Jujuy: ´Emergencia en violencia de género´, una maniobra con límites insalvables

Un mes después del inicio de las multitudinarias movilizaciones contra los femicidios en Jujuy, el jueves 29 de octubre pasado, la legislatura aprobó una ley de emergencia en materia de violencia de género presentada por el Gobierno. El proyecto obtuvo los votos de las dos fracciones que integran el PJ jujeño y el apoyo de la totalidad de las organizaciones feministas de la provincia, desde la multisectorial de mujeres, hegemonizada por sectores vinculados al Frente de Todos, hasta el área de estudios de géneros de la UNJu y la Tupac Amaru. Los diputados del PTS lo rechazaron y presentaron un dictamen de emergencia propio. El diputado del PO, Iñaki Aldasoro, rechazó dicha ley, señalando sus límites y llamando a reforzar la movilización independiente del Estado y a pelear por un consejo autónomo electo y revocable por las mujeres.

Qué dice la ley

La emergencia aprobada dispone un refuerzo presupuestario del Consejo Provincial de la Mujer (CPM) y promete la aplicación de leyes ya vigentes y en aplicación, como la de ESI, la Ley Micaela o la Ley de protección integral de Mujeres. Sin que nadie sepa qué pasó con el presupuesto del CPM ya devengado, próximamente se construiría una cantidad indeterminada de hogares refugio, centros de atención integral a la violencia y se repartirían subsidios. Promete una prioridad del acceso a la vivienda para las víctimas de violencia de género, pero en su primer mandato Morales construyó sólo 4.500 viviendas, cuando prometió 16.000; y el déficit habitacional alcanza a 32.000 viviendas.

Ahora la policía estará obligada a tomar las denuncias y a crear una división de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la policía jujeña ya ha sido ´capacitada´ en “perspectiva de género, y de todos modos incumple con el protocolo vigente que exige se active la búsqueda a las dos horas de desaparición de una persona.

Por último, su ejecución quedará en manos del funcionariado de Morales, cuya renuncia reclaman las organizaciones de mujeres. Tampoco será fiscalizada por ellas, como lo solicitaron desde la JP feminista hasta Pan y Rosas (PTS) e Isadora (IS).

Cooptación estatal

El feminismo del FdeT y otros justificó el apoyo a la Ley de Morales como una conquista arrancada al gobierno. Sin embargo, lno fue lo que reclamaron as enormes movilizaciones del último período. Sólo la exigían las organizaciones que conforman multisectorial de mujeres y otras organizaciones k, las cuales llamaron a sus bases a comportarse “civilizadamente” aportando a la ley y a abandonar las calles para no “dar una imagen de violentas”. Su propósito fue la obtención de cargos como capacitadoras en perspectiva de género y la financiación para “capacitaciones territoriales”. Sólo cuando cerraron acuerdo festejaron la ley de Morales, “a pesar de sus limitaciones”, aunque no ha quedado clara la forma de aplicación y el financiamiento de la ley. A nadie escapa que Morales se ha beneficiado de su acercamiento al gobierno F-F en los últimos meses largos.

Nueva etapa

Morales no logró convencer a la masa de mujeres movilizadas. La convocatoria a marchar a la legislatura en apoyo a la aprobación de la ley reunió apenas 200 personas, la gran mayoría de la CCC. La miseria y descomposición social creciente acicatea la violencia hacia la mujer, tanto por la descomposición de la familia obrera que genera. El entrelazamiento entre el aparato estatal y el proxenetismo y las redes de trata, no ha sido siquiera mitigado. La prioridad del gobierno hacia el pago de la deuda provincial y el rescate a grandes empresarios y terratenientes por parte del gobierno, plantea el incumplimiento de los compromisos que dice asumir la ley.

La ley de emergencia no resolverá nuestros problemas. Vamos por comités de mujeres para imponer que se tomen las denuncias, la autodefensa colectiva, la exclusión del golpeador y hogares refugio, subsidios y trabajo genuino, vivienda, el resguardo de los hijos de las víctimas de violencia y el desmantelamiento de las redes de trata.