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Todo está como era entonces. Sergio Massa, el presidente de las Cámara de Diputados, finalmente halló tiempo -después de dos postergaciones- para recibir a la Campaña por el Derecho al Aborto Legal y a diputadas favorables a la legalización. El mandato que llevaban las mujeres de verde era #Aborto Legal 2020. La respuesta fue una burla: Massa les propuso armar una Mesa de trabajo con la Comisión de Mujeres y Diversidades -Mónica Macha y Silvia Lospennato-, para incluir el tema en la agenda parlamentaria.
Otra vez, el gobierno solo ofrece maniobras y delaciones.
La cita estuvo precedida por una caravana federal de la que participaron miles de mujeres en distintos puntos del país. La primera convocatoria callejera de la Campaña para arrancar el aborto legal del terreno de las promesas tuvo una respuesta contundente de las mujeres.
Voceras de la Campaña anunciaron que en lo sucesivo todas las semanas habrá actividades de ese tipo. Saludamos la iniciativa y proponemos desplegarla a través de asambleas en los lugares de trabajo, estudio y en las asambleas y ollas populares de las barriadas donde viven las mujeres que muchas veces pagan con su vida el intento de interrumpir un embarazo.
Al término de la reunión, la legisladora Mónica Macha (FDT) renovó su “confianza plena en la palabra del presidente…”, a pesar de las excusas con las que Fernández falta a sus promesas. Y no sólo Fernández: el Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género 2020-2022, con el que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se jacta de estar “haciendo historia”, omite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una violencia que el Estado ejerce directamente contra mujeres y personas con capacidad de gestar.
La Campaña se mostró mucho menos entusiasta que Macha, hasta en sus voceras filokirchneristas. Massa les dijo que “el mejor momento para discutir el tema” será cuando “Fernández presente el proyecto del Ejecutivo”. Y corrió el bochín al límite: como “las sesiones continuarán hasta febrero” tal vez el proyecto -del Ejecutivo- se debata en extraordinarias. El comunicado anunció que “intensificarán la presión para que se inicie el tratamiento. No podemos esperar más”. Unas horas después, Massa recibió a las organizaciones antiabortistas nucleadas en la Mesa de Enlace Pro Vida, acompañadas por las legisladoras Vanesa Massetani (FdT) y Carmen Polledo (JxC).
“Hay muchísimas prioridades sanitarias por las que mantener a la sociedad unida y el aborto no es una de ellas. Van a provocar a millones de personas en todo el país a movilizarse”, amenazó Ana Belén Mármora, de la Unión Pro Vida, y agregó: “La situación es demasiado delicada para abrir un nuevo frente de conflicto que divida aún más al país por un proyecto que nunca fue prioritario, y menos ahora”.
Que la situación es “demasiado delicada” no cabe duda. Pero no por las razones que esgrime esa egresada de la Pontificia Universidad Católica. Desde Amnistía Internacional hasta Humans Rights han señalado las consecuencias letales del aborto clandestino sobre las mujeres pobres.
Si algo quedó expuesto estos meses es que no hay pandemia que frene a una mujer que necesita interrumpir un embarazo. Al contrario, todo se ha vuelto más apremiante por las condiciones de pauperización a las que ha arrojado a millones la gestión capitalista de la pandemia.
Cada año hay cerca de 500 mil abortos clandestinos, y unas 40 mil internaciones por abortos inseguros, la primera causa de ocupación de camas hospitalarias de las mujeres. Contra lo que arguyen los hipócritas, las secuelas de las intervenciones clandestinas tienen un peso determinante en la saturación del sistema de salud. Por el contrario, esta presión se vería aliviada si las mujeres accedieran a la anticoncepción y a la interrupción legal de los embarazos no queridos. Abajo las maniobras del gobierno. Basta de dilaciones.
¡Aborto legal ya! Lo arrancamos en las calles.
