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La sostenida crisis política en el gobierno ha generado nueve cambios de gabinete. Además, en los últimos 16 meses, una tercera parte de sus ministros han renunciado. Ahora bien, al duro golpe asestado a Piñera y a la derecha chilena por el avasallador triunfo del “apruebo convención constitucional” en el plebiscito del domingo 25 de octubre, se suma una serie de acusaciones constitucionales contra sus ministros; de un lado, debido a su gestión frente a la pandemia y, del otro, por la represión durante la rebelión popular.
La última de estas acusaciones, contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez –que renunció el día de ayer tras 98 días en el cargo-, es la séptima en un periodo de poco más de dos años. En su reemplazo, Piñera escogió al alcalde de la comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), convirtiéndose en su cuarto jefe de gabinete.
Pero eso no es todo; ayer fue una jornada clave, pues el gobierno se concentra en el Senado para frenar el proyecto, aprobado en Diputados, de un segundo retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs.
Desde la clase capitalista la medida ha sido fuertemente rechazada. Gremios patronales como la CPC y la SOFOFA han alertado por las millonarias pérdidas que registraron las AFPs producto del primer retiro, donde en el tercer trimestre se registraron bajas hasta en un 51% de sus utilidades. Además, alertan que de realizarse un segundo retiro, quebrarán todas las empresas de seguro. Así, los capitalistas han cuestionado firmemente estas medidas y han señalado que la falta de recursos del pueblo debe ser suplida por el Estado y la reactivación económica, y no a través del ataque a sus ganancias.
Así, durante los últimos días, el gobierno ha intensificado su contacto con diputados y senadores de su coalición política. En caso de que la iniciativa sea aprobada por ambas cámaras, pretende impugnarla ante el Tribunal Constitucional (TC). El gobierno invoca uno de los mecanismos pinochetistas más antipopulares, contra una de las medidas más populares desde el punto de vista de las masas.
Ahora bien, mientras esta posibilidad se discute en la comisión, de forma paralela la oposición impulsa un nuevo proyecto -elaborado por los diputados del partido Federación Regionalista Verde Social. Contempla un bono de 500 mil pesos para los trabajadores que tengan $0 en su cuenta de AFP. El texto establece que "en el caso de aquellos que se encuentren afiliados al Instituto de Previsión Social y en general las personas que no poseen ahorros en el sistema privado de pensiones regido por el decreto ley N° 3.500, concédase un bono extraordinario de $500.000 vía transferencia directa”. En caso de aprobarse, el bono podría alcanzar a casi 2 millones de personas que, según la Superintendencia de Pensiones, se quedaron sin saldo de ahorro capital tras el primer retiro del 10%; de 11 millones de afiliados, 10,9 millones realizaron la solicitud.
El partido socialista y el partido comunista, por su parte, han señalado que ingresarán una indicación que establece que, si los afiliados no registran ninguna cotización previsional transcurrido un plazo de seis meses de efectuado el retiro de fondos, tendrán derecho a efectuar un tercer retiro, equivalente al 5% de los fondos acumulados en su cuenta.
La oposición ve positivo el hecho de que el dinero retirado de las AFP, en perjuicio del retiro laboral, pueda dinamizar la economía local al inyectarse una gran masa de liquidez a mercado -tal y como lo hizo el primer retiro, donde el Retail y la banca fueron los principales beneficiados.
Ante todo esto, por supuesto, el gobierno tambalea ya que el 45% presupuesto público para el año 2021 estará destinado a pagar deudas, el vaciamiento de las arcas fiscales para el rescate capitalista ha sido inédito. La organización económica del pinochetismo se desmorona.
La lucha por el Fin a las AFP debe completarse con un programa que contemple la nacionalización -sin indemnización a los capitalistas- de los fondos de pensiones; la creación de un sistema a previsional estatal que sea solventado con aportes exclusivamente patronales, bajo el control de trabajadores y pensionados; y la lucha por una pensión igual a 650 mil pesos, igual al salario mínimo.
Más que nunca: ¡Huelga general!; ¡Fuera Piñera!, por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y por un gobierno obrero y socialista.
