Tiempo de lectura: 3 minutos
Alagoas, siguiendo el ejemplo de los demás Estados y municipios de Brasil, está dando continuidad a un nuevo ciclo de endeudamiento público, al tiempo en que se profundiza el volumen de exenciones fiscales y el pago de la deuda pública ya existente, sin auditoría. Vale recordar la falta de cuestionamiento al no resarcimiento de los 5.500 millones de reales que la Unión debería haberle pasado al Estado como resultado de la ley Kandir, desde 1997. En momentos en que se discute el Plan Plurianual para los próximos cuatro años, el gobierno del Estado da continuidad a los principios de intervención estatal orientados hacia la privatización de la CEAL (en proceso), de CASAL (en marcha) y de las estatales restantes. Por otro lado, los empleados públicos continúan sin recuperar las pérdidas salariales debidas a la inflación, sin concursos públicos para la reposición del personal de planta, que en gran parte ya está próximo a la jubilación. Es decir que, dentro de cuatro años sólo tendremos un número reducido de empleados con las futuras jubilaciones.
El año pasado, Alagoas ya había tomado un préstamo a través del Banco do Brasil; este año pretende tomar un nuevo préstamo de casi 500 millones de reales. Además de este cuestionable nuevo préstamo tenemos que considera aún más grave el destino de este volumen gigantesco para la construcción de rutas en dos bloques (uno de 300 millones y otro de 117 millones de reales). En otras palabras, esos préstamos tenderán a potenciar a las contratistas que realizarán las obras y a los bancos que recibirán todavía más recursos a través de los intereses de la deuda pública de Alagoas. Tenemos que preguntarnos si lo que este Estado necesita es apoyo a la agricultura familiar, sustitución del modelo agroexportador basado en el latifundio, el fortalecimiento de los servicios públicos con garantía de reajustes anuales, la reposición de empleados públicos con garantía de planta, políticas de generación de renta y empleo; o nuevas carreteras.
Si no se hubiesen otorgado las exenciones fiscales no serían necesarios los préstamos y las futuras sangrías financieras que estos conllevan. En segundo lugar, el cuestionamiento a la ley Kandir podría representar una ampliación del ingreso sin gravámenes. En tercer lugar, la apertura de concursos públicos podría implicar la generación de más empleos que tendrían como correlato el mejoramiento de los servicios públicos y la reducción de los gastos con servicios privatizados aumentando el poder de compra de la población en general. En Alagoas el 90% de la población tiene al SUS como única forma de servicio médico.
Al mismo tiempo, el gobierno alega que amplió la inversión, sin embargo se trata de obras que inmediatamente son desarrolladas por Organizaciones Sociales, las que precarizan las condiciones de trabajo. Vale recordar que este gobierno creó Alagoas Ativos SA que le quita al Estado varias actividades anteriormente ejercidas por empleados públicos y que dificulta la transparencia en la gestión del Estado. El gobierno ha reducido el financiamiento de áreas fundamentales para la actividad económica. Esto se vuelve más claro con la Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) que tuvo ese año un presupuesto de 115,5 millones de reales y tendrá 68,8 millones en el año próximo: una reducción de casi el 50%.
Los agricultores sin asistencia técnica, sin semillas y sin proyectos, deberán ajustarse a un cuadro de mayor abandono. Según el Censo Agropecuario IBGE, estamos teniendo una baja inversión en agricultura.
La concentración de los recursos de los préstamos obtenidos en obras viales representa una desviación de su finalidad para la generación de nuevos ingresos para el Estado, que servirán para pagar esa deuda en el futuro. Tal iniciativa va más en el sentido de reforzar el sector de la construcción civil más que significar un cambio de orientación en el modelo de desarrollo que prioriza el monocultivo, el latifundio y el mercado externo y no contribuye a la generación de empleo y de mayores ingresos para el Estado. Para un Estado pequeño y con una buena red vial es extraña esta prioridad de inversión, especialmente cuando no se destinó casi nada al desarrollo social.
Por el contrario, este gobierno impulsa una ola de privatizaciones, con Organizaciones Sociales y sociedades público-privadas, practicando una rebaja salarial gigantesca y generando despidos en las empresas privatizadas. Lo que tenemos es la continuidad de una política de intervención estatal que se resume en cobrar impuestos a los pobres, establecer exenciones fiscales a los grandes monopolios, pagar intereses de deuda a los banqueros y privatizar todos los servicios público, haciendo aún más caro el costo de vida y aumentando el desempleo. O sea, sigue el modelo que aumenta el enriquecimiento privado y el empobrecimiento social de las masas.
(Traducción: Pablo Lodf/Rara Avis)
