La ex cúpula de la AFI procesada por espionaje “ilegal”

Los procesamientos por las actividades de espionaje político llevadas a cabo por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri alcanzaron a quienes fueron sus máximos dirigentes, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otra decena de responsables, acusados por el “delito de abuso de autoridad de funcionario público”. Otro ex integrante fue también procesado por la “destrucción de documentos confiados a su custodia”.

El juez federal Ramos Padilla, quien ya había procesado por la misma causa a otros funcionarios de la AFI y dictado la prisión preventiva de un ex comisario, afirma que “existió un plan organizado y ordenado por las máximas autoridades de la Agencia para toda la provincia de Buenos Aires”. Siguiendo la cadena de mando, las responsabilidades deberían llegar a la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al ex presidente Mauricio Macri.

En la resolución del juez federal de Dolores -de 980 páginas- se incluye una extensa evidencia de actividades de espionaje realizadas por nueve de las denominadas bases “AMBA” de la AFI durante 2016 y 2017 quienes, según la resolución, “recopilaron, produjeron, analizaron y distribuyeron información de tipo político vinculada con las elecciones de medio término que se desarrollaban en la provincia de Buenos Aires (…) realizaron permanentes y constantes seguimientos a referentes políticos, sociales y gremiales, se consignaron datos de esos referentes, de locales partidarios y comunitarios e información de las patentes de transportes y/u otros vehículos utilizados para el traslado de manifestantes. Se verificó también que, en algunos casos, se fotografiaron y filmaron a las personas que participaban de distintas movilizaciones; se investigaron y consignaron datos personales de incontables referentes políticos, números de teléfono, domicilios, reseñas políticas y datos familiares, entre otra información sensible”.

Según la resolución, las fuentes de información que se detectaron para este espionaje son “labores de campo directas” (infiltraciones, fotografías y videos obtenidos por los agentes que integraban las bases) y “ciberpatrullaje” (compulsa de perfiles de redes sociales de diferentes referentes políticos).

En su inmensa mayoría, el espionaje fue hecho sobre organizaciones opositoras al gobierno de Macri – kirchneristas y de izquierda. En efecto, quien escribe esto y una enorme cantidad de dirigentes y organizaciones de Bahía Blanca figuran en estos informes digitales de la AFI almacenados en una carpeta titulada “CORRIENTESDEIZQUIERDA_1”. Lo curioso es que el único sobreseído de los responsables de las bases AMBA es precisamente el de esa ciudad. En su descargo señaló que “tecnológicamente siempre pedimos computadoras nuevas porque lo que teníamos era muy viejo, y jamás se nos dio, y solamente teníamos dos vehículos. Eso es todo lo que tenía la delegación Bahía Blanca”. Menos mal.

Todas estas actividades, según Padilla, no tenían por objeto combatir ninguna actividad que afectara la seguridad interior sino medir su impacto sobre “la gestión” del gobierno macrista. En su resolución, Padilla revela una extensa actividad de espionaje sobre sindicatos y manifestaciones obreras. También sobre las movilizaciones por exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado y de los familiares de los tripulantes del buque hundido “El repunte” de Mar del Plata.

Padilla concluye que este espionaje es “ilegal” ya que viola lo establecido por la ley nacional de inteligencia que exime en su texto del espionaje con motivos políticos o gremiales. Es notable que, sin embargo, los métodos y actividades ampliamente registrados en este informe por la AFI dependiente de Macri no sean para nada novedosos. Recordemos que el “Proyecto X”, implementado por los gobiernos kirchneristas, habilitó a la Gendarmería a infiltrarse en organizaciones y manifestaciones obreras -sin que hubiera nadie procesado por este atropello antidemocrático- y que la llamada “ley Antiterrorista” -aprobada bajo los gobiernos K- carátula de esa manera a conjunto amplio de actividades gremiales y políticas (los primeros apuntados fueron militantes ambientales contra las papeleras). Todo ello bajo el gobierno de Cristina Kirchner. En la actualidad, el “ciberpatrullaje” ha sido refrendada por la actual ministra de Seguridad Sabina Frederic “para medir el humor popular”, lo cual es precisamente lo que Padilla denuncia como ilegal sobre este espionaje macrista que duró hasta 2017.

El espionaje para responder a “cuestiones de seguridad interna” que se diferenciaría del “espionaje ilegal” es otro verso más del Estado y sus personeros. Stiuso integró las filas del aparato de inteligencia desde la dictadura hasta hace un poco tiempo y aún no hay un solo responsable político detenido por los atentados a la Amia, la desaparición de Jorge Julio Lopez o la masacre del Puente de Pueyrredón. La actividad de los servicios de inteligencia es contra los explotados, pero no es ajena por supuesto a la disgregación política del régimen que es incapaz de ofrecer una salida a la desocupación, la carestía y mucho menos la crisis humanitaria desatada por la pandemia.

Al fin y al cabo, esta resolución sobre actividades de espionaje se produce en medio de una feroz batalla judicial entre los dos ex presidentes que no han dudado ni dudan en realizar actividades de inteligencia para desarticular -infructuosamente- las luchas obreras y populares.