Ataques sexuales en Bahía Blanca: el Estado es responsable

Escribe Agustina Vaccaroni

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Diferentes casos de acoso y abuso sexual que se vienen sucediendo en Bahía Blanca durante la última semana han puesto en alerta al movimiento de mujeres de la ciudad.

La mayoría de los ataques tuvieron lugar en el barrio Pedro Pico. Una trabajadora que regresaba a su casa a la madrugada fue violada a punta de cuchillo. Otras mujeres denunciaron haber sido manoseadas por un motoquero en la vía pública. Otra mujer denunció un intento de secuestro en el barrio Rucci, del cual pudo escapar.

Estos repetidos hechos de violencia generaron distintas manifestaciones en la ciudad durante el último viernes. Algunos vecinos se autoconvocaron, otros se juntaron frente a la municipalidad y un grupo se apersonó en la comisaría primera, donde funciona la comisaria de la mujer, para exigir explicaciones. Es que algunas de las mujeres atacadas hicieron público que los policías no quisieron tomar sus denuncias o que las enviaron a recorrer diferentes delegaciones, alejadas de sus casas, para transmitir los hechos sucedidos. Ninguna de ellas recibió atención psicológica o médica y varias tuvieron que volver a sus trabajos al otro día de los ataques; no les fue otorgada ninguna licencia y menos aún garantías de un retorno a salvo a sus hogares.

Ante la presión de las manifestaciones, el mismo viernes se detuvo a quien sería el motoquero involucrado en los casos de manoseo. Más tarde, ese mismo día, se detuvo a otro hombre que sería el responsable del abuso en el barrio Pedro Pico. La policía dice que las investigaciones están “avanzadas” y que han desplegado mayor cantidad de efectivos en los barrios afectados. El barrio Pedro Pico tiene una comisaría ubicada en su centro, pero hasta ahora funcionaba como una zona liberada.

La policía bahiense y de sus alrededores ha sido noticia durante todo el 2020 por protagonizar y organizar hechos delictivos. Por ejemplo, el cobro de coimas en la comisaría quinta, cuestión que involucró hasta a un subcomisario; extorsiones de agentes que se hacían pasar por representantes de Asuntos Internos y cobraban coimas a otros uniformados para anular supuestas investigaciones. En julio pasado fue detenido un sub teniente que liberaba zonas para que operaran delincuentes vinculados con el narcotráfico. El caso Facundo Castro también reveló una trama de desaparición forzada, muerte y encubrimiento junto a efectivos de la policía de Villarino.

Todo este revela el grado avanzado de descomposición de la Policía y las “fuerzas de seguridad” que se han integrado al sostenimiento del narcotráfico, las redes de trata y de las actividades delictivas en general. Las responsabilidades alcanzan en la mayoría de los casos a la justicia y el poder político.

Es en este escenario, con pandemia, que se han reforzado las situaciones de violencia hacia las mujeres trabajadoras, promovidas por el hacinamiento, la falta de atención médica y psicológica o de vivienda. Más de 300 familias ocuparon tierras en Don Bosco y fueron amenazadas por el Estado. El municipio de Bahía Blanca está recortado la cantidad de trabajadoras y trabajadores en programa de asistencia en barrios como Caballo de Troya y en los programas de protección de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia le comunican, a través de despidos encubiertos. La cantidad de camas, turnos, médicos y enfermeras en Bahía sigue estando por debajo de las necesidades sanitarias de la población.

En algunos de los barrios en donde se produjeron los ataques, no hay luminarias suficientes; volver a casa en la noche es entrar en una “boca de lobo”. Las frecuencias de los colectivos, a pesar de que en la ciudad la actividad está totalmente liberada y abierta, siguen siendo pocas. Los recorridos dejan a muchas mujeres a varias cuadras de sus casas, que deben recorrer desprotegidas. La situación calamitosa de algunas calles que se anegan al caer unas pocas gotas de lluvia impiden una mejora en estos recorridos del transporte público que, además, acaba de inaugurar una tarifa de cerca de $50, una de las más caras del país. La responsabilidad del Estado es total.

Por asambleas barriales que se organicen para exigir al Estado que las denuncias de cada mujer sean tomadas en forma urgente y con seguimiento de las víctimas, familias y organizaciones. Necesitamos licencias por violencia que se tramiten en el instante, refugios en condiciones con atención psicológica y médica para las mujeres atacadas. Por un plan de urbanización integral, luminarias, transporte y asfalto para todos los barrios.

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