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Según la medición que fue difundida el jueves pasado realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) entre los meses de julio y octubre últimos, el índice de pobreza subió al 44,2%, lo que equivale a que más de 20 millones de argentinos se encuentran en situación de pobreza si se tiene en cuenta tanto a la población urbana (18 millones de pobres) y a la población rural. Esto significa un aumento significativo con respecto al 2019, cuando la medición había arrojado un porcentaje de 40,8.
Según el informe sobre los ingresos que elaboró el Observatorio, en condición de pobreza se encuentra un 34,1% de la población mientras que en condición de indigencia (lo que significa que no pueden cubrir la canasta alimentaria básica) se encuentra el 10,1% de personas. El índice de indigencia subió 1,2% con respecto a 2019, lo que es equivalente a más de 4,5 millones de personas si se incluye al sector rural. También sostiene que en el período julio-octubre el desempleo llegaba al 14,2%, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones de personas desocupadas lo que significa una suba de 3,6% con respecto a 2019.
El análisis etario arroja “una persistente infantilización de la pobreza en la Argentina urbana”. La pobreza entre los menores de 17 años se elevó del 59,5% al 64,1% . Más de 7,5 millones de chicos y adolescentes viven en hogares con carencias básicas. Dentro de este rango etario la indigencia subió del 14,8 al 16%.
El organismo sostiene que este aumento en los niveles de pobreza se disparó en el marco de la pandemia de coronavirus que tuvo un fuerte impacto sobre la actividad económica. También sostiene que sin los distintos programas sociales (IFE, AUH, tarjeta alimentaria, pensiones no contributivas y otros), la pobreza hubiera saltado del 44,2% al 53,1% de la población urbana.
Pero el paupérrimo IFE, equivalente a $10.000 por bimestre que se pagó sólo tres veces a lo largo del período de Aislamiento Social Obligatorio (y que ahora en la etapa de Distanciamiento Social Preventivo el gobierno Nacional ha decidido suspender), representó solamente un cuarto de los gastos que tuvo el Estado durante la gestión de la pandemia. Los otros tres cuartos de los gastos fueron subsidios estatales, que de manera directa e indirecta, fueron destinados a rescatar al capital industrial, bancario y comercial. Esta política, desplegada desde el mismo Estado, significó una transferencia enorme de recursos de la clase trabajadora en favor de la clase capitalista.
Queda en evidencia que la decisión del Gobierno Nacional del Frente de Todos de suspender el pago del IFE va contra una realidad de pauperización social creciente y responde a las exigencias de ajuste fiscal del FMI para garantizar un acuerdo de mayor endeudamiento lo que trae aparejado una mayor dominación política y económica a costas del pueblo trabajador y la juventud. Se abre un enorme horizonte de lucha por subsidios para todos los trabajadores desocupados con un ingreso equivalente al 80% de la canasta familiar, por trabajo genuino y pase a planta de todos los trabajadores bajo subsidios estatales, por asistencia a los comedores populares, por atención sanitaria y un plan de obras públicas, vivienda y urbanización en los barrios que permita cubrir las necesidades de hábitat, saneamiento y trabajo así como alquileres que no superen el 10% del ingreso familiar
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