Tiempo de lectura: 3 minutos
Los últimos años han colocado a la jornada del día de la mujer trabajadora como un escenario central y multitudinario de movilización del movimiento de mujeres por sus reivindicaciones – desde la lucha contra los femicidios, el acoso patronal, la igualdad de salarios y condiciones especiales de trabajo, hasta el aborto legal. En su condición de primera movilización desde la asunción del gobierno de Fernández, enfrenta el desafío de plantarse contra la tentativa de liquidar las paritarias y las jubilaciones.
El aborto, el clero y Fernández
El oficialismo pretende levantar un dique de contención a la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo, que colocó a cientos de miles en las calles, mediante promesas de despenalización, como ha ocurrido desde la campaña electoral, y recientemente mediante una legalización condicionada, esto de acuerdo a versiones. Sin embargo, una despenalización que no garantice la asistencia adecuada, segura y gratuita a cada mujer que necesite abortar, no cambiará la realidad de las los abortos clandestinos y su tendal de víctimas fatales. De otro lado, una legalización que obligue a cumplir con normas previas de asistencia, con la finalidad de disuadir el aborto, es funcional al deseo del clero y la derecha de ganar un espacio político de intimidación, como ha ocurrido en tantísimos casos, y de agitación política. El derecho al aborto debe entenderse como incondicional, es decir, respetando la autonomía de la mujer. Después de todo, la lucha contra la opresión de la mujer arranca precisamente por el respeto incondicional a su autonomía
El gobierno de Fernández antes de avanzar con cualquier medida sobre el aborto buscará tener un acuerdo con la Iglesia porque es una pata fundamental de contención política, en un marco extremo de contradicciones de gobernabilidad. No sólo tenemos que defender que no hay posibilidad de acuerdo posible entre los intereses del movimiento de mujeres y una institución en la que está arraigada la opresión de mujeres y niños, sino también organizarnos contra un aparato fuertemente infiltrado en el Estado.
Una agenda
El ascenso inflacionario, la depreciación salarial, la desocupación, la falta de paritarias, entre otros, son factores que afectan profundamente a las trabajadoras. Si se calcula que la diferenciación salarial es del 19%, significa que al salario miserable que ya de por sí es percibido por cada trabajador, debemos restarle casi veinte puntos cuando se trata de las trabajadoras. De igual manera, prevalece una precarización laboral que se refleja en las limitaciones a las licencias por maternidad y paternidad, la ausencia de guarderías en los lugares de trabajo y el trabajo en negro. Empleos como la docencia o tareas domésticas, que son los concurridos mayoritariamente por mujeres, son los peores pagos – ambos con salarios mínimos por debajo de los 20 mil pesos.
Las burocracias tanto de los sindicatos como del movimiento de mujeres han cerrado filas con el gobierno de Fernández. El oficialismo ya se ha adelantado en sus intenciones de institucionalizar y el movimiento de mujeres, o sea aparatearlo, creando el Ministerio de la mujer, a cargo de Alcorta, del Frente Patria Grande. Pero el 8 de marzo tiene que servir para desenvolver un paro y movilización por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, el aumento salarial, a partir de un mínimo igual a la canasta familiar e indexado a la inflación, y por el derecho al trabajo.
El 8 de marzo de las trabajadoras
La única forma en que el movimiento de mujeres puede conquistar todas sus reivindicaciones es desarrollando su independencia respecto del Estado y las patronales, que usufructúan de su opresión. Desde hace años nos venimos movilizando bajo la consigna de "el Estado es responsable", debatiendo en asambleas los términos de las movilizaciones, los paros de mujeres, etc. Esto ha constituido un salto en el nivel de conciencia, construido a partir de la propia experiencia de las mujeres en su choque contra el Estado. Es cierto que la interpretación derechista de ese slogan, quiere imponer al estado como árbitro de nuestra lucha, o sea la estatización del movimiento.
Para desarrollar a fondo un programa que implique todas nuestras reivindicaciones, es claramente necesario impulsar asambleas en todos los lugares de trabajo y de estudio, que discutan y voten las medidas y reclamos específicos, y también un mandato para las asambleas que tienen que convocarse, como todos los años, a fin de organizar la movilización a Plaza de Mayo. La estructuración de un plan de lucha nacional para el movimiento de mujeres es la vía por la que tenemos que organizarnos por todos nuestros planteos.
