Francia: una ley de “seguridad nacional” contra las rebeliones populares

Escribe Emiliano Monge

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En medio de movilizaciones en todo el país, de críticas de la prensa, organismos de DDHH y de partidos de izquierda, la Asamblea Nacional, aprobó el miércoles la polémica Ley de Seguridad Global en con 288 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones. Pasará al Senado en enero. La ley prevé castigar con penas de hasta un año de cárcel y 45.000 euros de multa la difusión de imágenes, fotos o de cualquier otro elemento que permita identificar a los policías durante sus operativos.

Para el Ministerio del Interior, Gérald Darmanin, y los sindicatos policiales, la medida ayuda a “proteger a quienes nos protegen” (Le Monde, 20/11). Marine Le Pen (Rassemblement national) elogió una disposición que va “en la dirección correcta”.

Impunidad y represión

La Ley de Seguridad Integral promueve, además, la vigilancia generalizada de las protestas con drones. “Implica un sistema de vigilancia poblacional, tanto en el espacio público como en la vida privada, con sensores, cámaras, drones y reconocimiento facial. La primera parte del proyecto de ley de seguridad contiene artículos sobre la organización de las fuerzas de seguridad a nivel municipal. El artículo 4 identifica en particular situaciones que permiten el establecimiento de una fuerza de seguridad municipal especial que puede intervenir de inmediato en manifestaciones y protestas en París. Los artículos 7 al 19 proponen estructurar y fortalecer el sector de la seguridad privada” (aa, 26/11). Sin embargo, la vigilancia con drones, según el Consejo de Estado, está actualmente prohibida.

La ley autoriza la transmisión de secuencias de video al centro de comando en tiempo real, y el reconocimiento facial de manifestantes y transeúntes; también permitirá identificar a los activistas políticos. La población y los periodistas no podrán difundir imágenes del rostro o cualquier otro elemento de identificación de un oficial de policía o gendarmería militar. En otras palabras, las imágenes de violencia cometidas por la policía ya no se pueden difundir, ni siquiera bajo la responsabilidad de un medio de comunicación.

El 17 de noviembre miles de personas expresaron su oposición, tanto en París como en varias ciudades de provincia, y una treintena de organizaciones, entre ellas sindicatos, la Federación Internacional de Periodistas y Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional. El 21, hubo manifestación fue convocada por la Liga de Derechos Humanos, los sindicatos de periodistas, Amnesty International, Attac y más de 70 organizaciones. Las familias y grupos de víctimas de la violencia policial hablaron en la movilización de decenas de miles en París y otras ciudades. Decenas de miles se movilizaron frente a la Asamblea Nacional. A pesar de la prohibición, por parte de Macron, está prevista una marcha el sábado contra la Ley.

La izquierda

Para el NPA, esta ley “constituye un paso más en el rumbo autoritario de Macron”. “Incapaz de manejar la crisis de salud y sus dramáticas consecuencias sociales, el gobierno pretende operar un destornillador de seguridad adicional atacando una vez más con violencia nuestros derechos y libertades, incluida la libertad de prensa” (letelegramme, 23/11). Desde Lutte Ouvrière dicen que se trata de un “arsenal represivo preventivo” (21/11). “Vemos como la situación pasa de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada”, declaró Mélenchon.

El Partido Socialista explica que “la respuesta al terrorismo es una vez más a través de la elaboración de una ley, cuando ya hay muchos dispositivos legislativos. Estos son los medios que necesitan los servicios policiales y judiciales, no una nueva ley (…)”.

Para el PCF, se trata de un “proyecto liberticida”. “Las leyes existentes ya le dan al estado todas las herramientas necesarias para actuar contra la incitación al odio y al terrorismo” (letelegramme, 23/11). Una parte de la izquierda se defiende la actual legislación represiva frente a la nueva.

En muchos países del mundo, incluida Francia, se registraron enormes movilizaciones y hasta rebeliones populares contra la violencia policial. La identificación de los represores y de las circunstancias y características de la represión, fueron fundamentales en detonar movilizaciones inmensas. En Brasil, Carrefour se vio obligado a cerrar sus establecimientos durante varios días, luego que se difundiera un crimen racial de su guardia de seguridad en el sector de estacionamiento de autos. Macron cree que la ley que prohíbe la difusión de los crímenes policiales, pondría fin a la rebelión popular. Lo que teme, en realidad, es la disgregación de los cuerpos policiales como consecuencia de las movilizaciones y de las penas contra los represores, y busca convertir a las fuerzas policiales en una milicia del gobierno – como ha pretendido hacerlo Bolsonaro.

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