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El asunto del asesinato o suicidio de Nisman es una metódica campaña de encubrimiento de la pelea entre servicios de inteligencia, que disputan el control de la política en Argentina. La reciente serie de Netflix deja en claro esto, que ha sido claro desde un principio. El azuzamiento del tema por parte de los medios, de uno y otro lado, es la expresión de un proceso de desestabilización política que Trump y el FBI no ocultan –por el contrario se empeñan en hacerlo saber a través de la prensa. La operación desestabilizadora se ha expresado, en estas horas, con la escalada de versiones e “informes” en favor de que Nisman habría sido asesinado, pero con un ingrediente muy especial: al frente de estas versiones se ha colocado un hombre del oficialismo, el mismismo Sergio Massa. La desestabilización, por lo tanto, corroe desde adentro a la precaria coalición de gobierno.
Alberto Fernández acaba de cambiar por enésima vez su agenda de viajes al exterior, para ir ahora al Vaticano y a Israel, con el propósito de que intervengan para calmar aguas. Mientras todo recordatorio o “memorial” por los millones de judíos gaseados a muerte en los campos de concentración de Hitler es una cita de honor para cualquier demócrata, hacerlo en compañía de Netanyahu es un despropósito pues se trata de alguien que tiene en una prisión abierta a más de un millón de palestinos, cuya población civil es bombardeada con rutina, que impulsa una guerra general en el Medio Oriente y que destruye sin clemencia viviendas e infraestructura para seguir adelante con una política colonial.
En 2003, Néstor Kirchner dejó en pie todo el aparato de inteligencia que había heredado de la dictadura militar y de Menem –el primer encubridor del atentado a la AMIA. ‘Jaime’ Stiusso, ahora lo dice incluso un entrevistado de la CIA, fue siempre un agente yanqui y del sionismo. Su continuidad como operador clandestino en el poder judicial fue dirimida en una crisis entre el fallecido presidente y su breve ministro de entonces, Gustavo Béliz. Es el aparato de inteligencia que desbarató la investigación del aparato local que ejecutó el atentado y desvió la mirada hacia Irán, un probable instigador al que sin embargo no se le ha probado nada. Natalio Nisman fue la criatura engendrada por esta asociación clandestina, que no aportó nada a la causa durante el largo período kirchnerista, o sea que contribuyó al encubrimiento de los responsables.
Es claro que este contubernio se rompió cuando Cristina Kirchner consiguió la aprobación del Congreso de un memorando con Irán, que tenía la supuesta finalidad de acabar con un impasse, pero que fue denunciado como una reorientación de la política exterior de Argentina. La ruptura fue sangrienta, pues hacia finales de 2014 el grupo Halcón de la provincia de Buenos Aires asesinaba a un ladero de Stiusso, el Lauchón, en su propia casa, que fue seguido con la salida de Stiusso del país. El retorno de Nisman de Europa, la presentación de cargos contra CFK, la habilitación del Congreso para una audiencia por parte de dos legisladoras macristas y la muerte de Nisman es la secuencia de esta crisis política. La acusación de que el memorando habilitaba una triangulación diplomática entre Chávez, CFK y los ayatollas es verosímil, con la inclusión de Evo Morales, pero no tiene el alcance de un delito común ni tampoco político –o sea inconstitucional. Fue una denuncia guionada por Estados Unidos, incluido el propósito de obtener una derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015, que tenía vedada la participación de la Presidenta de entonces. El memorando representaba un sinsentido en otro aspecto, porque convertía a Irán en sospechoso y hasta acusado de un delito al que nadie aportó una prueba. La autoría material e intelectual del crimen contra la AMIA sigue guardada bajo cuatro llaves. Por otro lado, servía, otra vez, para encubrir la llamada ‘conexión local’. Ahora en el gobierno, los Fernández se han abstenido de calificar como un acto de guerra el asesinato del iraní Soleimani –algo que sí han hecho varios congresistas demócratas de EEUU.
La llamada Justicia no va a llegar a ninguna conclusión sobre lo ocurrido con Nisman, hasta que no reciban la autorización de los servicios –nacionales y extranjeros. La interventora en la AFI, Cristina Camaño, no parece haber recibido instrucciones para hacer una contrainteligencia contra la ex Side, para avanzar en el tema. Tenemos así abonado el terreno para un operativo de desestabilización política contra los Fernández, para alinearlo con la política de Trump y con el sacrosanto respeto a la deuda externa fraudulenta, que sirve a una política de confiscación de los trabajadores.
Reclamar al estado capitalista que abra los archivos de los servicios, ni qué decir de que además los desmantele, es un acto de lesa ingenuidad. Son el corazón del Estado. En este asunto como en todos los demás, la vía de salida es desmantelar el estado capitalista por medio de un gobierno de trabajadores.
