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La Cámara Federal de Paraná, en un fallo de segunda instancia, ha declarado inconstitucional los aumentos por decreto dictados por la administración de Alberto Fernández. El fallo advierte que, con esos reajustes, los jubilados perdieron entre el 10% y el 17%, comparados con la fórmulas de pago que regían anteriormente.
“Con el aumento del 5% para diciembre, este año, las jubilaciones mínimas acumularán un incremento del 35,3% y las máximas del 25,3%. Por la fórmula suspendida hubiese arrojado un 42% para todos los beneficios, mínimos y máximos. Los aumentos hubieran sido en marzo (11,56%), junio (10,89%), septiembre (9,88%) y diciembre (4,48%)” (Clarín, 27/11). Este brutal ajuste se suma al consumado con la fórmula anterior, que rigió en 2018-2019.
El gobierno “discrimina”: emite deuda en pesos y les reconoce a los acreedores la inflación, pero no toma este criterio para los jubilados, a quienes pretende actualizarles los haberes en función de índice combinado entre la evolución de los salarios -que la burocracia negocia a la baja- y la recaudación -en caída por la recesión. Con el brutal curso inflacionario actual, la aplicación de la nueva fórmula gubernamental significará una perdida adicional al ya menguadísimo poder adquisitivo de los jubilados.
Anses seguramente va a apelar este importante fallo de Paraná y deberá dar la palabra final la Corte Suprema de la Nación, que no tiene plazos. Tratándose de jubilados, la inexistencia de plazos se torna criminal.
Cuando se produjo el fallo Badaro u otros a favor de los jubilados, a pesar del pronunciamiento de la Corte, los jubilados tuvieron que seguir el tortuoso camino de hacer juicios personales para cobrar la actualización. Los fallos de primera instancia, adecuados a la jurisprudencia dictada por el máximo tribunal, eran sistemáticamente apelados por la Anses para dilatar en el tiempo su liquidación. Así las cosas, se realizaron casi un millón de juicios de los cuales, hasta el momento, se han cobrado 500 000; hay pendientes 300.000 con sentencia a la espera del cobro y 200.000 todavía en proceso judicial. Miles de jubilados fallecieron mientras se tramitaban sus demandas.
Este panorama anticipa una nueva ola de juicios y la extensa calesita para eventualmente cobrarlos en vida.
El problema de la jubilación debe ser tomado como una cuestión central por el movimiento obrero. Más que nunca es necesario defender la jubilación mínima del 82% móvil de la canasta familiar, reclamar la restitución de los aportes patronales y que Pami y Anses sean dirigidos por trabajadores y jubilados, electos en asambleas.
