Barbieri, un Trump en la UBA

Escribe Fede Fernández

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Rectorado de la UBA ha anunciado sus pretensiones de sancionar al docente de la Facultad de Sociales, Julián Asiner y a los estudiantes de Exactas Manuel Vigil y Maria Cardillo. ¿La razón? Haber participado de una movilización convocada por los centros de estudiantes en rechazo al fraude cometido contra la FUBA en junio del 2018, donde las agrupaciones relacionadas a las autoridades y al gobierno trucharon delegados e intentaron arrebatar la Federación. Esa movilización fue violentamente reprimida, tanto afuera del rectorado por la Policía de la Ciudad como dentro del mismo por una patota bajo las órdenes del sindicato APUBA. La movilización continuó al día siguiente, con el saldo de otro estudiante de Sociales detenido.

Las sanciones del Rectorado son completamente arbitrarias. Ellos mismos, al señalar un perjuicio fiscal de 24 mil pesos, reconocen que “no han podido ser atribuidos en forma personal e individual a los sumariados”. No podrán hacerlo nunca, ya que hay videos que muestran cómo es que la patota -y no los estudiantes- protagoniza todos los destrozos, incluso valiéndose de matafuegos. La “violencia” que “repudia” el Rectorado no es la de las fuerzas de seguridad o de las patotas sino la organización de los estudiantes y de sus trabajadores, por un reclamo completamente legítimo. Las sanciones individualizadas en el marco de protestas colectivas es un atropello contra las libertades democráticas, ni hablar a la propia historia de la Universidad argentina, que fue fundada por esas movilizaciones.

El Rectorado, además, anuncia que “impulsará acciones judiciales correspondientes”. Esas acciones, en realidad, ya las viene impulsando aunque por el momento hayan fracasado todas. En la justicia no han podido probar ninguna de las causas que han abierto estos años contra la Federación Universitaria. En el sumario abierto, donde son juez y parte, pretenden sin sustento alguno, que las penalidades se efectivicen, prohibiendo el acceso a la Universidad por un mes a los estudiantes y por 5 días al docente.

Estas sanciones tienen que ser completamente rechazadas. Impulsaremos un petitorio exigiendo al Consejo Superior que revierta las mismas mientras convocamos a todo el movimiento estudiantil a pronunciarse y movilizarse en defensa propia.

Para firmar el petitorio, click aquí

Suscribite a Política Obrera