Malvinas Argentinas: justicia por Antonella

El domingo 13, luego de una fiesta a la que había concurrido en el domicilio de Marcos Agüero, Antonella (de 18 años) fue encontrada por sus padres semi desnuda e inconsciente. Horas antes había dejado de contestar el teléfono. La extracción de sangre dejó la presunción de que había sido drogada. A pesar de este señalamiento, la justicia no habilitó el examen toxicológico ni tampoco la revisación médica para determinar lesiones en el momento.

Desde que hicieron la denuncia al instante del hecho, el patrullero que se acercó a la casa de Agüero ni siquiera acompañó a la familia a la comisaría, tuvieron que hacerlo solos. Ya en la Comisaría de la Mujer, la denuncia escrita no cuenta todo lo que Antonella relató, sino una supuesta "interpretación" de la oficial a cargo. No fue tenido en cuenta tampoco el shock y los efectos de la sustancia que dejó inconsciente a la víctima.

Luego, enviaron a la familia al Hospital de Traumas. Si bien le realizaron pruebas de VIH y otorgaron pastillas del día después (pastilla que la familia tiene que reponer para el hospital) no le realizaron la revisión médica de peritaje ante casos de abuso ni pruebas toxicológicas. En la Municipalidad de Malvinas Argentinas no les otorgaron asistencia legal ni psicológica para la familia , y en especial para Antonella.

La Fiscalía N°14 de San Martín no volvió a comunicarse. La familia tuvo que llamar para pedir que tomen la declaración de la madre, que fue quién encontró a Antonella; exigir las pruebas, y una perimetral para el acusado. La fiscalía le otorgó turno para revisión médica a partir de la insistencia de la familia recién para el día 21, más de una semana después del hecho, mientras que las pruebas toxicológicas han sido negadas de manera sistemática. Esta fiscalía tiene también varias denuncias realizadas por familias de José C. Paz a Franco Arrieta por abuso de menores y la investigación sigue dilatándose sin otorgar la preventiva, a pesar de haber varios casos y avanzado en las pruebas sobre el mismo.

El Estado está borrando las huellas de un abuso y dejando a la víctima y su familia sin posibilidad de encarar una denuncia contundente. Esta situación se repite cada vez que hay una denuncia, pasa lo mismo cuando desaparece una compañera o se denuncia violencia. Las instituciones del estado dilatan todas las investigaciones y terminan archivando los casos, sin justicia, con total impunidad y dejando sueltos a abusadores y femicidas.

La descomposición social va en aumento, de la mano de la miseria que se acrecienta y que se ha profundizado con la pandemia. Es sabido que en medio del desempleo, de la falta de vivienda, de la falta de posibilidad para la juventud de estudiar, la droga se esparce por los barrios sin ningún problema para entrar a destruir todo lo que esté a su paso. Los transas gobiernan los barrios con total complicidad de las comisarías. En la misma sintonía, se entrelazan con las redes de trata, que no existirían sin toda una estructura estatal de apoyo. Estos últimos días nos encontramos con el femicidio de Florencia, caso que intentó ser alertado por un vecino al #911 sin obtener respuestas. Desde el 2015, el movimiento de mujeres levanta una consigna -”el Estado es responsable”- que se sigue verificando caso tras caso, denuncia tras denuncia. Las mujeres nos encontramos totalmente a la deriva ante la impunidad que existe, expresión de la desidia total del Estado.

Se vuelve imperativo que tomemos como ejemplo las puebladas que se están realizando en Jujuy y Tucumán en contra de la violencia hacia las mujeres. Es urgente que nos organicemos en todos los barrios, mediante asambleas, y convoquemos a las compañeras y compañeros y discutamos integralmente el problema de la violencia. Necesitamos estructurar comités barriales que organicen a los vecinos a partir de los casos que vayan surgiendo.

Exigimos a la Fiscalía N° 14 de San Martín la prisión preventiva urgente de Marcos Agüero y de Franco Arieta.

¡Que le realicen los exámenes toxicológicos a Antonella! Que el estado les garantice un abogado y asistencia psicológica y se dejen de dilatar las investigaciones.

El estado es Responsable.