el Rectorado quieren una condena para el movimiento estudiantil, a sabiendas que la crisis en curso puede hacerlo resurgir de la mano de la lucha por la tierra, por la protección de los trabajadores de la salud o contra el retorno forzado a la presencialidad del contagio. La gestión capitalista de la pandemia golpeó a la educación y a la universidad, y a sus docentes y estudiantes, como nunca en el pasado, ante la mirada cómplice de las autoridades y su FUBA morada. La Franja buscó valerse de la pandemia para suspender hasta nuevo aviso las elecciones de centros y toda actividad estudiantil, un propósito reaccionario para el cual encontró la solidaridad del kirchnerismo y del PO oficial. Los acuerdos de aparato, sin embargo, hacen agua ante las necesidades profundas.

La lucha urgente que nos convoca por el cierre de esta causa amañada por los servicios y el régimen universitario contra la FUBA es a la vez un llamado enérgico a reanudar lo mejor que nos deja su experiencia. La independencia del Estado y la organización del movimiento estudiantil junto a la clase obrera, mal que les pese a los Monner Sans y Marijuan, está a la orden del día para una juventud que observa cómo el régimen vigente hunde la vida, amenaza el presente y el futuro. Que la lucha continúe.