Sputnik V: la disputa internacional por la vacuna contra el Sars-20

Detrás del acuerdo por la “vacuna rusa”, según La Política Online, existe una tensión al interior de la coalición oficial debido a que Fernández se negó a firmar “los términos leoninos” que le exigían Ginés García y el empresario Hugo Sigman, en nombre de AstraZeneca, para producir la vacuna de Oxford en el laboratorio mAbxience. En el Congreso se aprobó una Ley a medida de las exigencias realizadas por estos laboratorios, entre las cuales figuran cláusulas de confidencialidad, indemnizaciones compartidas con el Estado, exenciones impositivas y la prórroga de jurisdicción, es decir, solo se podrán iniciar juicios en el país de origen.

Fernández no habría presentado mayores objeciones a estos puntos. La disconformidad llegó al reclamar que, de fallar la vacuna, el Estado no podrá reclamar ningún reintegro. Esa fue la exigencia que habría llevado a AF a explorar el acuerdo con Rusia.

Este nuevo acuerdo aseguraría la llegada, entre diciembre y enero, de 25 millones de dosis, que podrían vacunar a 12,5 millones de personas, dado que precisa de una doble aplicación.

Los rusos se aseguraron de hacer llegar sus complacencias por la decisión, y al mismo tiempo sus disgustos por los dichos de Ginés García, quien se refirió despectivamente a la vacuna rusa en una entrevista en TN. Carla Vizzotti, la encargada de viajar a Rusia para observar de cerca los avances rusos, fue la directora de vacunación durante la gestión en la cartera de salud de Juan Manzur, cercano a Sigman.

LPO comenta también que uno de los propósitos de la llamada entre Fernández y Putin fue quitar del medio al laboratorio HLB Pharma, que arrastra un prontuario de desfalco en materia de seguridad laboral y evasiones impositivas. La posibilidad de una importación directa por parte del estado podría acelerar los tiempos de testeos que realizaría directamente el Anmat.

AF ha asegurado en los últimos días que “nunca estuvimos tan cerca de ponerle fin a la enfermedad” (Infobae, 3/11), dando cuenta de enormes expectativas depositadas en la aparición de una vacuna. Rafael Bengoa, uno de los asesores de Gines Garcia, desde España, ha sostenido, sin embargo, que se trata de una visión “simplista”, puesto que “suponiendo que haya una vacuna en enero y febrero, vamos a precisar todo el año para vacunar suficientes personas, y eso que será una vacuna que solo producirá defensas y anticuerpos en un 60% de los vacunados” (Clarín, 3/11). El especialista recordó que el desarrollo de una vacuna insume décadas de estudios y sugirió contar con un Plan B para no sufrir, como ocurre ahora en Europa, una segunda o tercera oleada que podría ser más mortífera aún que la primera.

Existen múltiples críticas y reservas de parte del mundo de la medicina – incluso entre los científicos rusos. Según el Centro Levada -una consultora considerada “independiente” de Putin-, el 59% de los encuestados rechaza ser inoculado con la nueva vacuna. Por otro lado, “La Vanguardia de España publicó un sondeo entre 3.040 médicos y especialistas de salud rusos que arrojó que un 52% de los profesionales sanitarios no está dispuesto a ser vacunado, mientras que el 24,5% indicó que estaría de acuerdo en recibir la vacuna”. Los sindicatos docentes de dicho país también la han rechazado como obligatoria al considerar que “la vacuna se creó a la velocidad del ferrocarril, lo que ya genera preocupaciones”. “Se creó apresuradamente", fueron las palabras de Yuri Varlamov, docente en Moscú y miembro del sindicato de maestros (La Nación, 6/11).

Lo que se cuece detrás de todo esto es que los países de mediano y bajo desarrollo no tendrán acceso a la vacuna, cuya disponibilidad ha sido acaparada por los estados más ricos. Se calculan unas 8 mil millones de dosis que han sido aseguradas por medio de subsidios, cartas de intención y financiamiento. AstraZéneca y Moderna han recibido subsidios, cada una, por mil millones de dólares. Estiman un costo por unidad de 20 dólares, que llevarán al precio apenas se declare el fin de la pandemia – un eufemismo que entrará en vigencia en julio de 2021. El stock reservado por la OMS, denominado Covax, sólo abastecería al 20% de la población de los países pobres. El gobierno, por su lado, acuciado además a reducir el déficiti fiscal, es incapaz de extender en el tiempo los subsidios millonarios a compañías, y menos aún está dispuesto a continuar las migajas del IFE para los trabajadores. La necesidad de terminar de desarticular todo el entramado construido para sostener la cuarentena choca de frente, sin embargo, con el temor de un fuerte rebrote en marzo-abril del 2021, con el retorno de las bajas temperaturas -aunque, claro, el verano tampoco sea garantía de nada- y la catástrofe sanitaria. El lobby de la medicina privada ya ha iniciado una campaña a favor de una suba de aranceles del 50%, como lo demuestran sendos artículos publicados en La Nación y Clarín.