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-Cuando este artículo se encontraba listo para ser subido a la página, llegaba la información de que Juan Guaidó había conseguido ingresar al Parlamento, donde habría jurado como Presidente ante 100 diputados. Para alcanzar su propósito tuvo que forcejear con la Guardia Bolivariana, acompañado de otros legisladores. Aunque el gobierno cortó la electricidad en la Asamblea, el ingreso y la jura de Guaidó podrían ser la manifestación de alguna fisura o quiebra en el aparato del chavismo.-
El gobierno de Maduro eligió la fecha de renovación de autoridades de la Asamblea Nacional para tomar sus instalaciones y consagrar un nuevo presidente, en reemplazo de Juan Guaidó. La operación no modificará un ápice la posición de los gobiernos que han consagrado a Guaidó como “presidente a cargo” de Venezuela, en una demostración más de lo que ha quedado del llamado ‘derecho internacional’ en este período de guerras crecientes.
La captura de la Asamblea Nacional no se ampara en ninguna norma legal, y tampoco podría hacerlo, ni tiene esa pretensión. Maduro ha esquivado durante un año la operación ‘Guaidó presidente’, que en cualquier otro país hubiera llevado a una condena de sedición contra el usurpador del cargo. Maduro ha elegido otras vías para quedarse con la Asamblea – detención de diputados por delitos varios, comprobados o no; exilio de otros debido a persecuciones u órdenes de captura; por fin, la cooptación de una parte de ellos por medio de prebendas. El nuevo presidente votado en la Asamblea tomada no es un chavista sino un converso de la derecha. A pesar de tener una Asamblea Constituyente en funciones, Maduro ha evitado disolver la Asamblea Nacional y acabar con la mayoría ‘escuálida’ de dos tercios, para inaugurar un nuevo orden legal. El asalto a la Asamblea Nacional es el resultado, por un lado, de las operaciones para buscar una mayoría parlamentaria mediante cooptaciones y exclusiones y, por otro lado, de la conclusión del chavismo de que la operación Guaidó montada por Trump y la mayor parte de la UE, está agotada.
Asamblea Nacional y privatizaciones
La Asamblea Nacional ocupa un lugar especial en la crisis de Venezuela. Ocurre que ella tiene la facultad legal, determinada por la Constitución de Hugo Chávez, de dictaminar sobre los contratos petroleros y mineros, en momentos en que Maduro pretende imponer una privatización destinada a sacar a Venezuela del derrumbe productivo. Más allá del bloqueo que ejerce Trump contra el comercio de exportación de Venezuela, la propia producción se encuentra en picada, acompañada de un cese virtual de inversiones y de la obsolescencia de los equipos de perforación. El estado se halla en default con los contratistas que operan para Pdvsa. Un caso crucial de privatización está ligado a Citgo, la distribuidora de Pdvsa en Estados Unidos, que tiene empeñado el 49% de sus activos con la rusa Rosneft, a causa de un préstamo que Venezuela no tiene condiciones de cancelar. Una transferencia de patrimonio a favor de Rosneft requeriría un voto de la Asamblea Nacional e incluso el visto bueno de Trump. Otro caso de privatización es el llamado ‘arco minero’, que contiene reservas excepcionales. Es claro, sin embargo, que el control de la Asamblea obtenido por asalto por parte del oficialismo, no adelanta una salida a ninguna de estas cuestiones sino que la cierra todavía más.
Otro asunto que liga a la Asamblea Nacional con la economía es la deuda externa de Venezuela, que se encuentra en un default crónico, en el sentido de que los acreedores mismos no han hecho activar la cláusula de aceleración, que les permitiría recuperar parte de la plata mediante órdenes judiciales de confiscación de haberes de Venezuela en el exterior. Hay un lobby de banqueros y fondos norteamericanos que busca obtener de parte de Trump una atenuación del embargo financiero, que impide entrar en una negociación del pago de la deuda con el gobierno de Maduro. Se trata de un impasse que afecta un monto de u$s150 mil millones. Mientras tanto, Venezuela asiste a un imparable proceso de dolarización monetaria, que cuenta con la complicidad de las autoridades, lo cual acentúa la dependencia ‘nacional y popular’ del capital financiero. Se conjuga un proceso de lavado de dinero por medio de la compra de activos venezolanos y un ingreso de divisas acicateado por la enorme desvalorización del patrimonio industrial y comercial, y de la fuerza de trabajo. Es sobre la base de este proceso económico-financiero que se fundan las expectativas de ganar a una parte sustancial de los opositores a un plan de normalización política.
El objetivo es eliminar los obstáculos a las privatizaciones en la cuenca del Orinoco y arreglar el asunto de la deuda. China y Rusia están fuertemente movilizadas para obtener un aval de la diplomacia internacional. Venezuela ha entrado en el engranaje de la privatización, a partir del sistema de cooperación con el capital internacional introducido por el chavismo en el Orinoco, y del recostamiento en el capital de Rusia y China, con innumerables vínculos con el capital internacional.
‘Normalización’ política y estado policial
El gobierno de Maduro, en efecto, pretende ahora adelantar las elecciones a la Asamblea Nacional, cuyo mandato vence en diciembre próximo. En el proceso, es probable que la Constituyente parasitaria de papel pase a mejor vida. Ayudará para ello el concurso de distintas fracciones opositoras; el chavismo cree firmemente que es viable ‘aislar’ a la derecha.
La ‘normalización política’ no pone fin al estado policial que ha desarrollado el gobierno para enfrentar la crisis política y la oposición de las masas, que no puede ser encapsulada en forma unilateral en el campo de la derecha. Se manifiesta en la clase obrera y en las barriadas populares; Venezuela sufre un ‘ajuste’ mayúsculo, donde la alta clase media y la boliburguesía obtienen el reconocimiento al acaparamiento de dólares, ahora usados en amplia escala en el país, y los sectores más empobrecidos deben vivir con bolívares sin valor y la asistencia estatal.
Los Fernández han emitido un comunicado de rechazo a la toma por la fuerza de la Asamblea Nacional, pero sin una palabra de condena a la consagración de ‘un presidente por encargo’ establecido por las principales potencias imperialistas. Se ha distanciado del ‘grupo de Lima’, al cual Macri asoció a Argentina, sin romper puentes con nadie. En la coalición que gobierna Argentina, muchos apoyan la ‘normalización’ de Venezuela ‘a la Maduro’. A La Nación el comunicado le gustó mucho, no así a la diplomacia norteamericana, que ha metido a Venezuela con Bolivia en un solo paquete, y busca que Argentina reconozca al gobierno de facto más allá del mandato ‘interino’ que vence el 20 de enero.
La clase obrera internacional
La cuestión Venezuela no puede tomarse en forma aislada de la política de guerra del imperialismo norteamericano, por un lado, pero mucho menos aislada de las rebeliones populares en América Latina y de la lucha de clases en Venezuela. El nacionalismo chavista se ha reducido a defender su estado policial del embate yanqui (bloqueo, sanciones), incluida la amenaza militar. La política de la clase obrera debe unir la lucha contra el imperialismo a la lucha contra el estado policial, a la lucha contra el hundimiento social de ese estado policial y del capital. Es una cuestión que se plantea desde Venezuela a Irak y Líbano, y desde Irán a Argentina.
