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En el marco del debate parlamentario por el aborto legal, el PDT – T de la provincia de Santa Fe impulsó la lucha de norte a sur del territorio.
La provincia registra desde hace años altos índices de violencia hacia las mujeres y disidencias. Los terribles casos, como la violación en manada de una adolescente en Rosario, aparecen con cada vez más mayor. Los tironeos de poses con ‘perspectiva de género’ se sucedieron del Frente Progresista al gobierno peronista de Omar Perotti, quien hizo alardes electorales con un ministerio de género e igualdad que estuvo un año sin presupuesto.
El Gobierno del PJ afirmó ahora que el presupuesto 2021 es el “primero en la provincia con perspectiva de género”, pero de los 5.550 millones de pesos asignados, el 95% se destina a tres programas que ya se venían desarrollando de antes, y que forman parte de pensiones, aportes y becas de otras áreas de gobierno, como Desarrollo Social. No hay un solo registro de cuánto dinero se destinará para los programas de salud sexual y reproductiva, la ILE, la educación sexual integral o la prevención de la violencia.
Es que el problema no es sólo presupuestario. El crecimiento de femicidios y travesticidios refleja una descomposición general, que se completa con el ataque a las condiciones de vida de la clase obrera de la provincia. Las propias responsables del área de género comenzaron la gestión despidiendo a trabajadores y trabajadoras precarizados de diferentes dependencias. El Gobierno de Perotti no sólo quitó las paritarias e impuso bonos miserables, sino que avanzó con la precarización laboral, convocó a los trabajadores de la salud a trabajar ´ad honorem´ (¡gratis!), y eliminó conquistas, como el bono para reemplazantes o las titularizaciones docentes.
Derechos sexuales y reproductivos
Este escenario profundizó la propia desarticulación de los equipos de salud. Se denuncia una estratégica de desinformación a los equipos en cuanto a la implementación de protocolos y la inexistencia de capacitaciones. No se han explicitado las vías de derivación entre los niveles de atención, enfrentando los equipos numerosos problemas para la referencia y contra referencia de mujeres que solicitan ILE, sobre todo cuando se requiere la práctica de aspiración (AMEU), o sedación (situaciones de abuso o edad gestacional avanzada). Para poder efectivizar dichas derivaciones se apela al voluntarismo de referentes informales, ante el incumplimiento de quienes ocupan cargos de gestión.
Se evidenció durante todos estos meses una falta de anticonceptivos y preservativos en todos los efectores de primer nivel de la provincia. En cuanto al acceso del tratamiento medicamentoso (misoprostol) persiste la burocratización en los circuitos de pedido y entrega del fármaco, el cual es un medicamento esencial reconocido por la OMS, por lo cual debería garantizarse este recurso en forma ininterrumpida y oportuna.
A su vez, hay diferencias territoriales muy marcadas. Respecto a la zona centro norte, el abandono y las falencias son mayores. Se limitaron las intervenciones en casos de gestas avanzadas, teniendo que derivar a Rosario a estas mujeres, cuando puede significar una internación de varios días, pudiendo resolverse en unas horas con la técnica adecuada. Posteriormente se sumó el agravante de que el traslado debe estar a cargo de la paciente o los equipos de primer nivel que no tienen ninguna injerencia en el transporte de la provincia. Por otra parte, los escasos profesionales que se encuentran capacitados para garantizar el acceso a los derechos sexuales, no cuentan con el suficiente y oportuno respaldo político.
El personal del servicio con mayor complejidad gineco - obstétrica del centro norte provincial, el hospital Iturraspe donde falleció Ana María Acevedo, se arroga el privilegio de denegar totalmente el acceso a la ILE, y eventualmente a la anticoncepción quirúrgica. Así, el riesgo obstétrico en ese efector se ve incrementado debido al maltrato hacia las pacientes y la desidia en la atención de las situaciones más complejas/urgentes.
Pero la situación no es del todo diferente en otras zonas. Persisten las barreras en el acceso al tercer nivel, manteniendo “obstructores a conciencia” en jefaturas de servicio y direcciones de hospitales, esto, aunque algunas situaciones son abordadas en este nivel resultado de la lucha y la militancia por la garantía de la atención integral del aborto en el hospital.
La lucha por la implementación del aborto legal
Los desafíos que dejó planteados la votación del aborto legal en el Congreso, se complejizan y toman una mayor relevancia en una provincia como la de Santa Fe con este escenario presente. El Plenario de Trabajadoras Tendencia realizó actividades en Reconquista, Santa Fe, Rafaela y Rosario, luego de armar plenarios y charlas. Estuvimos en las plazas de las ciudades con mesas de agitación, volantes y periódicos, con grupos de compañeras que llevaron la lucha de la legalidad en la provincia y conquistaron numerosas adhesiones. Habrá que balancear este proceso, debatir con el conjunto del activismo cómo superar estas trabas, y lograr la efectiva aplicación de la IVE en la provincia y así sacar las mejores conclusiones para continuar la lucha por este y otros derechos.
