Crisis política en Santa Fe: una asociación ilícita al amparo del Estado

La crisis política desatada con las investigaciones sobre delitos de juego clandestino en Santa Fe está lejos de encontrar un desenlace.

Ha quedado expuesto un entramado político y judicial con el objetivo de hacer la vista gorda y cajonear causas a cambio de suculentas sumas de dinero.

Por un lado, está el capitalista Leonardo Peiti, hoy “arrepentido”, quien despliega a lo largo del territorio el negocio de los juegos de azar. En la vereda de enfrente, están el ex fiscal regional que tenía bajo su competencia a la ciudad de Rosario y alrededores, Patricio Serjal, y un también depuesto fiscal de menor jerarquía, Gustavo Ponce Asahad. Los tres se encuentran imputados por orquestar una asociación ilícita, a la cual, a partir de sus testimonios, se ha incorporado el senador justicialista Armando “Pipi” Traferri. Según las investigaciones, Traferri oficiaba de garante político de la impunidad de estos fiscales, junto a un fallecido ex apoderado del PJ santafesino y eterno secretario de la legislatura, Ricardo Paulichenko.

Si bien el Senado votó en contra del desafuero de Traferri, aún existen posibilidades de que el proceso en su contra siga adelante, si se declara la inconstitucionalidad del artículo que impide el procesamiento penal de un legislador. Cualquiera que sea una resolución judicial sobre el mismo, cada día que transcurre el “Pipi” se ve más arrinconado.

Como si fuera poco, en esta guerra de carpetazos, Traferri argumenta que se trata de una persecución política del ministro Marcelo Saìn, y que éste actuaría bajo la orientación de Perotti. En más de un medio local se ha hecho referencia a la necesidad del gobernador de “domesticar” a la propia tropa, con las elecciones del 2021 a la vuelta de la esquina. Traferri y sus secuaces del “Nuevo Espacio Santafesino” -donde también milita la vicegobernadora- votaron el prepuesto del ex gobernador Lifschitz en 2019, cuando comenzaba el período 2019-2023, y, en la legislatura, hacen causa común con el Frente Progresista en otras iniciativas trascendentes. La fractura del gobierno parte de muy arriba.

Los últimos 20 años de la política provincial encuentran un derrotero común: corrupción y crimen organizado apañados por el Estado Provincial, de parte de todos sus poderes, en la prosecución de estos negociados multimillonarios y su impunidad. El entramado delictivo se encuentra entrelazado con todo el proceso capitalista de la provincia, signado por los puertos privados, el juego y la especulación inmobiliaria, todos ellos canales de la fuga de divisas y el lavado de dinero.

Son esos intereses sociales los que la clase obrera de la provincia enfrenta en estos momentos con una lucha histórica. Pican en punta los aceiteros, recibidores de granos y portuarios que desde hace semanas se encuentran en huelga mediante piquetes y asambleas por las reivindicaciones básicas que hacen a su sustento diario y que han puesto en vilo a toda la clase capitalista nacional e internacional. Del otro lado de esta lucha obrera, hay un régimen político hundido en la división y el fango.