Escribe Andrea Rúa
Una nueva muestra de descomposición de la curia en el NOA.
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La crisis en la Iglesia Católica por la ola de denuncias de pedofilia contra curas de varias provincias del NOA no se detiene.
El pasado 26 de octubre fue detenido en la ciudad jujeña de El Carmen al padre Ricardo “Cocó” Quiroga, imputado por abusar sexualmente de una niña de 10 años. Este aberrante hecho suma al menos dos cómplices: una joven mujer de 21 años imputada y detenida por captar, trasladar y entregar a la niña; y un servidor parroquiano quien también se encuentra imputado por el abuso a la menor y de quien se desconoce hasta el momento registro sobre su detención. El operativo montado por los victimarios para cometer su delito contra esta menor, no tiene nada que envidiar al modus operandi de las redes de trata.
Por una tendencia sensible a la movilización que dejó la pasada ola femicidios y la violencia hacia mujeres y niñas, inmediatamente se autoconvocó una nutrida movilización en la ciudad de El Carmen, encabezada por la madre de la víctima. Marcharon junto a ella vecinas y vecinos de la localidad, y un sector del movimiento de mujeres. La juventud se volvió a mostrar muy activa y firme contra estos flagelos, participando masivamente de la autoconvocatoria.
Ante la indignación generalizada de la población, el obispado jujeño solo atinó a la suspensión del detenido y ponerse a disposición de la justicia, para así intentar ocultar sus responsabilidades en el caso. Una serie de medios de gran tirada en la provincia indicaron que los investigadores no descartarían que se sumen más denuncias contra Ricardo Quiroga, por lo que seguramente hubo una red de encubrimiento que involucra a la curia y que debe ser investigada.
El gobierno y la burguesía reducen la violencia de género a un plano cultural mientras sostienen y subsidian a sectores eclesiásticos plagados de denuncias por es tos delitos y encubrimientos a violadores. La Iglesia se encarga de una gran parte de la asistencia social del Estado, generando un condicionamiento clientelar sobre las masas explotadas, a la vez que monopoliza el negocio de la educación privada. Desde ese entrelazamiento con el Estado y bajo esa posición de fuerza impiden el dictado de educación sexual científica y laica en las escuelas privando a miles de estudiantes la posibilidad de obtener herramientas de autocuidado, incluidas las que sirven para prevenir los abusos, entre otras aberraciones. La ley de emergencia contra le violencia de género, recientemente aprobada en la legislatura jujeña, ni siquiera señala la necesaria ruptura de este entrelazamiento entre el Estado y la Iglesia católica y de todo tipo de religión, develando sus límites insalvables.
Este caso del cura Quiroga ha puesto en evidencia otro aspecto del cuadro social de violencia que sufren las mujeres y como este nace de las propias instituciones del Estado. El velo de impunidad que se establece sobre este tipo de casos solo puede ser derrotado con el desarrollo de la organización independiente del estado y los gobiernos de turno. Es necesario poner fin a este régimen de opresión y violencia sistemática contra la mujer y para ello es necesario pelear por la separación de la Iglesia del Estado aboliendo todas sus prerrogativas sobre la salud, la educación y la asistencia estatal y confiscar todos sus bienes y riquezas. Sólo así la religiosidad será un asunto privado y de elección personal sin condicionamientos.
¡Juicio y castigo a los curas abusadores y a todos sus cómplices!
¡Separación de la Iglesia y el Estado!