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El aparato del PO ha decidido saludar a los diputados que cesaron su mandato con un acto de impudicia política. Después de dos años de votaciones a favor de leyes de claro cuño patronal o del otorgamiento de quórums con la misma finalidad, ha salido a rescatar esta gestión con toda suerte de elogios, sin mencionar siquiera una vez las críticas fulminantes que recibió este parlamentarismo humillante en cada una de esas ocasiones. Es, como señala el título, una impudicia – deshonestidad y falta de vergüenza. Cuando se tienen presente los quórums otorgados a Capitanich, en Chaco, para legalizar negociados enormes o el voto sionista en la legislatura porteña (un caso único en la izquierda en todo el mundo), más lo ocurrido en el Congreso nacional, resulta claro que el texto fue pergeñado por una camarilla de malversadores.
Cuando el texto califica a la actuación en la legislatura como “propio de un partido revolucionario que está en conexión directa con la banca”, pretende hacer responsables a los militantes de los atropellos cometidos por el titular de la banca y el elenco de sus ´asesores´. El ´partido´ está ´desconectado´ de la banca y, por sobre todo, de un programa socialista e internacionalista.
El autor del texto endilga “al partido” el voto en el Congreso Nacional a la llamada ley de “emergencia alimentaria” que confeccionaron Macri y Alberto Fernández para sacar a los piqueteros de las calles y asegurar “la transición ordenada”, enfrentando incluso la oposición de Izquierda Socialista. La responsabilidad es de la clique ´asesora´, que nunca ha consultado o discutido la política parlamentaria. Lo mismo vale para el quórum, que facilitó con el PTS, a la reforma de las jubilaciones judiciales que reclama el FMI, para usarla como punta de lanza de un ataque a todos los regímenes de jubilaciones especiales (docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza).
En el caso de los quórums reiterados ofrecidos a Capitanich, lejos de ser el fruto de la deliberación colectiva de un partido, es el resultado del entrelazamiento que se ha gestado entre la camarilla del gobernador chaqueño y el grupo que comanda Juan García, con el respaldo del aparato oficial. Esos quóruns sirvieron para aprobar al presupuesto de Capitanich; para la venta (privatización) de predios públicos y -hace días- a un nuevo régimen de derecho comercial y civil. En Córdoba sirvió para apoyar el ajuste en el Estado -camuflado con un recorte de sueldos jerárquicos. En el caso de Salta nos hallamos ante un caso de usurpación, porque el diputado Claudio del Pla ha rechazado de plano seguir la orientación de la mayoría de la dirección del partido en la provincia. Guillermo Kane, diputado en la provincia de Buenos Aires, pretendió un momento de fama con la convocatoria al conjunto del pejotismo para viabilizar un juicio político a la ex gobernadora Vidal.
Esta in-conducta legislativa, incluido el voto a favor de la ley impulsada por Netanyahu y la cancillería argentina, por un lado, y el FdT y JpC en la legislatura, por el otro, que califica como delito penal la crítica al sionismo, es transferida por el autor del artículo a la responsabilidad “del partido”, sin mencionar, por supuesto, ninguno de esos bochornos. En su momento, sin embargo, el mismo que reivindica la ´gestión colectiva´ del trabajo parlamentario, le había atribuído el voto al sionismo a “errores del equipo parlamentario” – una admisión forzada de culpabilidad, propia de regímenes políticos siniestros. En este caso, la gestión colectiva o de partido consistió en liberar a Gabriel Solano, el diputado del PO oficial en la legislatura, de su entera responsabilidad política, ¡acompañado por Myriam Bregman!, que no descarga la suya sobre nadie, ni sobre ella misma.
Ocurre, sin embargo, que el uno y la otra fueron adverttidos de lo que iban a votar por el repudio de la diputada de AyL o sea en tiempo real; o las advertencias de Pérez Esquivel y organizaciones palestinas, con dos semanas de anticipación, publicadas en Izquierda Diario, y los ocho días que los legisladores del FIT se tomaron para abjurar de su “error”, en medio de críticas de todos lados, ante la embajada de la Autoridad Palestina, la cual acaba de renovar su acuerdo con los organismos de seguridad de Israel para actuar como filial de la policía sionista en Cisjordania. En resumen, la gestión colectiva de la labor parlamentaria consiste en hacer responsables a los militantes por una política anti-revolucionaria en el parlamento. Quienes luego formaríamos la Tendencia, advertimos tempranamente este giro político hacia la integración parlamentaria con el Estado.
En los días más álgidos de la crisis del PO, el aparato partidario publicó un boletín interno que exigía, firma mediante, una suerte de declaración jurada de fidelidad partidaria
de parte de todos sus parlamentarios. La medida es anti-estatutaria en lo que hace al PO, e ilegal e inconstitucional en lo que hace al llamado “estado de derecho”. Pero el aparato no advirtió que este afán de disciplinamiento burocrático de los parlamentarios, lo convertía en responsable de todas las acciones de ´sus´ diputados. La declaración de fidelidad partidaria echa una sombra de sospecha hacia quienes va dirigida, porque esa fidelidad es el principio básico de la militancia. La ´fidelidad´, de cualquier modo, no es una forma de gestión colectiva, que supone, primero, una discusión colectiva, que no existió nunca, a pesar de las decisiones tomadas por la Asamblea de parlamentarios que se convocó, por iniciativa de Altamira, a finales de 2013. Esa fidelidad juramentada rodó al subsuelo cuando los abusos en Chaco o Caba fueron caracterizados y definidos como “errores”, en el primer caso error del diputado, en el segundo del “equipo parlamentario”.
La declaración jurada exigida a los legisladores convertía en papel mojado la fidelidad que debían tener por el programa, y la obligación, de parte del aparato, de fundamentar su política parlamentaria y el control de sus representantes por medio de la discusión pública y la responsabilidad de sus organismos colectivos.
La reivindicación de un trabajo “de partido” tiene el propósito avieso de eximir de responsabilidad a los diputados y al aparato, para endilgárselos a todo “el partido”. Es un acto de pura perfidia enlodar a todo el partido con semejante gestión. La labor parlamentaria del PO oficial es el monopolio improvisado de una camarilla.
Esta política de aparato apuntaba a adecuar la acción parlamentaria a las conveniencias electorales, según la interpretación del propio aparato, bajo la presión de la llamada ´opinión pública´ de cuño mediático. Es el hilo conductor de las improvisaciones parlamentarias, en función de los prejuicios políticos del momento y de las campañas de los medios de comunicación. El FIT votó a favor de la ley Micaela, que propugna formar en “la perspectiva de género” a la burocracia del “Estado responsable” – en primer lugar, la policía. Una verdadera estafa a la lucha contra la violencia contra la mujer.
Los asesores-redactores del artículo no se han limitado a este trabajo vergonzoso de ocultamientos. En el caso de la CABA, consideran que con la tarea de Solano “han sido “superadas las experiencias parlamentarias pasadas del PO”, puesto que esta vez “no fue la intervención personal de un ´legislador de izquierda”, sino, como dijimos antes, la de “un partido revolucionario”. Bien mirado, se trata de un elogio contundente a la labor de un no mencionado legislador.
El autor, sin embargo, no se detiene, por supuesto, en determinar si esa “intervención personal” pasada encarnó o no una cierta estrategia política, ni puede descerrajar contra ella quórums o votaciones a favor del fortalecimiento del estado capitalista o del engaño al pueblo. Este tardío descubrimiento de la labor personal apunta, en realidad, a quebrar una tradición histórica de parlamentarismo revolucionario, como no existió antes en la Argentina. El redactor ni se detiene a analizarla, a pesar de que algunos aspectos de ella han tenido alcance histórico.
Las seis horas del subte, la mayor conquista legal y política de estas dos décadas del movimiento obrero, fue un reclamo largamente discutido y preparado entre los delegados del subte y la banca del PO – fue una intervención directa de los trabajadores en una acción parlamentaria. El rol descollante corresponde a Charly Pérez, delegado del taller Rancagua, quien vio antes que nadie las posibilidades de movilización que ofrecería un proyecto de ley, en un medio laboral que se encontraba en claro reflujo, aunque alterado por la irrupción de una nueva generación de activistas. El proyecto, antes de ser presentado, fue preparado políticamente por medio de una agitación reivindicativa de diferentes características, con la colaboración de la banca parlamentaria. Es así que antes del tratamiento de las 6 horas, Altamira logró que se aprobaran declaraciones sobre distintos conflictos laborales en el subte -por ejemplo la de los guardas - que luego volanteábamos en las líneas.
La lucha de las seis horas fue una formidable escuela política para la vanguardia del subte. Esta lucha contribuyó decisivamente a vertebrar el “cuerpo de delegados” del Subte, y más tarde el sindicato. Describir a esto como parlamentarismo personal es una provocación contra la clase obrera. El veto de Ibarra a la ley dio lugar a la denuncia de las prebendas que recibieron los diputados de los partidos patronales para no insistir en su promulgación, cuando la votación inicial había recibido la adhesión el 75% de la legislatura. El veto fraudulento desenmascaró al parlamento como instrumento patronal, lo contrario a darle quórum o a votar por el sionismo junto con el FdT y JxC. Pero la acción parlamentaria hizo algo mucho más siginficativo: alteró para siempre el cuadro político en el subte – surgía una nueva dirección.
El veto fue respondido con una huelga general; otra huelga general, un año después, arrancaría la aprobación. La acción de nuestro partido y su diputado en el Parlamento fue una palanca para la acción directa, estaba puesta a su servicio. El aparato ataca esta experiencia para apañar a Solano y para dejar sentado que su estrategia política es por completo la contraria. Altamira hizo un trabajo de partido, no porque hubiera firmado una declaración jurada a un comisario político, sino por la fidelidad a la estrategia del marxismo y del PO. Como ocurrió cuando fue miembro informante de la primera Asamblea de Trabajadores Ocupados y Desocupados, punto de partida del ascenso clasista posterior a 2002.
Para dejarlo como registro, digamos que, en ese mismo momento, Altamira votó SOLO, contra TODA la Legislatura y contra TODA la izquierda, contra una ley de emergencia sanitaria trucha, la cual, salvando las obvias diferencias de circunstancias históricas, ocupó un lugar parecido al de la emergencia alimentaria que se votó el año pasado. En medio de la catástrofe social del 2001, y de la afluencia masiva de desempleados a los hospitales, la “emergencia” no implicaba el reforzamiento de planteles, salarios o insumos sanitarios, sino una readecuación mentirosa del personal existente -y su flexibilización- a las circunstancias de la crisis. Altamira se enfrentó con todo el “centroizquierdismo” sanitario; sacamos un folleto especial; criticamos el asistencialismo ajustador…formamos una corriente en el movimiento de la salud, mientras Izquierda Unida nos acusaba de ´funcionales a la derecha´. Nos preguntamos: ¿cómo hubiera votado el actual aparato, el que le da quórum a Capitanich, el que votó la emergencia alimentaria, el que aprobó la ley sionista? Al día siguiente de la votación que Altamira perdió 59 a 1, una manifestación de enfermeras llegó a las puertas de la legislatura para repudiar la ley recién aprobada.
El juicio sobre la actividad parlamentaria de Altamira, no puede darlo un aparato que ha degenerado políitcamente. Pero lo dio alguien insospechado de simpatías por el socialismo. En efecto, en la última sesión parlamentaria, en octubre de 2003, el diputado de derecho Crespo Ocampo, de la Ucedé, pidió la palabra con el único propósito, dijo, para denunciar “la labor subversiva del diputado Altamira en el seno de una institución del Estado, durante casi cuatro años”, en contraste con la “colaboración” (textual) prestada por parte de los diputados Echegaray y Ripoll, de Izquierda Unida.
No tiene mayor sentido insistir acá sobre lo que significó haber construido, DESDE LA NADA, un movimiento de enfermería a partir de 2015, con asambleas y jornadas masivas en la Legislatura. A este labor de Ramal ahora se le adjudica un carácter “personal”. El macrismo, en 2016, organizó una encuesta digital para consagrar el “proyecto preferido por la gente”, con el evidente propósito de conseguir el apoyo para su iniciativa de prohibición de los trapitos. No, ganó nuestro proyecto de enfermería, el que presentamos en dos oportunidades, gracias a una movilización formidable que organizó la votación en los hospitales de la Ciudad. De otro lado, cuando ocurrió el desastre de Time Warp, y se desató una crisis política en la Ciudad, macristas y kirchneristas acordaron un “severo” pedido de informes, para que los funcionarios “dieran cuenta” sobre las irregularidades de la inspección previa a la fiesta electrónica. Ramal, SOLO, o sea, de acuerdo a la actual versión del aparato, como legislador “personal”, denunció la maniobra política que “busca disipar la crisis planteada”, y denunció un proyecto que muestra “el carácter pérfido de la Legislatura como institución del Estado”. Esta fue la impronta de nuestra intervención.
Un aparato es siempre burdo en sus acciones y argumentaciones. Pero complejo en su entramado de complicidades, que apuntan a la preservación de sus posiciones jerárquicas. La redacción regular de panegíricos es una forma de ocultar esae trabajo de usurpación. Todos los aparatos han intentado ´corregir´ los hechos históricos. Tratan de salvar políticamente al personal que lo integra, pero no consiguen ni podrían conseguir elaborar un programa, porque los aparatos son accidentes políticos, y no una necesidad del desenvolvimiento de la lucha de clases y el movimiento de la clase obrera.
En lo inmediato, el balance impostor apunta a blindar la deriva electorera y carrerista. Los que creen que escribimos “demasiado” sobre esta lucha política se equivocan: en verdad, escribimos “demasiado” poco. La defensa del Partido Obrero y de su perspectiva estratégica nos va a obligar a escribir mucho más; los usurpadores ya preparan nuevos fraudes. La verdad es siempre revolucionaria. A partir de ella, luchamos para que los luchadores de la clase obrera se conviertan en la vanguardia de la revolución socialista internacional.