La situación de los trabajadores de la salud en Argentina durante la pandemia

Escribe Silvia Carranza

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Los trabajadores de la salud, en Argentina, cargan más de 60.000 contagios (4,3% del total), y 370 muertos. Durante la cuarentena el precario Sistema de Salud operó sin la red adecuada de contención que implica una centralización del mismo uniendo los recursos de la atención pública y privada valorizando la base de la pirámide, que es la Atención Primaria, en cuyos Centros de Atención, salitas de Atención Primaria, CESAC, los trabajadores de salud deberían tener protección y dispositivos de aislamiento adecuados.

El Decreto Nacional sobre licencias por comorbilidades del personal esencial (decreto 627/2020), que fue aplicado en la Provincia de Buenos Aires, no eximía de las tareas al personal sanitario con comorbilidades, menores de 60 años, salvo que éstas fueran graves, permitiendo licencias solo a los mayores de 60 años. El decreto sobre licencia de embarazadas y obesidad mórbida lo agregaron posteriormente tanto en Nación y como en Provincia.

Este decreto fue rechazado por las asociaciones gremiales de salud (CICOP, FESPROSA, ATE) que denunciaron que entre las víctimas estuvieron trabajadores que tendrían que haber sido licenciados al tener morbilidades.

En segundo lugar, el decreto 329/29 prohíbe despidos a pesar del cual se produjeron en sanidad y la causa de los mismos fueron protestas del personal. El decreto no fue respetado en todos los ámbitos de salud por lo que fueron licenciados y despedidos muchos delegados y trabajadores cuya reincorporación se logró con las protestas autoconvocadas.

Numerosos ejemplos: en el Hospital Gandulfo, falleció María Ester Ledesma enfermera de Pediatría, quien había pedido licencia por comorbilidad, y fue denegada. El Ministerio de Salud y las autoridades del Hospital, deslindaron responsabilidades (ANRed, 08/06). En el Hospital Durand falleció Julio Gutiérrez quien fue licenciado en forma tardía ya que presentaba comorbilidades (Télam, 23/06).

En el Hospital de San Isidro, falleció la enfermera Cristina Lorenzo por Covid-19, con 62 años, EPOC, hipertensión, con patología de cadera y columna (enfermedad laboral) no fue licenciada (ATE, Prensa 9/08/2020). En este caso la Junta Interna de ATE, había presentado una lista con todos los trabajadores que debían ser licenciados a la que los directivos del Hospital y el intendente Gustavo Posse no hicieron caso.

El sector privado estuvo afectado desde el principio, por cantidad de enfermos por Covid, muchos contagiados en el exterior que habían regresado de vacaciones, mientras que el Estado no realizó testeos necesarios para impedir los contagios que se dispersaron por el AMBA y posteriormente por todas las provincias.

Al no tomar prevenciones, los trabajadores de salud estuvieron expuestos en gran manera, sin EPP, sin Protocolo adecuado para atención, sin testeos en el personal ante los casos positivos de los pacientes. En todos los ámbitos de la salud, el personal fue escaso, sumando a la falta de insumos

habituales, los sanitizantes, elementos de protección, aislamientos necesarios en guardias, internación, sin contar con los aislamientos necesarios para los contactos externos cuyo contagio se reprodujo en demasía en los barrios populares.

Un gobierno improvisado

Esta crisis, sin manejo preventivo del Gobierno, desorganizado, con grave falta de recursos humanos y de insumos forzó a los trabajadores a prolongar horarios. Se improvisó en todo momento. El presupuesto para la salud, se mantuvo en 10.4% del PBI con recursos que extrajeron del Anses, para pagos excepcionales de bonos al personal de salud, un 10% de aumento con una inflación del 40%.

El 10 de junio, el gobierno provincial anunció un programa de sustentabilidad económica destinada a efectores de salud (sanatorios, y clínicas) para rescatarlos, dándoles $400 millones por mes. Los fondos son los que aportan los trabajadores estatales a la obra social IOMA que después de PAMI es la más numerosa en cantidad de afiliados, ya que es obligatoria. Las quejas de los afiliados se multiplicaron, como así por la mala atención que reciben habitualmente a pesar de los copagos que les exigen.

Kiciloff se ufana de haber ampliado las camas de UTI (de 883 a 2200), pero no revela que cada cama necesita varios profesionales altamente especializados. Los residentes son obligados a cumplir tareas asistenciales y responsabilidades ajenas a los derechos y funciones que especifica el Estatuto de la Residencia ya que el objetivo primordial es la formación y siempre deben estar supervisados por profesionales de planta que en general son insuficientes. Desde hace muchos años se observa el éxodo de los trabajadores desde el sector público al privado por los bajos salarios y la falta de nombramientos, generando un vaciamiento de la Salud Pública.

Autoconvocados

El movimiento de autoconvocados de enfermería en CABA significó un punto de inflexión, a partir de la cual se realizaron autoconvocatorias en Bariloche y Misiones. El 12 de noviembre, CICOP realiza una caravana en CABA junto al Garraham ante la no convocatoria a paritarias cuyo aumento de un 10% que había rechazado ATE como Cicop (Circular 45). Pero no convoca a una medida de fuerza para que se profundice la lucha. El 21 del mismo mes, enfermeras y enfermeros reclaman el reconocimiento profesional, salarial y laboral de la enfermería (Página 12, 21/11). Hubo paro en los hospitales, acampe en Plaza de Mayo. Luego de dos paros realizados en noviembre, el 16 de diciembre la Federación de Profesionales convocó a un paro de 36 horas que repercutió en 35 hospitales y 45 CESAC (Centros de atención comunitaria) y las 19 Unidades Febriles de Urgencia(UFUS).

El gobierno se niega a utilizar los recursos de los hospitales privados, cuyos profesionales escasean en el sector público, aunque fueron formados en el mismo. Acaba de acordar con las clínicas privadas una reducción de prestaciones. La crisis sanitaria que enfrentamos no tendrá solución bajo este orden político y social.

La apertura indiscriminada de empresas y fábricas produjo el contagio progresivo de muchos trabajadores, la falta de testeos y contagios en conglomerados urbanos, por falta de aislamiento social, contribuyó a que a pesar de la “cuarentena estricta” que se inició en el mes de marzo, el ingreso masivo de pacientes al sistema de salud, que rebasó aún con los esfuerzos máximos del siempre escaso personal de salud. Enfrentamos una situación potencialmente peor sin recursos ni políticas adecuadas.

Es urgente el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, contratación de personal bajo convenio, pase a planta, provisión de EPP, reconocimiento profesional de la carrera de Enfermería.

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