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El proyecto de aborto legal de Alberto Fernández, ese que se parecía “como dos gotas de agua al de la Campaña”, mostró rápidamente su verdadera naturaleza. En una noche, diputadas y diputados de pañuelito verde, le impusieron tres modificaciones que son una concesión vergonzosa al oscurantismo y una traición impregnada de cinismo a las demandas del movimiento de mujeres.
Las primeras atacadas son las menores de edad, en el artículo 8. En la primera versión, alcanzaba con que las adolescentes de entre 13 a 16 años pidieran por su cuenta la interrupción del embarazo. Ahora necesitan el aval de los padres. En el país paren cada año 3.000 niñas-madres, siempre las más pobres entre las pobres. ¿No tienen derecho a decidir? ¿Por qué no hay niñas madres en las clases altas? ¿Será que abortan en la clandestinidad en clínicas de lujo, sin que ningún cura amenace a la madre ni meta la nariz?
El artículo 10 atacaba a todas por igual: planteaba la objeción de conciencia individual pero obligaba al profesional a garantizar el aborto si la gestante lo requería. Eso quedó en el olvido. Fue sustituido por el artículo 11, agregado anoche, que obliga a aquellas instituciones "que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia" a "disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó".
En buen romance “instituciones que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo” se llama objeción de conciencia institucional. Es una vergüenza el silencio de gran parte de la dirección del movimiento de mujeres, que oculta las gravísimas concesiones que encierra el proyecto del gobierno.
Acá no hay un ápice de improvisación – es una canallada en dos movimientos. Primero la objeción individual (¡es una victoria de todos modos! gritaban las que se quieren ‘desendeudadas’, mediante el pago de la hipoteca macrista (en el pasado la menemista), ahora la objeción institucional, cuando faltan segundos para el final del segundo tiempo (¡igual ganamos!). Los Fernández idearon esta ley de legalización, que excluye la atención de las tres cuartas partes de la atención de salud, desde el comienzo. En el Vaticano ya celebran una misa de acción de gracias.
¡Denunciamos que la objeción de conciencia deja libradas a su suerte al grueso de las trabajadoras bajo convenio! Las obras sociales -a partir de la desregulación menemista - tercerizaron la asistencia. En 2018, adelantaron su carácter de objetores la Clínica San Camilo, la Clínica Bazterrica, la Clínica y Maternidad Santa Isabel, la Clínica Del Sol, la Fundación Fleni, el Hospital Universitario Austral y el Sanatorio Mater Dei. Después se agregaron muchas más. Todas “conveniadas” con obras sociales sindicales. Viven del dinero de las trabajadoras pero se negarán a atenderlas.
Y no olvidamos que en las ciudades “provida” del interior es habitual que todos los médicos de el o los hospitales sean objetores, un atributo indispensable para no quedarse sin trabajo. No nos olvidamos de la persecución a los médicos de Tucumán que le hicieron el aborto a una nena de 10 años, ni el “traslado” forzoso de la única médica garantista de Rawson.
Este jueves, el Plenario de Trabajadoras en la Tendencia del Partido Obrero moviliza en el país y en el Congreso para garantizar que se vote de la ley de aborto legal, seguro y gratuito.
Rechazamos y llamamos a rechazar la objeción de conciencia y todas las concesiones a la derecha clerical y evangélica. De aquí en más, debemos seguir con el proyecto de la campaña Vamos por una segunda vuelta, con un gobierno de trabajadores.
Pagarán políticamente esta canallada.
