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El debate sobre legalización del aborto (el proyecto “que sale con fritas”, según el gobierno) se va empiojando. La realidad refuta sin piedad a quienes afirman que lo mejor es quedarse en casa a esperar la buena nueva. El dictamen de comisiones se corrió del 4 al 9 de diciembre y la cantidad de expositores subió de 50 a 70.
Las exposiciones de “notables” son un recule del gobierno, que hasta aquí había dado por suficiente la discusión del año 2018 y prometido un trámite breve. Sin embargo, como los cavernícolas lo acusaron de promover un tratamiento “exprés”, concedió 50 oradores. Ahora sumó a 20 más. Obviamente, esto retrasa los tiempos del dictamen y de la votación.
Los discursos a favor del aborto clandestino son un espejo del grado de sumisión del Estado a la barbarie clerical. El Poder Legislativo consiente que desgranen todo tipo de falsedades pseudocientíficas (“el feto llora”) o mentiras (“el Estado obliga a los médicos a asesinar niños”). La mayoría de esas opiniones provienen de autoridades de universidades confesionales (como la UCA) y de centros de salud privados (como el Hospital Austral), que el Estado no solo reconoce como idóneos sino alienta con jugosos subsidios. La toga de la Inquisición se la llevó, sin duda, el cura villero Pepe, que contra toda evidencia volvió a mentir que las mujeres pobres no abortan y que la legalización es un plan diabólico del FMI.
También está en discusión dónde será la sesión cuando se vote el dictamen. Juntos por el Cambio insiste en que sea presencial y se baraja, por ejemplo, que sea en el Tigre. Un intento descarado de vaciar el Congreso el día que probablemente acuda el movimiento de mujeres, organizada o espontáneamente, a seguir la votación.
La demora en el dictamen no es gratuita. No solo porque los antiabortistas la usan para amedrentar con toda impunidad a legisladores y activistas. Si Diputados aprueba la legalización el 10 de diciembre, al Senado le quedarán dos semanas y media para sancionarla antes de fin de año, como había prometido el Poder Ejecutivo.
Así, “el calendario que le quedaría disponible a la vicepresidenta es muy apretado si se toma en cuenta que en esas semanas están los días no laborables por las fiestas de fin de año. Entre ellas la Navidad, celebración muy cara a los cristianos, que en su mayoría rechazan de manera muy fuerte el aborto. Para la Iglesia Católica y el papa Francisco sería una provocación la sanción del aborto en la proximidad de esa festividad”, le dijo un senador "celeste" a La Nación (3/12). El diario de los Mitre hace días que destaca las diferencias entre Vilma Ibarra y CFK, mostrando a esta como menos dispuesta a chocar con el clero. “Cualquier postergación, sobre todo cuando el año próximo será electoral, podría diluir la ligera ventaja que hoy tiene el proyecto del Poder Ejecutivo en una cámara históricamente conservadora” se regocijan.
El movimiento de mujeres
De la vereda de enfrente, la dirección nacional -kirchnerista- de la Campaña por el Aborto Legal se ha convertido en vocera del gobierno, al punto que renunció a defender su propio proyecto. “Celebro que el presidente haya presentado el proyecto y que sea tan bueno. Es excelente, respeta lo construido colectivamente por el movimiento feminista”, miente Marta Alanis, referente de la Campaña Nacional y una de las que sostiene que ambos “se parecen en un 95%” (Página/12, 23/11).
Alanis incluso justificó la objeción de conciencia: “Hay algunos puntos que corresponde al Ejecutivo ponerlos, en el de la Campaña no tenemos objeción de conciencia ni punibilidad de ningún tipo. El Ejecutivo en tanto Estado tiene que pensar en esas cosas”. “En tanto estado” se ocupa también ‘arreglar’ con los fondos internacionales y el FMI, y de confiscar los derechos de los jubilados.
Por ahora, los únicos movilizados son los clericales. La Campaña se limita a pequeñas acciones frente al Congreso, decididas a espaldas de las organizaciones de mujeres, con el explicitado propósito de “no complicarle las cosas a Alberto”. Hay que revertir esta situación.
El martes hubo una reunión de las organizaciones de mujeres de la izquierda, para organizar una movilización el viernes 4, cuando se iba a firmar el dictamen. El PDT en la Tendencia propuso, en línea con la Carta Abierta, la firma de un documento común dirigido a toda la población en el que se precisara el rechazo a la objeción de conciencia y se llamara a ganar las calles. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjafWwQ7irOI40DTET-HRXTDlLySDZjxxLoyswmAOGjdNrFg/viewform)
Aunque estaban invitadas, no se presentó nadie de la dirección de la Campaña ni de las organizaciones filoK. Sí estuvo MuMaLa, que decidió no firmar aunque manifestó la voluntad de movilizar unitariamente.
El texto se pronuncia “por un proyecto sin restricciones de derechos, sin objeción de conciencia, sin injerencia de las iglesias, defendemos el proyecto de la Campaña que construyó el movimiento feminista y la marea verde.”
Y llama “a las comisiones internas, a los sindicatos y a todas las centrales a que convoquen a espacios de organización, medidas de lucha y movilización para hacer temblar la tierra por nuestro derecho a no morir.”
Hay un intento deliberado de confundir. Es fundamental aclarar que el proyecto de Fernández no es igual que el de la Campaña, y que ni siquiera está garantizado que sea aprobado. La política de quedarse quietas solo favorece a los defensores del aborto clandestino.
Arranquemos pronunciamientos de defensa del derecho al aborto, contra la objeción de conciencia, contra la penalización. La objeción de conciencia solo sirve para bloquear los derechos de las mujeres y personas gestantes.
Hay que convocar a asambleas. Clarificar la situación. Organizarnos para ganarles la calle a los clericales. Preparar una movilización multitudinaria. Convocar al paro el día de la votación.
La movilización es el modo de frenar los avances oscurantistas y la presión clerical.
La fuerza de las mujeres en la calle es la llave para arrancar esta vez el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital.
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