No hay dos sin tres, otro quórum del aparato del PO (O) para Capitanich

Escribe Carlos Sandoval

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El mismo día en que una movilización era desalojada por la fuerza de la plaza central de Resistencia, la legislatura chaqueña aprobaba la ley de juicio por jurados para procesos civiles y comerciales. Según su art. 1°, este tiene por objeto “garantizar la participación ciudadana en la administración de la justicia civil y comercial de la provincia del Chaco”. Al día siguiente, cuando trascendieron algunos detalles de la bochornosa sesión -no por los forcejeos, gritos e insultos, que los hubo, sino por la posición y actuación del PO (O)-, se produjo una represión todavía mayor sobre los movimientos sociales que reclamaban contra la represión precedente. Todo esto, en un contexto de quiebra económica provincial, donde una familia de cuatro integrantes necesita $ 49.000 para no quedar en la pobreza, que alcanza al 48,7 % de la población. La indigencia, mientras tanto, llega al 18,2% (datachaco.com, 19/12; diario Norte, 01/10). ¿Qué une todos estos hechos? La naturaleza de clase del Estado.

Juicio por jurados

El juicio por jurados no es el resultado de un reclamo popular, sino una iniciativa del gobierno de Capitanich. No promueve ni garantiza ninguna participación popular en la “justicia”, ni tampoco tiene por finalidad resolver los problemas judiciales de los trabajadores. Por el contrario y como viene sucediendo con las distintas reformas procesales de los últimos años, su objetivo es resguardar económicamente a las empresas contra la población. Como antecedentes a esta "reforma", tenemos a los procesos monitorios, que refuerzan los juicios ejecutivos y el cobro compulsivo de deudas contra miles de familias acorraladas entre la necesidad y la usura; o las medidas anticautelares, a fin de amurallar al Estado de cualquier intento de cuestionamiento a las polìticas sobre medio ambiente, hábitat y otros agravios contra la población. Como veremos enseguida, el juicio por jurados para casos civiles y comerciales se inscribe en esta saga.

Por caso, no se aplicará a las responsabilidades contractuales, es decir, a las decenas de miles de juicios ejecutivos contra los trabajadores o los desalojos por alquileres impagos, pero sí a los casos de responsabilidad extracontractual, por ejemplo accidentes, cuando el reclamo supere 150 salarios mínimos (al día de hoy, $ 3.000.000). Es decir, juicios de responsabilidad donde los demandados, en definitiva, serán empresas y compañías de seguros; y los demandantes, mayoritariamente, trabajadores. También se aplicará cuando haya afectación o daño sobre derechos o bienes colectivos, por ejemplo, todo lo relacionado con el medio ambiente.

¿En qué radica la cuestión? En que basta que uno de los doce miembros del jurados esté por el rechazo de la demanda, para que en definitiva esta sea rechazada. Y para quien quiera evitar este desenlace, el nuevo sistema lo lleva a la mediación y a la transacción, es decir a ceder parte de su reclamo. Gracias a la banca del PO (O), ahora se incluirá este sistema también para las demandas contra el Estado.

¿En qué consistió el bochorno protagonizado por la banca del PO (O)? Según la denuncia pública de la UCR -no desmentida-, Aurelio Díaz se retiró de la sesión argumentando una cuestión de salud; y luego volvió para dar el quórum que faltaba ante un llamado de Pedrini, presidente del bloque justicialista y principal espada de Capitanich.

Hasta acá, nada que sea desconocido. Amagar con dejar sin quórum, ser llamado, volver y permitir la aprobación de la ley de que se trate. Antes, el presupuesto de Coqui, luego del plan de venta de terrenos y edificios estatales… y ahora una reforma judicial, es decir, una ley relativa a una parte del corazón del Estado. Antes, por componendas escandalosas, y ahora, sin que deban descartarse componendas añadidas, dando cuenta de un pasaje más o menos explícito a la coalición de gobierno.

El aparato que dirige el PO (O) ha salido a defender entusiastamente la conducta de su banca en el Chaco. El artículo de Juan García al respecto(https://prensaobrera.com/politicas/juicio-por-jurados-en-chaco-una-posicion-independiente-frente-a-la-disputa-por-el-control-de-la-justiciaf/) es clarificador respecto de las diferencias estratégicas entre este aparato, por un lado, y el Partido Obrero Histórico y nuestra Tendencia, por el otro.

La caracterización del aparato es que esta ley es un eje de disputa entre el PJ y la UCR por el control de la Justicia. Según García, no habilitar el quórum, como hizo la UCR, hubiera sido convalidar al sistema judicial actual, y aprobar la ley hubiera significado colocarse en el bando del gobierno, lo que no debería hacerse porque la reforma es “cosmética” y porque el gobierno, inconsecuente y ladino, actúa “sistemáticamente, en los estrados judiciales, para controlar y regimentar a la justicia”. La posición "independiente" del PO consistió en brindar quórum, o sea, viabilizar la votación de la ley, y luego pedir que el proyecto "permanezca en cartera", o sea, que la ley continúe discutiéndose en una comisión de la legislatura.

Sólo quién ha superado la barrera del ridículo puede sostener que si el gobierno quiere que se apruebe una ley y el radicalismo no quiere, pedir que se postergue la votación (que en definitiva es eso la “permanencia en cartera”) constituye una posición independiente. Por lo menos no tuvo el atrevimiento de decir que se trata de independencia de clase, aunque es lo que pretende que la militancia interprete.

Pero dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. A fuerza de reclamarse independiente, el aparato coincidió tanto con el radicalismo-macrismo, como con el justicialismo-macrismo – el diputado del PRO votó a favor.

Con la UCR, porque la postura de esta fue que el proyecto permanezca en cartera; y sólo se retiró ante la insistencia del gobierno en aprobarlo. Y con el gobierno, porque la banca del PO (O) hizo un “aporte” al contenido de la ley: propuso que también se aplique a los juicios contra el Estado. Es decir que la ley que no debiera aprobarse, según el PO “oficial”, sin embargo, ¡puede ser mejorada con el aporte del PO (O)!

El aporte, tomado al vuelo por el gobierno, probablemente sea inocuo en sus consecuencias jurídicas, ya que el Código Civil y Comercial nacional del kirchnerismo coloca a la responsabilidad del Estado en la órbita del derecho administrativo, sacándolo del fuero civil y comercial. De todas maneras, lo que importa es la intención. Una reforma judicial impulsada por el gobierno y no contra él, tiene el aporte del aparato del PO (O).

No existe ninguna "neutralidad": el PO (O) facilitó y contribuyó a la aprobación de un proyecto que refuerza la capacidad de coerción y maniobra del bloque político que maneja el Estado chaqueño contra los explotados. El quórum y los "aportes" al proyecto colocan al aparato oficial en el campo del "apoyo crítico" a Capitanich.

García contrasta la propuesta de reforma del gobierno con otras actitude referidas exclusivamente a la administración de justicia. Por un lado, es una forma de "elogiar" el proyecto votado, al que opone a las medidas judiciales "reaccionarias". Por el otro, es una forma de apartar a la cuestión judicial de la política general del gobierno. El PO (O) ha apuntalado al Poder Judicial del Estado, una de las salvaguardias del mismo contra la clase obrera.

La reforma impulsada por Capitanich no va en contra del sistema judicial actual ni de la corporación de jueces. Por el contrario, los integra y complementa. El “jurado popular”, estará bajo la tutela de esos mismos jueces. La oposición de la UCR no es de principios: sólo obedece a que la cuestión aún no ha sido objeto de un acuerdo entre los distintos colegios profesionales de abogados -donde tiene mayoría de adherentes provenientes de las filas de la Franja Morada-, y en donde revisten quienes están atados a los intereses de compañías de seguros y quienes litigan contra éstas. Si esta crisis al interior de las camarillas estatales y judiciales llevaba a la caída de la sesión, el lugar de una banca revolucionaria no era salir al rescate de una de ellas.

Al proponer que se incluya al Estado entre los demandados posibles dentro del sistema de juicio por jurados y, por lo tanto, colaborar con una reforma que se presena como“democratizadora” de la justicia, el aparato del PO (O) contribuyó a embellecer la dominación de la burguesía, que logra así encubrir mejor su naturaleza de dictadura del capital.

Quien lo entendió mejor que Juan García, o por lo menos lo puede explicar abiertamente sin pretender manipular al activismo obrero, fue Juan Manuel Pedrini, presidente del Interbloque de diputados del Frente Chaqueño.: "La UCR no logró impedir que con la participación de ocho bloques políticos el parlamento chaqueño, sea el primero en Sudamérica que crea tribunales populares, y extienda la mediación a todo el Chaco (…) Esta ley fue votada, algunos a favor y otros en contra, por ocho bloques políticos que reunieron en total 16 votos. Fue votada por diputados del CER, del PRO, del PJ, del NEPAR, del PTP, del Frente Grande, de Igualar, y del Partido Obrero", (https://datachaco.com/contenido/110499/pedrini-la-ucr-no-impidio-que-se-sancione-la-ley-que-crea-tribunales-populares). Es decir ¡viva la democracia!

No hay dos sin tres: el aparato ya es una pieza insustituible de la coalición de gobierno.

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