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A través de un nuevo DNU, el gobierno de Alberto Fernández extendió por tercera (¿y última vez?) la prohibición de despidos por 60 días. También amplió por igual tiempo el pago del sistema de suspensiones en los términos del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aquí establece la “salvedad” de que las empresas pueden negociar con los sindicatos la letra chica del salario de estas suspensiones de los trabajadores con factores de riesgo. Esto que devenido en el desconocimiento generalizado del pago del 100% del salario.
De este modo, “prohibición de despidos” mediante, durante la pandemia se perdieron 3,75 millones de puestos de trabajo y el índice de desocupación escaló del 10,4% al 13,1%. Las primeras víctimas fueron los trabajadores en negro. En el caso de los trabajadores “en blanco”, las patronales reclaman la eliminación de la doble indemnización que se implementó con “carácter excepcional”.
Junto con el plazo final de la prohibición de despidos también tiene plazo final el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). En enero, se relanzará el Programa de Recuperación Productiva (los REPRO II), que implican un fuerte recorte respecto de los ATP, pues no representarán más una parte proporcional del salario -que alcanzaba, en muchos casos, al 50%- sino que serán reducidos a 9.000 pesos por trabajador. El subsidio estará a cargo de la ANSES y se transferirá directamente a los CBU de cada trabajador y trabajadora.
Por otra parte, llegó el final del IFE, un subsidio que alcanzó a casi 9 millones de beneficiarios sin ningún ingreso. El mismo será reemplazado por el plan “Potenciar Trabajo” que se convirtió, por estas horas, en la nueva estrella de los planes sociales. Se trata de una iniciativa que propone 80 horas de trabajo mensuales a cambio de un haber equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil – es decir unos 10.000 pesos, a partir de marzo próximo. El gobierno prevé que en el 2021 se integren al mismo 900.000 trabajadores, lo que significa que 8.200.000 de personas quedarán en la banquina.
El “Potenciar” viene precedido por la sanata histórica de los planes sociales - “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica". Ninguna de esas premisas se cumplió nunca. El gobierno alienta la desaparición del trabajo ‘genuino’ y promueve la mano de obra barata en municipios, provincias y Nación.
CGT y “movimiento sociales”
La burocracia sindical -que vivió la pandemia en un frente único con las patronales, se ha plegado a una iniciativa de Grabois, respaldada por Gerardo Martínez, para impulsar el ´Plan de Desarrollo Humano Integral´, una idea patrocinada por el Papa Se trata de un programa de dudosa implementación, que consiste en desplazar a los desocupados y a trabajadores sin techo hacia tierras fuera de los centros urbanos. Los “movimientos vaticanos” piensan crear de este modo nada menos que 4 millones de puestos de trabajo. Las distintas salidas tienen todas el signo de la precariedad y de la improvisación.
