Inquilinos: entre la desocupación, la pobreza y el desalojo

Escribe Emiliano Monge

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Una reciente encuesta de Inquilinos Agrupados (IA) mostró que casi el 40% de los inquilinos no pueden pagar los alquileres regularmente, constituyendo 1.344.000 hogares, de un total aproximado de 4 millones de personas en todo el país. En octubre el 70% indicaba que podía pagar la totalidad del alquiler, este mes sólo el 61,6% indicó que estaba en condiciones de hacerlo. El desalojo de Guernica puso de manifiesto la enorme crisis habitacional que sacude al país. En el país hay 9 millones de personas con serios problemas para pagar el alquiler, mientras la desocupación, la pobreza y la inflación siguen creciendo. Los desalojos echarían más leña al fuego del hacinamiento en medio de la crisis sanitaria causada por la pandemia. El sondeo indica que más de la mitad de los ingresos totales de los hogares se usa para pagar el alquiler (51.7%). Un aumento de 3,1 puntos con respecto a octubre que era del 48,6%. Hace un mes el gobierno extendió hasta enero de 2021 el DNU 766/2020 que congela los precios de los alquileres y frena los desalojos hasta el 31 de enero. A pesar de la prohibición de aumento de los alquileres por decreto, 6 de cada 10 sufrió aumentos en sus alquileres entre marzo y octubre.

Un 16% que dicen que directamente no puede pagar, y un 23% que no pueden hacerlo parcialmente, lo que significa que el monto del endeudamiento familiar se sigue apilando. Estas familias mes a mes deciden qué gastos cubrir: “el 27,5 ajustó gastos, el 23,6 se está endeudando, el 16, 2 por ciento recibe ayuda de familiares, el 17,6 por ciento recurrió a todas las anteriores, mientras otro grupo dijo que está vendiendo sus cosas para afrontar gastos”.

Muchos deciden si van a poder pagar el alquiler o las expensas cuando les llegan las boletas de servicios. El 30,1% no pueden pagar expensas, y un 12,9% que sólo pudo hacer un pago parcial. En muchos casos los aumentos de las tarifas de servicios registraron aumentos impagables a pesar de estar supuestamente “congelados”.

Según el referente a IA, Gervasio Muñoz, “el 60 por ciento manifestó haber sufrido aumentos en el precio del alquiler, a pesar del decreto vigente, y que ese aumento se refleja en el porcentaje que ocupa el alquiler en los ingresos totales del hogar” (página 12, 7/11). Muñoz plantea la extensión del decreto, y reclama un “plan de desendeudamiento para el sector”. Lo que hay que reclamar es un plan de construcción de vivienda para el conjunto de la población (no sólo el “sector”) en manos de comités de inquilinos y vecinos, que ponga en marcha el aparato productivo y subsane la falta de 4,5 millones de viviendas. Las deudas de los inquilinos deben ser condonadas y los alquileres congelados hasta solucionar la crisis habitacional en el país, y los comités de inquilinos y trabajadores deben controlar los abusos y aumentos.

786.240 hogares están en condiciones de ser desalojados cuando finalice el decreto porque su deuda es de dos o más meses. Del total que no puede pagar a término, 60% de los inquilinos adeuda dos meses o más (el 41,5% tiene un mes de pago adeudado, el 20,2% dos meses, y el 11,4% tres meses, pero el 19% tiene cinco meses o más). Las familias que no puede pagar son presionadas por las inmobiliarias y los dueños, en muchos casos llegando al corte de los servicios, cartas documento, o a las amenazas y agresiones físicas. La mitad reconoció haber recibido amenazas, hostigamiento, discriminación y violencia. La violencia se ejerce particularmente sobre mujeres que administran el hogar y las madres solteras. Muchos prefieren irse, la mayoría a condiciones de hacinamiento o a lugares más alejados, lo que reduce las posibilidades de conseguir un mejor trabajo.

Del total de personas que se encuentran en esta situación, 7 de cada 10 son mujeres, las más perjudicadas en materia laboral como efecto de la pandemia. En Guernica, la mayoría eran jefas de hogar, madres solteras, que dijeron que no pudieron seguir pagando el alquiler y fueron desalojadas.

En “El problema de la vivienda”, Federico Engels explica la raíz de la crisis habitacional capitalista: “¿de dónde procede la penuria de la vivienda? (…) es un producto necesario del régimen social burgués; que no podría existir sin penuria de la vivienda una sociedad en la cual la gran masa trabajadora no puede contar más que con un salario y, por tanto, exclusivamente con la suma de medios indispensables para su existencia y para la reproducción de su especie; una sociedad donde los perfeccionamientos de la maquinaria, etc., privan continuamente de trabajo a masas de obreros; donde el retorno regular de violentas fluctuaciones industriales condiciona, por un lado, la existencia de un gran ejército de reserva de obreros desocupados y, por otro lado, echa a la calle periódicamente a grandes masas de obreros sin trabajo; donde los trabajadores se amontonan en las grandes ciudades y de hecho mucho más de prisa de lo que, en las circunstancias presentes, se edifica para ellos, de suerte que pueden siempre encontrarse arrendatarios para la más infecta de las pocilgas; en fin, una sociedad en la cual el propietario de una casa tiene, en su calidad de capitalista, no solamente el derecho, sino también, en cierta medida y a causa de la concurrencia, hasta el deber de exigir sin consideración los alquileres más elevados. En semejante sociedad, la penuria de la vivienda no es en modo alguno producto del azar; es una institución necesaria que no podrá desaparecer, con sus repercusiones sobre la salud, etc., más que cuando todo el orden social que la ha hecho nacer sea transformado de raíz” (1870).

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