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La jornada del 25, con la concurrencia de mil personas, puso al desnudo la actuación del Estado y los gobiernos frente al cuadro de imparable violencia de género. Esta realidad fue expresada de manera contundente por la familia de Paola Tacacho, que viajó desde Salta para participar de la concentración y acto que se realizó frente a la casa de gobierno de Tucumán.
Denunciaron que Paola hizo 22 denuncias: 14 veces en el fuero penal, una en el fuero civil, una en la Oficina de la Mujer, una en la Oficina de Violencia Domestica, dos veces en la Municipalidad, una en la Brigada y dos en Salta. Recorrió todas las instituciones que pudo en busca de protección frente a la situación de intimidación y acoso que sufría desde el 2015 por parte de Mauricio Parada Parejas. Por detrás del encubrimiento, estaba la mano del hermano del femicida, un empresario amigo del poder político.
La respuesta que reciben hoy sus familiares es el intento de cerrar la causa: el fiscal actuante considera que no hay más para investigar, ya que el femicida se suicidó. Buscan clausurar de esta manera la investigación sobre fiscales, jueces, funcionarios y policías que cajonearon y archivaron las denuncias. Frente al pedido de destitución del juez Pisa, por la vía del juicio político, la legislatura, hasta ahora, no ha dado tratamiento a los pedidos. El gobernador Manzur se encuentra en un impasse, ante la presentación de renuncia, condicionada a la jubilación de privilegio, que Pisa habría realizado antes del femicidio de Paola.
La carta de la familia de Paola, leída en el acto, sintetiza lo que padecen las víctimas y luego los familiares que buscan justicia. También desprende la necesidad de remover este régimen de violencia e impunidad.
La lucha por el juicio político a Pisa abona la perspectiva de que se investiguen a todos los responsables políticos e institucionales. Pone también en la entre la espada y la pared a la legislatura, en tanto agencia del gobierno y sus negociados, y al propio Manzur, que tiene que resolver el destino del Oyarbide tucumano. En esta orientación, la familia pidió también la unificación de todas las causas que se tramitan por el femicidio.
En el documento del Ni Una Menos leído en casa de gobierno se levantaron estos reclamos, junto a la denuncia del ajuste y la lucha por el aborto legal, lo que constituye una importante base para avanzar. El movimiento de mujeres en la provincia tiene un importante protagonismo y un carácter masivo y, por medio de la lucha política, se abre paso frente a los intentos de cooptación. De hecho, un sector liderado por el PCR rechazó una movilización conjunta, en nombre de hacer eje en la emergencia nacional en violencia de género. En lugar de denunciar las negociaciones con el Fondo y las medidas de ajuste en curso, plantearon el apoyo al “impuesto a la riqueza”, una estafa `política al pueblo, en momento en que el gobierno da de baja el IFE 4.
Es fundamental continuar con un plan de lucha para imponer los reclamos y la coordinación con los familiares de víctimas, como ya se viene haciendo, y con los distintos sectores en lucha. Este 30 de noviembre al cumplirse un mes del femicidio de Paola estaremos realizando una acción en Tribunales y la Legislatura. Sobre estos pasos e iniciativas vamos a avanzar en la convocatoria de un encuentro que unifique en una lucha común de todos los casos impunes y plantee una salida política desde el campo de lucha del pueblo trabajador.
