Tiempo de lectura: 2 minutos
La magnitud de la crisis política en la provincia de Santa Fe aún no se ha manifestado en su totalidad. Ante el golpe que le propició el Frente Progresista en la legislatura, impidiendo la delegación de facultades que perseguía Perotti (buscaba reforzar la facultad del ministro en la designación de policías en retiro) junto a la situación financiera “heredada” del socialismo, ahora se suma el tema inseguridad al nudo del conflicto. A partir de la incorporación de Marcelo Saín, la relación entre las fuerzas de seguridad y el ejecutivo ha entrado en un impasse. La nueva gestión entrante pretende cumplir su slogan de campaña (“La paz y el orden”), mediante una supuesta modernización policial. De vuelta a la impronta de la “seguridad democrática” impulsada por el kirchnerismo, con los resultados conocidos del Proyecto X y la ley Antiterrorista, entre otras, que lejos estuvo de desbaratar alguna red de trata o de narcotráfico. En este caso, Saín junto a nuevo jefe de policía, Víctor Sarnaglia (ligado al Mossad y al “creador” de la metropolitana de CABA) pretenden concentrar el poder sobre el primero, y una dejando de lados los esquemas y las jerarquías actuales.
Desplante policial
Solo faltaron días de comenzado el gobierno para que los jefes de la policía que comprenden Rosario, Rafaela y Reconquista pusieran el grito en el cielo. Tuvo como resultado el intercambio con el responsable rosarino, quien renunció en los hechos, por lo que fue increpado por el Saín vía telefónica, bajo pena de iniciar un proceso penal en su contra. Los cortocircuitos en la fuerza son noticia en todos los medios de la burguesía, en especial por los pases a retiro forzosos, que tiene como correlato la imposición a dedo de personal jerárquico. En este proceso, las acciones mafiosas frente al Centro de Justicia Penal no han disminuido (sumado a episodios de fugas de implicados en el negocio narco) junto los índices delictuales, siendo la provincia aquella con mayor tasa de criminalidad, sobre homicidios por cantidad habitantes. Las estadísticas oficiales retratan 337 asesinatos en 2019, y en lo que va del 2020 ya se contabilizan más de dos por día algo que generó el desplazamiento del nuevo jefe de la unidad de Rosario (no llegó a estar dos semanas en el cargo). Para seguir echando leña al fuego, se ha conocido la no voluntad de Perotti de pagar el bono de $4.000 a estatales provinciales y la desindexación de la cláusula gatillo, lo cual también afecta al pago de haberes de la policía.
Rafaela: retrato de la crisis
La multitudinaria marcha en Rafaela exigiendo justicia, frente a un joven que quiso resolver un intento de robo en cuya secuencia falleció, tuvo como resultado el escrache en la casa del mismo gobernador como en la dependencia de la fiscalía y la Municipalidad. Se acusa a un grupo orquestado por parte de militantes socialistas estas acciones, por un lado, y por el otro, ha entrado nuevamente en la lupa responsabilidad de la policía en el asunto. Los choques internos se han tornado moneda corriente.
La magnitud del episodio debe ser comprendida en el marco de la crisis política que sacude al gobierno provincial a menos de un mes haber asumido. Fernández, repudiando el hecho, lo entiende mejor que nadie. Se va cristalizando una crisis que excede al “leviatán azul”, cuyas fuentes propias ya hablan de la posibilidad de medidas mayores (acuartelamientos) e involucra a la situación política en su conjunto que evolucionará al calor del derrumbe más general.
Las y los trabajadores deben tomar nota del escenario excepcional abierto y comprender que el desmantelamiento de las fuerzas represivas que garantiza el delito organizado de este régimen narco sojero, junto a la plena vigencia de las libertades democráticas, solo pueden ser emprendida por un gobierno de trabajadores.
